Pereyra trabaja en la petrolera desde 1998 y hace cuatro años fue demandado por un particular por un caso relacionado a la venta de una camioneta y condenado por la justicia, aunque aún no hay sentencia firme. La ley de la Función Pública en su artículo 42 indica que si el funcionario fuese imputado por un hecho punible, debe ser apartado del cargo mientras dure el proceso.
Según Álvarez, la administración actual, de Eddie Jara, estaba en conocimiento del caso pero no sabía la magnitud. Agregó que tras la publicación de este diario se interiorizaron mejor y se determinó suspender al trabajador, como dice la ley.
Al ser consultado qué implica esa determinación, respondió que básicamente no irá a trabajar, aunque reconoció que aún no se habló si será con o sin goce de sueldo, porque la ley no habla al respecto.
Insistido sobre el tema, señaló que van a analizarlo con el equipo jurídico y con el presidente, quien se encuentra de viaje en los Estados Unidos en un emprendimiento denominado “Semana del Petróleo”. Añadió que en general, cuando suspenden a un funcionario a través de un sumario administrativo, lo hacen con goce de sueldo, pero con el salario base. Pereyra tiene un ingreso básico de G. 6,7 millones y el global trepa a los G. 11.740.398.
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A su vez, Oddone señaló que no contar con Pereyra afectará a Petropar, porque es una persona que está trabajando mucho. Aclaró que no existe ninguna queja contra el funcionario, pero que en este caso, se determinó respetar lo que dice la ley.