En la operación anterior estuvo involucrada la empresa Loma Verde SA, que forma parte de Jardín de la Paz, una firma privada de sepelios que adquirió hace como siete años el citado cementerio.
Este cementerio, a su vez, fue producto de un feroz negociado que, con el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso y el edificio Coomecipar II, provocaron en su momento la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT).
El negociado fue impulsado (entre 1993/95, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy) por cuestionados sindicalistas, como Alan Flores y el empresario correntino José Carmona, con el apoyo incondicional del entonces titular de la entidad bancaria, Édgar Cataldi, quien a la sazón también era muy amigo del senador Juan Carlos Galaverna.
Como el IPS era el mayor depositante del desaparecido banco, se quedó con estos “clavos” y también con el cementerio. No obstante, en el 2009 acordó la venta del “camposanto” a Loma Verde SA, por G. 17.100 millones, pagaderos en 10 años, más dos de gracia, y con garantía hipotecaria.
En marzo de 2013 la compradora planteó un concurso de acreedores, que no afecta al cementerio debido a que la garantía hipotecaria lo excluye del concurso, puesto que el IPS es acreedor privilegiado. Sin embargo, según nuestras fuentes, desde la compra hasta la fecha la compradora no habría abonado una sola cuota y tampoco el IPS ha accionado en tiempo y forma contra la empresa, que siguieron vendiendo las unidades, sin pagar la deuda.
Así las cosas, siete años después, desde noviembre último, Loma Verde-Jardín de la Paz estaría tratando de llegar a un nuevo “acuerdo” con el IPS para el pago de la deuda en un plazo de 10 años más, pero con la particularidad de que la deudora habría planteado vender “abonos de sepelio” a los 16.000 funcionarios de la previsional y a sus 33.000 jubilados, que se descontarían directamente de sus salarios mensuales.
“Negocio” redondo
Con esta suscripción de “abonos” Loma Verde SA y/o Jardín de la Paz, que además es propietaria de Compañía General de Servicios (CGS) y del Sistema Integral de Servicios (SIS), pagaría al Instituto G. 130 millones mensuales, en 10 años. Es decir, de ser un deudor moroso –que según los datos debió ser demandado–, ahora pide tener a su disposición un nuevo mercado de 50.000 personas, que comprando los “abonos de sepelio” por solo G. 20.000 mensuales (monto estimativo) recibirá un ingreso mensual de G. 1.000 millones, con lo que lograría un “negocio” redondo.
O sea, la empresa va a tener 10 años para “cancelar” su deuda y en 17 meses recuperaría todo, a través de los propios funcionarios y jubilados del IPS, en concepto de venta de “abonos de sepelio”.
Según datos comerciales, la directiva de Loma Verde SA está conformada por Lázaro Eleuterio González Giménez (presidente), César Marcelo Di Giuseppe (vicepresidente), Aníbal Rotela Cristaldo (director titular), Arnaldo García (director titular), Nelson Arce (síndico titular) y Ramiro Espínola (síndico suplente).
Bajo análisis
Consultado sobre el tema, el presidente del IPS, doctor Benigno López, explicó que tiene conocimiento de que la empresa deudora planteó la reestructuración de su deuda, que está siendo analizada por el Instituto.
Al ser preguntado en qué consiste la reestructuración, López manifestó que no está al tanto de los detalles de la propuesta, aunque ordenó que se analice el planteamiento. “Veremos qué dicen los informes. Además, no lo hemos discutido aún en Consejo, al menos estando yo presente”, completó.