Viceministra de Tributación viola código de ética al ser juez y parte

Marta González Ayala, viceministra de Tributación, viola abiertamente principios establecidos en el código de ética redactado por organizaciones internacionales de la profesión contable. La funcionaria pública es a la vez propietaria de una firma proveedora del Estado cuyo trabajo debe ser supervisado por la entidad que encabeza.

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Marta González Ayala no solo es titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), sino que al mismo tiempo sigue como dueña de la empresa Auditores, Contadores & Consultores (Audicon), firma que ella creó y se dedica a la auditoría contable e impositiva, cuyo trabajo debe ser fiscalizado por la entidad que ella encabeza.

En defensa de González, quien ha decidido llamarse a silencio en las últimas semanas, su marido y socio comercial, Jacinto Santa María, insiste en que la viceministra se ha alejado de la gestión de la firma; sin embargo, al continuar como dueña todavía recibe parte del dinero que factura Audicon con el Estado.

Esta situación no solo representa un marcado conflicto de intereses, sino que también representa por lo menos la inobservancia del código de ética de la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés), que es la organización mundial de la profesión contable.

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De acuerdo al sitio web de Audicon, la firma se rige por los estándares de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), que a su vez está vinculada a IFAC.

En la sección 290 del código de ética de la IFAC, la organización internacional señala una serie de puntos en las que las relaciones comerciales, personales y familiares podrían afectar al trabajo de los auditores o contadores.

“Las relaciones familiares y personales entre un miembro del equipo de auditoría y un administrador o directivo o determinados empleados (dependiendo de su puesto) del cliente de auditoría pueden originar amenazas de interés propio, de familiaridad o de intimidación”, señala parte del documento.

González Ayala es actualmente la cabeza de la entidad estatal que debe fiscalizar y aprobar (o rechazar) las auditorías realizadas por Audicon, firma de la que ella es propietaria y en la que su esposo, Jacinto Santa María, sigue como uno de los principales directivos.

En otro apartado, la organización internacional señala: “Se originan amenazas en relación con la independencia cuando un miembro de la familia inmediata de un miembro del equipo es un empleado del cliente con un puesto que le permite ejercer una influencia significativa sobre la situación financiera, los resultados o los flujos de efectivo del cliente”.

De acuerdo a los propios términos de la IFAC, cuando existen relaciones tan estrechas, las amenazas a la independencia al trabajo son tan altas que solo se pueden reducir a un nivel aceptable retirando a dicha persona del equipo de auditoría. “La relación es tan estrecha que ninguna otra salvaguarda puede reducir la amenaza a un nivel aceptable”, afirma tajante.

González no solo es juez y parte, sino que incluso llevó a su esposo y socio comercial como asesor dentro de la SET, lo que le habría permitido hasta tener acceso a información privilegiada. Santa María la acompañó hasta a reuniones con autoridades extranjeras, aunque se defiende asegurando que eran encuentros meramente protocolares.

Llamativo aumento

Curiosamente, desde que González llegó a la SET, la empresa a la que sigue vinculada comercialmente experimentó un crecimiento en cuanto a contratos y facturaciones con entidades estatales.

En 2014, González firmó un cambio de reglas para el registro de auditores impositivos que terminó beneficiando a su empresa, al reducir el número de competidores.

juan.lezcano@abc.com.py

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