No se conoce a la “madre del borrego” en el Acta Bilateral

La funesta Acta Bilateral, que estuvo a punto de entregar nuevamente porciones de los intereses paraguayos en el emprendimiento binacional de Itaipú, hasta ahora no tiene padre. Todos se tiran la pelota, y no hay visos de que las investigaciones de la Comisión Bicameral (CBI) y de la Fiscalía arrojen algún resultado. Será otro caso más que demostrará que en el Paraguay “hay delito pero no delincuentes”, como se dice. Está visto que nadie quiere cargar con el muerto, es decir, nadie quiere hacerse responsable de haber contribuido a perpetrar la entreguista acta, tanto que hasta se diría que fue el resultado de una sobrenatural intervención diabólica. Todos se hacen los desentendidos. No se conoce a la madre del borrego. Así como van las cosas, todo hace suponer que nadie terminará siendo imputado por el Ministerio Público y que la CBI emitirá un dictamen inocuo, del que no se desprenderá quién o quiénes fueron los culpables de la aberrante Acta Bilateral. Un pésimo precedente de cara a cruciales negociaciones en torno al Anexo C del Tratado en 2023.

La funesta Acta Bilateral, que estuvo a punto de entregar nuevamente porciones de los intereses paraguayos en el emprendimiento binacional de Itaipú, hasta ahora no tiene padre. Todos se tiran la pelota, y no hay visos de que las investigaciones de la comisión bicameral (CBI) y de la Fiscalía arrojen algún resultado. Será otro caso más que demostrará que en el Paraguay “hay delito pero no delincuentes”, como se dice. Sin embargo, el tremendo ruido que generó sirvió de mucho para opacar algunos casos que involucran a importantes personajes políticos y gubernamentales averiados, que tienen así mayor margen de maniobra para buscar la impunidad.

Está visto que nadie quiere cargar con el muerto, es decir, nadie quiere hacerse responsable de haber contribuido a perpetrar la entreguista Acta Bilateral, tanto que hasta se diría que fue el resultado de una sobrenatural intervención diabólica. La única excepción sería el “abogado” José Rodríguez González, alias Joselo, porque asumió que mintió al afirmar haber invocado en forma indebida al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y al presidente Mario Abdo Benítez. O sea que el único que cargó con algo de culpa se sacrificó para salvar a su jefe, cuya presunta decisiva participación en el esperpento ha quedado olvidada. Como él, los demás implicados han tenido a bien lavarse las manos en cascada sobre las espaldas del otro. El Presidente de la República señaló al excanciller Luis Castiglioni, quien apuntó al exembajador Hugo Saguier Caballero, quien le devolvió el fardo y se descargó a la vez en el exasesor de la Cancillería Alcides Jiménez, y en el exdirector técnico de Itaipú Binacional José Sánchez Tillería, quien terminó acusando a los anteriores. Ahora solo falta que Jiménez señale a su propio chivo expiatorio para que la ciudadanía tenga un panorama completo de lo ocurrido tras bambalinas, aunque no debe excluirse que el último inculpado saque de la galera un eslabón más de la grotesca cadena.

Habrá que ver si el Ministerio Público es capaz de desentrañar el intríngulis, para identificar a los autores, cómplices y encubridores de un eventual hecho punible. Entre otras cosas, tendrá que hurgar en la “negociación paralela” sobre la venta de energía de la ANDE a la empresa brasileña Léros Comercializadora. Por de pronto, resulta claro que se ha venido mintiendo a mansalva y que el Gobierno ha obrado con una torpeza increíble, en el mejor de los casos. Es como para ponerse a temblar considerando que la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú está muy cerca. Según esta deplorable experiencia, si no se incurre en una traición deliberada, habrá una manifiesta ineptitud, propia de aficionados en la materia. El acuerdo al que se arribe ¿será mal traducido de un documento impuesto en portugués, empleando una expresión como “energía vinculada”, en vez de “garantizada”? Que se haya llegado a tal extremo en el Acta Bilateral implicó una sumisión vergonzosa, sin precedentes en nuestros anales diplomáticos.

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En verdad, es comprensible que nadie quiera hacerse responsable de tal engendro, pero el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no puede rehuir su responsabilidad política. Al fin y al cabo, tiene el deber y la atribución de “dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la República”, según el art. 238, inc. 7, de la Constitución. Tras defender el Acta Bilateral, hizo una suerte de mea culpa en el Palacio de López, rodeado de los legisladores abdistas Miguel Cuevas, Ulises Quintana, Silvio Ovelar y Juan Carlos Galaverna, entre otros. Los cartistas aparecieron después, en el Congreso, para salvarlo del correspondiente juicio político, lo mismo que a Hugo Velázquez y al ministro de Hacienda, Benigno López, quien también habría intervenido en el escándalo. Primero se dijo que convenía esperar los resultados de la CBI antes de iniciar el procedimiento, pero como las negociaciones abdo-cartistas resultaron más fluidas de lo previsto, la Cámara Baja resolvió ya el 20 de agosto dar un carpetazo al asunto. Se llegó así a un pacto que puso al Jefe de Estado en manos de su antecesor, hoy virtual cogobernante, por haberle sacado las castañas del fuego.

El documento suscrito en Brasilia el 24 de mayo tuvo, pues, una importante consecuencia política, cuyos efectos se han reflejado, por ejemplo, en el permiso otorgado al senador Rodolfo Friedmann (ANR) para ocupar una cartera de la que ignora todo. Puede esperarse así que, hasta 2023, el jefe formal del Poder Ejecutivo esté sometido a un chantaje constante.

Nadie quiere admitir haber sido el responsable del nefasto documento finalmente abortado. Ahora todos se hacen los desentendidos. No se conoce a la “madre del borrego”. Es cierto que Castiglioni, Saguier Caballero, Jiménez, Sánchez Tillería, Mónica Pérez y José Alberto Alderete, exdirector de Itaipú Binacional, perdieron sus respectivos puestos, pero allí habrían continuado si el ingeniero Pedro Ferreira y el ingeniero Fabián Cáceres no hubiesen tenido la decencia de sacar a la luz el atentado contra el interés nacional ni renunciado a la presidencia y a la gerencia técnica de la empresa estatal, respectivamente. Le hicieron un gran favor al país, pues si no hubiera sido por ellos, la opinión pública no se habría enterado a tiempo de nada. Todo se manejó en secreto porque había mucho que ocultar.

Así como van las cosas, todo hace suponer que nadie terminará siendo imputado por el Ministerio Público y que la CBI emitirá un dictamen inocuo, del que no se desprenderá quién o quiénes fueron los culpables de la aberrante Acta Bilateral. Un pésimo precedente de cara a cruciales negociaciones en torno al Anexo C del Tratado en 2023. Los ciudadanos y las ciudadanas deben estar con las antenas bien paradas y prestos para no permitir nuevas entregas de la soberanía nacional.

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