El martes último, el Instituto de Desenvolvimiento Económico y Social de Frontera (Idesf) de Brasil presentó en Foz de Yguazú el informe titulado “El costo del contrabando”. Las alarmantes cifras de este estudio despertaron el interés de las autoridades brasileñas y de los grupos industriales, que decidieron declarar el 3 de marzo como el “día nacional de combate al contrabando”.
También lanzaron en la ocasión un plan de apoyo interistitucional que involucra a todas las entidades gubernamentales del Brasil (estaduales y federales), policiales (federales, rodoviarios, etc.) y de la Receita, así como de grupos industriales y empresariales brasileños, con la poderosa Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) a la cabeza.
Solo el contrabando de cigarrillo paraguayo significó unos 4.700 millones de reales (G. 6.700 millones) en impuestos evadidos a el Estado brasileño, consigna el estudio, y que unas 15.000 familias de Foz y Ciudad del Este dependen de esta ilegalidad.
De acuerdo con el trabajo del instituto, en 2014 fueron robados en la zona de Foz y CDE 172 vehículos. De esta cantidad, 123 fueron utilizaron para el tráfico ilegal de cigarrillos.
El esquema del contrabando, según este estudio, está diseñado para la violencia: se roban automóviles para traficar cigarrillos y, muchas veces, esto genera enfrentamientos entre policías de frontera. Igualmente, el índice de asesinatos aumenta cada año, que en un 80% se relaciona con el contrabando.
Mientras Brasil toma en serio la situación que se presenta con el contrabando, en nuestro país hasta ahora los sectores público y privado no logran ponerse de acuerdo para organizar una agenda de trabajo eficiente para evitar el ingreso ilegal de productos a nuestro país.