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El Poder Ejecutivo cree que la ley de asociación público-privada (APP) “será clave” para saldar la “eterna deuda del Paraguay con su infraestructura para los próximos 10 años, manifestó el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, al referirse a la citada legislación, que ha generado polémica en las últimas semanas.
Indicó que es una herramienta que se suma a la solución que el Estado necesita, considerando que en países como Perú y Chile generó inversiones en torno a los US$ 20.000 millones, y que en Paraguay podría significar el avance de los apenas 4.200 kilómetros de caminos asfaltados. El Gobierno cree que la ley de APP, aparte de incentivar la inversión privada, ayudará a mantener la calidad de la infraestructura, en caso de que el Estado deje en manos del privado la ejecución y operación de las obras.
Sobre el punto, el coordinador del Plan Maestro de Transporte y Plan Maestro de Logística, y titular de la novel Asociación Paraguaya de Logística, ingeniero Roberto Salinas, afirmó que la ley de APP es una “pieza imprescindible” en el plan de mejoramiento estructural del país.
Sin embargo, advirtió que para aprovechar este nuevo esquema se deberá prever anticipadamente un sistema institucional con técnicos que vayan reestructurando planes programados para su aplicación. “El Estado no pierde el trato directo con el usuario, asume los riesgos de la demanda y se blindan sus intereses como el del sector privado. Esa esencia es la que vuelve atractiva la ley para el impulso de las inversiones”, afirmó.
En cuanto a los beneficios de la ley, señaló que genera condiciones más seguras para que el inversionista decida poner el capital. Acotó que el Estado tiene plazos que le permiten elegir de dónde sacará los recursos para ir pagando al privado, que lo hará una vez que la obra opere, por lo que el esquema genera mayor velocidad de entrega de los proyectos. “No hay que olvidar un aspecto clave que no se está comentando. El Estado, a través del Parlamento, será el que tendrá mayor injerencia en el control del proceso de los proyectos”, refirió Salinas, al referir que la herramienta APP es un mecanismo eficaz de inversión estructuralmente blindado.
Añadió que se requerirá de un fondo de garantías como aval de que el Estado cumplirá con sus compromisos, pero esa caja estará constituida por ley, a través del Parlamento.