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“En Paraguay hay delitos, pero no hay delincuentes” era la sarcástica cantinela a menudo escuchada en los foros internacionales en los que se debatían asuntos diplomáticos o financieros del interés de nuestro país en los tiempos del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner. Treinta y dos años después del derrocamiento del “único líder”, esa negativa percepción acerca de la corrupción e impunidad prevalecientes en nuestro país se mantiene desde el exterior, y como localmente no hay sanción, al menos algunos países nos avergüenzan aplicando fuertes medidas contra algunos de nuestros compatriotas. Lo que significa que los nueve Gobiernos de extracción democrática que se han sucedido desde entonces hasta ahora no han logrado extirpar ese cáncer heredado de la corrupta era dictatorial.
El despilfarro del préstamo obtenido de bancos de Taiwán durante el Gobierno de facto de Luis Ángel González Macchi –con los “empedrados chinos” del ministro de Obras Públicas José Alberto “Icho” Planás–, y el fallido proyecto Metrobús bajo el de Horacio Cartes, son apenas algunos pocos “botones de muestra” de la seguidilla de flagrantes delitos de estafa a las arcas del Estado, sin que hasta ahora ninguno de los delincuentes responsables de los mismos haya ido a parar en la cárcel, como hubiera ocurrido en otro país donde rige el Estado de derecho.
Las autoridades gubernamentales parecen haber actuado también de manera alevosa, diseñando lo que parece una fraudulenta estafa a las arcas del Estado mediante una burda maniobra de inversión pública centrada en la construcción de un tercer puente sobre el río Paraguay denominado “Héroes del Chaco”, para unir a nuestra capital con Chaco’i, en la margen occidental.
Para ello, y al inmediato efecto de aumentar su costo inicial probablemente para favorecer intereses de terceros amigos, sin necesidad alguna, dispusieron arbitrariamente cambiar el sitio de su localización inicialmente establecido en estudios de factibilidad de esa misma cartera de Estado. Con el cambio de lugar del emplazamiento se aseguraron que aumentaran la longitud de las estructuras viales de acceso al puente propiamente dicho y, por consiguiente, su costo. Esto por un lado. Por el otro, diseñaron un proyecto de puente atirantado de longitud, altura (gálibo) y anchura menor que el requerido para seguridad de la navegación fluvial, teniendo a pocos metros aguas arriba el Puente Remanso, como referencia física funcional. Todo para lanzar una licitación con tufo de amañada que fue adjudicada en su oportunidad al consorcio de empresas Unión, conformado por CDD Construcciones S.A. y Constructora Heisecke S.A. (César Delgado y José Luis Heisecke) por G. 789.417 millones, bajo la modalidad contractual de “suma alzada”, o precio no modificable por contrato.
Así, bajo la apariencia de una total normalidad administrativa, hace más de un año se iniciaron los trabajos de acceso al puente, hasta que llamativamente el MOPC hizo pública la información de que el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) había presentado una solicitud de modificación del proyecto original de ingeniería del puente atirantado de cruce del río conforme al cual había sido licitado el paquete (proyecto que jamás el MOPC quiso dar a conocer a la opinión pública), por lo que el costo del mismo recibiría un necesario incremento, dado que en su conjunto el nuevo diseño sufriría no solo aumento en su longitud, sino también en su altura libre sobre el nivel del río, así como la anchura de su calzada. ¡Es inconcebible que los técnicos no hayan podido calcular la altura realmente necesaria para la navegación! Quizás los estudios fueron hechos por los abogados que pululan en el MOPC y que superan en número a los ingenieros. No hay otra explicación.
En este tiempo de puentes que se caen, con saldos de víctimas fatales, vale la pena señalar un notorio contraste en la posición del citado Ministerio, según puede extraerse de la preocupación expresada por referentes del Centro Paraguayo de Ingenieros. El año pasado, canceló una licitación de 3 millones de dólares para la fiscalización de este tipo de obras, alegando falta de recursos. Eso significa que la supervisión está a cargo de funcionarios del propio MOPC, sin la experiencia requerida. Es decir, no chistó para beneficiar con casi 17 millones de dólares a los amigos empresarios, mientras es reacio a poner una suma mucho menor para dar seguridad a la gente que usa rutas y puentes.
Desde el momento en que tomó estado público que el diseño del puente sufriría cambios importantes y, sobre todo, un aumento en su costo, a requerimiento de la opinión pública y ante la sistemática negativa del MOPC de dar a conocer el proyecto definitivo de la obra, la prensa empezó a hacerse eco de las denuncias hechas por referentes de la sociedad, con hincapié en los detalles relevantes del diseño final del proyecto. El requerimiento fue sistemáticamente desatendido por el MOPC.
Confirmando la sospecha pública, el MOPC ha anunciado lo que ya era un secreto a voces y que al parecer constituía el objetivo perseguido por las autoridades y los constructores: que debido a las modificaciones supuestamente reclamadas por la Cafym, el contrato tendrá un sobrecosto de G. 113.224 millones (US$ 16,9 millones al cambio actual), transgrediendo así el pliego de adjudicación a “costo alzado” en que se sustenta el contrato. Curiosamente, para efectivizar este aumento del 14,3% sobre el costo inicial del contrato, el ministro Wiens procedió a remover a dos altos y antiguos funcionarios de esa cartera de Estado, quienes se opusieron al referido incremento: el ingeniero René Peralbo, director de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del MOPC, y del director general de Vialidad, ingeniero Hugo Arce.
Finalmente, cabe señalar que nuestro diario solicitó copia de la adenda del contrato que formaliza el aumento de costo del mismo, pero no obtuvo respuesta hasta al momento. Con todo, la cartera de Estado defendió en un comunicado detalles irrelevantes de los sobrecostos, tales como que “se tendrá una disminución considerable de la resistencia al viento, debido a la forma del tablero”, así como que se reduce la posibilidad de “vibraciones indeseables” y otras fruslerías por el estilo. Pero al no darse a conocer la adenda solicitada, se puede pensar que nuevamente estamos frente a los chanchullos acostumbrados entre las autoridades ministeriales y los empresarios cortesanos y que la “patria contratista” continúa haciendo de las suyas.
Es de esperar que aparezcan los responsables de estos contratos con fuerte tufo a corrupción, y que quienes surjan como responsables sean llevados a los estrados de la justicia, para que al fin termine el maleficio de la impunidad que avergüenza a nuestro país desde hace tanto tiempo ante los ojos de propios y extraños.