El instituto rural había adjudicado a decenas de ONGs la construcción de estas obras, por más de US$ 20 millones. Estos organismos, a su vez, subcontrataron a empresas “constructoras” que pertenecen a políticos y amigos del Gobierno, según corroboraron las investigaciones periodísticas.
“La verificación se realiza en base al reglamento aprobado, utilizándose para el efecto un Formulario de Verificación de Obras y la presentación de Declaración Jurada de la ONG y la constructora ante Escribanía, del cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y del convenio suscripto”, señala la misiva. Sin embargo, fuentes internas de la institución ponen en duda la rigurosidad de estas recepciones.