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El informe PISA-D (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos para el Desarrollo), impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que analizó las competencias de jóvenes de 14 a 16 años que abandonaron el sistema educativo o están rezagados, es otra muestra más del abandono educativo que sufre el Paraguay. Este informe habla de una situación actual en lo que respecta a Lectura, Matemática y Ciencias, una situación negativa por donde se la mire, pero sobre todo se refiere al futuro, ya que sus reveladoras cifras cercenan las esperanzas de que haya mejorías en los próximos años.
Entre los datos más resaltantes, se destaca que un 28% de los jóvenes conforman lo que hoy se llama NiNi (ni trabaja, ni estudia). La deserción escolar de los encuestados se dio mayormente entre el séptimo y noveno grado y una mayoría de ellos había repetido al menos una vez algún grado.
El 82% de jóvenes del componente extraescolar del estudio afirmó que habla principalmente guaraní, que también pudo haber sido una causa de rezago o deserción, señala el relevamiento, ya que el idioma de enseñanza era el español.
¿Por qué abandonaron los estudios? El 52% indicó haberlo hecho por falta de dinero, el 57% porque la institución a la que acudía le quedaba muy lejos, un 37% por deseos de ganar dinero en un trabajo de jornada completa y el 27% por bajas calificaciones. En otras palabras: no había suficientes motivos valederos para continuar en el sistema.
En teoría, se pretende que los resultados propicien la revisión de ciertos aspectos del sistema educativo y el diseño de nuevas estrategias para prevenir la deserción y el rezago escolar.
En la práctica estas metas se ven cada vez más alejadas de la realidad. Esto se debe a que en lugar de ser potenciado, el sistema educativo se ve bajo un constante y potente bombardeo.
El más reciente misil es el recorte de US$ 17 millones al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI), incluido en la media sanción que la Cámara de Diputados dio al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022. El objetivo es reutilizar ese dinero con otros fines, que no tienen relación directa con la calidad de la educación.
Si este recorte se consolida, constituirá una puñalada al corazón del progreso del país, y una prueba de que no se puede dejar en manos de politiqueros brutos e ignorantes una cuestión tan importante como el futuro del país.
El FEEI es una instancia pública con participación de la sociedad civil que tiene como objetivo elevar la calidad de la educación, buscar la excelencia educativa y la promoción de la investigación y el desarrollo. Existe desde hace nueve años y se financia con los recursos de la compensación por cesión de energía al Brasil al Fondo Nacional de Inversión Pública.
En su menos de una década de existencia, este programa tiene diversos proyectos en marcha, y otros en fase de inicio, todos relacionados con la educación, que podrían verse seriamente afectados. Por la visibilidad que tiene el Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior “Don Carlos Antonio López”, conocido como Becal, mucha gente piensa que el recorte de recursos afecta exclusivamente la continuidad de este apoyo para estudiar.
Pero no es así. Entre los planes que se verán afectados figuran los siguientes, según los responsables del FEEI:
- En primera infancia, no se podrían construir y habilitar 60 espacios para jardín de infantes, afectando a 3.000 niñas y niños de 3 a 5 años; otros 3.000 niños en etapa materna (de 4 meses a los 3 años) no recibirían servicios de atención directa y domiciliaria, con pautas de crianza y atención oportuna para la estimulación y alimentación saludable que garantice el pleno desarrollo.
- En el ámbito de la formación docente, unos 2.400 educadores dejarían de realizar cursos de especialización.
- Los programas de incorporación de TIC no podrían dotar de laboratorios móviles con 12.400 notebooks distribuidas en 620 instituciones educativas.
Se dejarían de financiar 25 investigaciones científicas, así como 25 investigadores categorizados dejarían de recibir incentivos para el desarrollo científico y 30 profesionales no podrían doctorarse en posgrados locales.
Son todas situaciones que se complementan entre sí y que en definitiva hacen a los cimientos del crecimiento educativo, la mejor calidad de la educación y por ende el mejoramiento de la calidad de vida en general de la población y el desarrollo económico en las próximas décadas.
Los recursos que hoy se recortan generan una onda expansiva de perjuicio que se sentirá aún muchos años después. Esta es la grave negligencia que comete la actual administración gubernamental (que incluye a los poderes Ejecutivo y Legislativo).
Y a la par que se deja sin fondos a programas que buscan la excelencia, en respuesta a la presión política se permitió que los maestros recibieran a fines de octubre pasado un incremento salarial del 11%, que también tendrá impacto en el PGN 2022 desde enero, al que en julio se le sumará otro 5%, para totalizar 16%, que tendrá un costo de más de US$ 100 millones, según Hacienda. (Eso si los parlamentarios no vuelven a ceder ante los gremios docentes, que quieren que ese 5% se efectivice desde enero de 2022 y además se les conceda otro reajuste del 16% en octubre de 2022).
Estas presiones del sector docente le dan al gremio también su cuota de responsabilidad, cuando priorizan exclusivamente sus propios intereses, y no protestan ni se manifiestan cuando los recortes afectan a otras cuestiones medulares de la educación.
En definitiva, parece que en lo que respecta a la educación, no solo no avanzamos, sino retrocedemos. Y para peor, quienes deberían velar por los intereses de los alumnos y su futuro no hacen más que socavar sus bases. Así, a estos les espera un funesto futuro y ya se puede prever que los datos del informe de PISA-D con los que iniciamos este editorial no harán más que empeorar.