Actualmente obra en la Cámara de Diputados, para su estudio, el proyecto de modificación del Art. 2º, de la Ley 4427/12, que fue creada para promocionar el ensamble y/o fabricación de productos de alta tecnología y taxativamente electrónica, informática y telecomunicaciones.
Ambas entidades privadas alertan que la misma es “innecesariamente generosa” con incentivos fiscales y que además otorga a todo producto objeto de la misma un margen de preferencia del 40% para todas las ventas al Estado paraguayo, el mayor comprador de bienes y servicios del país.
Al respecto, el presidente del Centro de Importadores, Ing. Ricardo Carrizosa, advirtió que de aprobarse este proyecto de ley, el Estado paraguayo estará obligado a pagar hasta un 40% más (caro) por los productos ensamblados localmente y que perderá la opción de adquirir productos importados con mejor tecnología y prestaciones. “El Estado paraguayo quedaría cautivo de los productos ensamblados bajo el amparo de este proyecto de ley”, acotó.
A su turno, el empresario Nicolás González Oddone, alto ejecutivo de la firma NGO SAECA, alertó que de prosperar este proyecto de ley, el Estado paraguayo dejará de percibir alrededor de US$ 21 millones, porque los productos que este proyecto pretende beneficiar con sus “excesivos y generosos incentivos” son muy numerosos. “Es decir, toda la amplia gama de electrodomésticos y productos electromecánicos, cuya actual importación aporta al fisco fuertes ingresos en varios conceptos: aranceles aduaneros, IVA 10%, selectivo al consumo y, por supuesto, el 10% del impuesto a la renta. La pérdida de estos ingresos no permitirá al Gobierno nacional atender sus múltiples necesidades de salud, educación, vivienda accesible, infraestructura, salarios acordes con el costo de vida para los funcionarios públicos, etc.”, enfatizó.
Subsidio, sin plazo
Por su parte, el asesor tributario de ambas entidades privadas, Óscar Rojas Insaurralde, advirtió que lo más pernicioso del proyecto de ley es que no establece un plazo de finalización del subsidio; lo que equivale a que el sector ensamblador beneficiario necesitará “por siempre” del subsidio para ser competitivo, lo que generará gravísimos perjuicios para el Estado y el sector comercial importador. Al criticar el proyecto, el técnico afirmó que las de incentivos existentes son “más que suficientes”.
Se advirtió, asimismo, que llegado el momento el Gobierno, al no poder llevar a cabo sus políticas, se varía ante la necesidad de aumentar impuestos a otros sectores de la población para reemplazar los subsidios que este proyecto de ley otorgaría a los ensambladores. Alertan que esto generaría un inequidad impositiva y un grave perjuicio a todos los demás sectores de nuestra sociedad, como industrias no subsidiadas, comercio, servicios, empresas agroganaderas y exportadoras, etc.
Resultados casi nulos
El CIP y la CNCSP alertan que la actividad del ensamblado, tal como está prevista en nuestra legislación, lucra y crece, no precisamente sobre la base a una sana política de eficiencia y competitividad, sino solo al costo de grandes subsidios. Menciona el ejemplo de los beneficios concedidos por el Régimen Automotor Nacional, para el ensamblaje de motos. Señalan que estos ensambladores dejaron de abonar al fisco solo en concepto del IVA e Iracis una suma superior a US$ 86 millones, sin contar los aranceles aduaneros no abonados por las partes y piezas de más de un millón de motocicletas ensambladas en Paraguay, con contraprestaciones prácticamente nulas.