El representante legal de doña Delia, Abog. Luis Ramírez Viveros, informó ayer sobre la denuncia presentada ante la Fiscalía de Ciudad del Este, en la que piden la investigación de quiénes son los responsables de este hecho que perjudica enormemente a su cliente, otra de las víctimas del “negocio” de los pozos del Indert.
Dijo que esta señora “a veces no tiene ni para su pasaje”, pero en la lista del ente agrario figura que le adjudicaron obras por más de G. 4.309 millones. De hecho, según los datos de la institución rural a los que accedimos a través del portal de Acceso a la Información Pública, la “empresa” a nombre de Delia es “Casa Giménez”, que figura entre las 10 más adjudicadas para la instalación de sistemas de agua potable en localidades del interior del país (ver infografía).
Modus operandi
En los papeles hicieron figurar que Casa Giménez fue adjudicada para la provisión de sistemas de agua en colonias de Concepción, San Pedro y Amambay. El Indert primeramente firmó convenio con la ONG “Ñepytyvõ” y esta a su vez subcontrató a la “constructora” de doña Delia. Para zafarse de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, el titular del Indert, Justo Cárdenas, utiliza el rubro 800 del Presupuesto y hace transferencias directas a ONGs.
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¿Cómo se percataron de los delitos denunciados? Ante esta pregunta, Ramírez señaló que para entender la historia debemos remontarnos a varios años atrás, cuando su representada quiso abrir una hamburguesería y a través de una contadora se inscribió en la Subsecretaría de Tributación. Según lo explicado, en vista de que esa actividad comercial no resultó, doña Delia dejó de declarar el IVA, aunque por ser una persona sencilla y de escasos recursos nunca se ocupó de cancelar su RUC.
La mujer “ganaba” millones y no lo sabía
Según el relato, la mujer se enteró de que estaba habiendo un millonario movimiento de dinero a su nombre el año pasado, cuando quiso volver a usar su RUC. Esta ciudadana tiene una hija con discapacidad, quien consiguió un empleo en el marco de un programa de Itaipú Binacional, donde le pidieron que presente factura. En ese momento quisieron usar el comprobante de su madre y los que iban a contratarle desistieron de hacerlo porque en los papeles la familia aparecía como millonaria, por los montos que estaba “ganando”. “Allí mi cliente se dio cuenta de que su RUC estaba generando movimiento por sumas multimillonarias. Había muchísimas facturas expedidas. Por culpa de eso su hija perdió el trabajo”, resaltó el abogado.
Posteriormente, doña Delia pidió ayuda jurídica y presentó la denuncia contra personas innominadas por producción de documentos, asociación criminal, declaración falsa, abuso de documento de identidad y otros. Fue ante la Unidad Penal N° 7, a cargo de Denise Duarte, de Ciudad del Este.
Otra sorpresa
Hace dos semanas el abogado Ramírez y su representada se llevaron una nueva sorpresa, cuando ABC publicó la lista de las diez “constructoras” más adjudicadas por el Indert a través de ONGs. Aparecía doña Delia, quien de nuevo negó haber recibido los millonarios fondos públicos. Aparentemente, la mafia de los pozos desde un inicio ha sido la responsable de usar su factura. Este es el segundo caso que salta a la luz sobre falsificación y delitos afines para la creación de empresas fantasmas, cuyos nombres están siendo utilizados por inescrupulosos para acceder a recursos del ente agrario.
El primer caso fue el de Teresa Dolores Rotela Ortiz, quien denunció la creación de una firma a su nombre, sin su consentimiento, que figura en la lista de “constructoras”. La supuesta responsable de este caso, en connivencia con el instituto, sería Patricia Karina Ozorio, presidenta de la Fundación Reseda Poty, una de las ONGs que gestionan pozos.
¿Quiénes se están quedando con los fondos? cabe preguntarnos en este escenario. Son políticos, amigos del Gobierno y, según datos no oficiales, también serían autoridades del Indert.
ONG fue rechazada
La ONG Ñepytyvõ intentó trabajar con el Indert en el año 2014, pero tras denuncias periodísticas sobre aparentes maniobras irregulares para acceder a los fondos públicos, eso quedó cancelado. Llamativamente, en 2015, la aceptaron para que gestione obras por sumas millonarias.
La organización fue creada en Coronel Oviedo en 2012, según los documentos de constitución, y su presidente es un tal Hilarión Aguilar Mercado.
gbenitez@abc.com.py