Esta causa se inició a partir de una imputación de la fiscala Alba Delvalle, que además de los exministros citados, afectó también a otros 42 funcionarios, entre los cuales se encontraban exviceministros, exfuncionarios y asesores de la citada cartera de Estado, a los que se les procesó por supuestas estafa, lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y producción de documentos no auténticos.

Según la imputación, en los años 2009, 2010, 2012 y 2013 se contrataron profesionales con perfil técnico, que si bien cobraron honorarios, no habrían prestado servicio alguno a la institución.

“Esta representación coincide con el criterio expuesto por la agente fiscal inferior (Nadine Portillo), en el sentido de que, con relación a la hipótesis inicial, existe falta de certeza y al respecto, no existe la posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos que permitan fundar una eventual acusación”, argumentó el fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Federico Espinoza.

“La investigación permitió demostrar que todas las personas que fueron contratadas prestaron servicios y por esa razón, la Fiscalía solicitó su desvinculación del caso y el sobreseimiento definitivo”, explicó el abogado José Domingo Almada, quien defiende a Heisecke en forma conjunta con el abogado Carmelo Caballero.