Que el drama del coronavirus no produzca nuevos ricos

El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, creyó necesario pedir a la industria farmacéutica que ofrezca sus productos a un precio “razonable“, es decir, que no aproveche la crisis sanitaria para aumentar notablemente sus márgenes de ganancia. Es presumible que su llamado haya respondido a que, al menos hasta entonces, la resolución ministerial del 13 de marzo estaba siendo ignorada por los sujetos obligados. Ella fijó precios máximos para guantes, tapabocas y alcohol en gel, de cuya observancia se encargaría la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Un día antes, la Cámara de Farmacias Paraguayas denunció que los proveedores de insumos habían subido los precios en forma exagerada, en tanto que el jefe de la Dirección de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, señaló que en algunos sitios el costo de los tapabocas y del alcohol en gel había aumentado en un 1.000%. Nadie debe sacar partido del coronavirus, así que es preciso que las personas de bien, actuando en defensa propia y del interés general, denuncien con nombres y apellidos a los canallas que detecten. Más que nunca, combatir el sabotaje contra la salud pública se ha vuelto una cuestión de vida o muerte.

El último jueves, el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, creyó necesario pedir a la industria farmacéutica que ofrezca sus productos a un precio “razonable”, es decir, que no aproveche la crisis sanitaria para aumentar notablemente sus márgenes de ganancia. Es presumible que su llamado haya respondido a que, al menos hasta entonces, la resolución ministerial del 13 de marzo estaba siendo ignorada por los sujetos obligados. Ella fijó precios máximos para guantes, tapabocas y alcohol en gel, de cuya observancia se encargaría la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Un día antes, la Cámara de Farmacias Paraguayas denunció que los proveedores de insumos habían subido los precios en forma exagerada, en tanto que el jefe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, señaló que en algunos sitios el costo de los tapabocas y del alcohol en gel había aumentado en un 1.000%; también pidió a las entidades públicas que tienen que proteger del contagio a su personal que den cuenta de los abusos al órgano que él encabeza, para “activar los protocolos”, en comunicación con la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco). El 11 de marzo, esta dependencia había instado a los proveedores a “mantener precios razonables”, advirtiendo que, de lo contrario, exigiría los documentos justificativos.

Valgan estos antecedentes para ilustrar que no se está impidiendo la repugnante codicia desatada tanto contra la salud pública como contra la norma constitucional que prohíbe el “alza artificial de precios”. El ministro Mazzoleni debería saber que la resolución que dictó es imperativa y que, por tanto, lo que corresponde es que la haga cumplir, pese a quien pese. El acto administrativo que dictó fue una orden, cuyo desacato debe conllevar una pena y no su conversión en un simple pedido. La dramática situación justifica la contratación directa de acuerdo a la Ley Nº 2051/03, de modo que la DNCP, la Contraloría General de la República y, eventualmente, el Ministerio Público deben prestar mucha atención a cada uno de los procedimientos para frustrar o perseguir la colusión entre funcionarios corruptos y proveedores sinvergüenzas. En cuanto a la Sedeco, que estaría monitoreando los precios desde fines de febrero, es probable que a la ciudadanía le interese saber si, tal como había anunciado, exigió a cada uno de los autores de los “aumentos desproporcionados” una información con carácter de declaración jurada. No sería raro que, también esta vez, los órganos estatales intervinientes se laven las manos o se pasen la pelota, atribuyendo el descontrol a otras instancias.

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A propósito, habrá que asegurarse de que los kits de alimentos y productos de higiene lleguen en verdad a los trabajadores afectados por las restricciones vigentes y no a los avivados de siempre, en connivencia con los políticos y las autoridades locales, como se ha constatado muchas veces en el programa Tekoporã y siempre que se entregan subsidios. Las listas de los beneficiarios serán elaboradas por los Gobiernos departamentales y municipales, según informó el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa. El hecho de que también vaya a intervenir la Iglesia Católica es plausible, pero no es garantía suficiente de que la distribución se realice en buena forma, por la simple razón de que es difícil que en las ciudades grandes y medianas pueda conocer la situación económica actual de cada uno de los feligreses.

Lo ocurrido en San Lorenzo puede repetirse en muchos lugares: la directora de Acción Social de la Municipalidad local, Natalia López de Cardozo, dijo que se registraron casi 500 “trabajadores informales y vulnerables”, pero añadió, delegando su responsabilidad, que la SEN y tal vez el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberán “filtrarlos”, pues no todos pertenecían al grupo destinatario. Como la transparencia también será imprescindible si es necesario que la SEN adquiera, por contratación directa, más kits de los que tiene en depósito, vale repetir que la DNCP, la Contraloría y, dado el caso, la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, deberán tener los ojos bien abiertos para que la crisis sanitaria no contribuya a crear nuevos millonarios, esta vez a costa de una población angustiada.

Es deplorable tener que ocuparse también, en este contexto, de la corrupción reinante en el sector público –a menudo ligada a la avidez de las firmas contratistas– y de la proliferación de bribones a la pesca del dinero público. Pero esta es la realidad a tener en cuenta para que nadie saque provecho de la desgracia colectiva. La urgencia no debe servir de pretexto para obviar los procedimientos ni los controles administrativos previstos en las leyes. Que los órganos referidos tomen las mayores precauciones para que la pandemia no afecte también la salud moral de la nación, ya bastante deteriorada.

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Y no por último, habrá que poner mucho cuidado en el correcto empleo de los 1.500 a 2.000 millones de dólares que serían tomados en préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para enfrentar esta emergencia: habrá que administrarlos con honestidad y eficiencia para que no se repita, por ejemplo, el escandaloso fiasco del metrobús, que perjudicó a muchos y engordó a unos pocos. La corrupción es siempre condenable, pero resulta aún más indignante cuando afecta a la sanidad o a la educación pública.

Aquí nadie debe sacar partido del coronavirus, así que es preciso que las personas de bien, actuando en defensa propia y del interés general, denuncien con nombres y apellidos a los canallas que detecten. Más que nunca, combatir el sabotaje contra la salud pública se ha vuelto una cuestión de vida o muerte.

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