El Infona, cuyo presidente es el Ing. Rolando de Barros Barreto, adjudicó a las firmas Engineering SA y Tereré SA la adquisición de oficinas móviles por un monto total de G. 1.799.800.000, en forma presuntamente amañada, fraudulenta e ilegal, según la denuncia presentada en la Dirección de Contrataciones Públicas por la industria
Cabipal Metalmek, informó su representante, Marcio Schussmuller. El empresario llegó a nuestra Redacción acompañado del presidente del Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME), Ramiro Vargas Peña, quien también calificó de injusta la adjudicación.
Schussmuller destacó que la industria Cabipal Metalmek posee más de 40 años de experiencia especializada en la fabricación de módulos rodantes y estáticos y que es proveedora de empresas privadas e instituciones públicas, mientras que la compañía que fue adjudicada, Engineering SA y Tereré SA no tienen experiencia alguna en la fabricación del rubro específico exigido.
Lamentó que para direccionar la adjudicación, entre varias maniobras, el Infona exigió indebidamente la norma ISO 9001/2008, que se refiere a gestiones administrativas y organización interna y no es un sistema de calidad industrial productiva que garantice la ingeniería de proceso y de producto final, como son las normas nacionales INTN, brasileñas ABNT y otras normalmente utilizadas.
“Pidieron la ISO 9001/08, que es una suerte de elefante rosado, que justo tenía la firma a la que se quería direccionar la licitación, que benefició a la oferta 23% más cara”, denunció Schussmuller.
Pasó a otro ámbito
Por su parte, el jefe de Gabinete de la Presidencia del Infona, Nelson Caballero, aseguró que el proceso licitatorio fue absolutamente transparente y lamenta que Schussmuller acuse de fraude porque él no cuestionó en el tiempo establecido los puntos del pliego de bases y condiciones que hoy refiere para argumentar su acusación tras perder. Indicó que con la protesta del citado industrial, el problema pasó a otro ámbito, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, institución que actuará de juez para definir sobre la adjudicación.