Aunque argumentaron que desconocen el contenido del acuerdo firmado, o los términos en que pretenden encarar esa “alianza comercial”, piden una vez más al Gobierno que respete el marco legal, la libre competencia y las inversiones en el sector en el país.

Solicitaron que se resguarden sus identidades por temor a represalias, atendiendo la visible persecución al sector por parte de este gobierno.

Aseguran que Horacio Cartes utiliza el tema de los combustibles con fines electoralistas y creen que detrás de este proyecto existiría un negocio particular con Evo Morales. Refieren que tampoco se explica el interés oculto de Bolivia, que en su propio mercado interno el público paga más caro por el gas en comparación con el precio que YPFB pretende vender a Petropar, con lo cual se acentúa la desconfianza sobre lo que existiría detrás de esta “operación comercial”. Preguntan ¿qué interés puede tener Bolivia para invertir US$ 10 millones en Paraguay y a cambio de qué?

Añaden que no hace mucho tiempo se descubrió el interés particular en el primer anillo del Jefe de Estado local en materia petrolera, siendo uno de ellos accionista de una firma que busca petróleo en el Chaco, por lo que no descartan que haya ahora algo parecido, además de otros negocios que pudieran existir de trasfondo en esta operación.

Estas mismas fuentes critican la insistencia del Gobierno de entregar el mercado local del gas a la estatal boliviana, interés que se observa desde el 2015, cuando presentó un pedido al Congreso de ratificación del acuerdo firmado con Bolivia.