Mediante una modificación del artículo 239 de la Ley 2.421/2004 proponen destinar parte de estos cobros extras a contribuyentes por multas de defraudación (30%) para cubrir necesidades en salud y educación. El proyecto liderado por el diputado Óscar Tuma tuvo entrada el pasado lunes 31 de octubre.
En sus argumentos, el diputado cuestionó la disposición legal que permite a los funcionarios de la SET repartirse el 50% de las penalidades cobradas por casos de defraudación de impuestos al fisco. Aunque el texto propuesto que consta de tres artículos no menciona la exclusión de este beneficio taxativamente.
Alegó que el articulado 239 de la Ley 2.421/2004 ya cumplió la función que se esperaba para esa época cuando se introdujo la adecuación fiscal que supuso varios cambios operativos y ya que no se contaba con todos los avances tecnológicos con los que se cuentan actualmente.
“Hoy la informatización de la Administración Tributaria es una realidad. Se cumplió con la adecuación fiscal, motivo por el cual se justifica plenamente la modificación del artículo en cuestión”, señala parte de los argumentos del proyecto legislativo.
Cabe señalar que a inicios del mes pasado también tuvo entrada en Diputados un primer proyecto para modificar el mismo artículo, pero que hasta el momento no ha sido incluido en la agenda legislativa, ni cuenta con dictamen de comisiones asesoras.
En el citado documento, el diputado colorado Éber Ovelar propuso excluir a los funcionarios de la calidad de denunciantes, y por ende de la posibilidad de cobrar por ello, dejando en efecto al igual que el texto original (Ley 125/91). Además plantea que el 50% de los ingresos por estas sanciones se destine a Rentas Generales para recategorización de los funcionarios de la Administración Tributaria.
Prosigue distribución
Pese a los intentos legislativos, además de una auditoría de la Controlaría en curso, la distribución de multas en Tributación persiste y sigue beneficiando en mayor proporción a la viceministra Marta González y a un grupo selecto de funcionarios.
En lo que va de este año, la viceministra González percibió G. 179 millones en concepto de multas y más de G. 500 millones desde abril de 2015, cuando se introdujeron cambios en la normativa que le permitió incluirse entre los beneficiarios de los cobros extras. La participación de multas a funcionarios de la SET llegaría a US$ 4 millones a fines de este año, y están previstos unos US$ 7,1 millones en el presupuesto del próximo año.