Pruebas sobran, pero aún no hay un solo imputado por saqueo de tierra

A pesar de contar con pruebas documentales y de que las declaraciones testificales indican que hubo delito ambiental en la extracción de tierra del aeropuerto Silvio Pettirossi, el fiscal que investiga el caso, Carlos Rojas, aún no se animó a realizar una sola imputación. Según dijo a ABC, aguarda un informe técnico de la Dirección Ambiental del Ministerio Público.

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Se verificó que hubo una enorme intervención en el recurso natural (suelo) sin contar con evaluación de impacto ambiental y sin siquiera tener medidas de mitigación. Todo para extraer “contra viento y marea” la tierra del aeropuerto, prácticamente gratis, para rellenar el terraplén de la autopista Ñu Guasu.

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), que impulsó las obras en el aeropuerto, es acusada por la misma Secretaría del Ambiente (Seam) de no haberse enmarcado en el permiso ambiental obtenido. Por ese motivo, Seam ordenó la suspensión de los trabajos.

Es decir, Dinac no tenía permiso del organismo competente para realizar los enormes fosos que finalmente se construyeron, supuestamente para desviar el arroyo Itay y con eso “proteger la pista” de inundaciones. Aunque este argumento ya fue ampliamente rebatido, ya que los mismos documentos de la Aeronáutica Civil revelan que en realidad el principal problema es el agua de lluvia que se acumula en la pista, por la falta de desagüe pluvial hacia el este.

Si bien hay contradicciones entre Seam y Dinac, que todo el tiempo “se pasan la pelota” para evadir responsabilidades, los documentos internos de estas instituciones revelan la connivencia entre ambas.

Incluso, la idea de apelar al artículo 9 de la Ley 294 para eximir de la Evaluación de Impacto Ambiental surgió de los propios técnicos de Seam y, por supuesto, la idea fue bien recibida por las autoridades de Dinac.

Una larga lista de funcionarios públicos, asesores y empresarios conforma la nómina de los presuntos involucrados en el saqueo de tierra del Silvio Pettirossi (ver infografía), que se hizo a pocos metros de numerosas viviendas, poniendo en serio riesgo a los pobladores.

Cada uno de estos funcionarios fueron llamados a prestar declaración testifical ante la Fiscalía del Ambiente y todos simplemente se lavaron las manos, aunque ninguno puede negar participación, ya que los documentos los involucran.

Incluso, el argumento de que las obras obedecen a una cuestión de “defensa nacional” por encontrarse en el predio del aeropuerto, que es propiedad de la Fuerza Aérea, fue refutado. La Comuna de Roque Alonso tomó intervención tras la publicación de nuestro diario, pues la zona de obras figura en sus planos como terreno municipal.

El artículo 4° de la Ley Nº 716/95, que sanciona delitos contra el ambiente, prevé como para este tipo de hechos penas de cárcel de tres a ocho años, o multa de 500 a 2.000 jornales mínimos legales. Es para “los que realicen obras hidráulicas tales como la canalización, desecación, represamiento o cualquier otra que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de los humedales, sin autorización expresa de la autoridad competente y los que atenten contra los mecanismos de control de aguas o los destruyan”.

Parece todo muy claro, pero la fiscalía aún espera.

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