La conducta antiética de los ministros de la Corte

La decisión adoptada recientemente por ministros de la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional el artículo 19 de la Ley 609, que Organiza la Corte Suprema de Justicia, implica que los accionantes permanecerán en el cargo hasta la edad de setenta y cinco años. Esta cuestión, desde el punto de vista jurídico, seguirá en debate, atendiendo que la crítica a las sentencias es un derecho que forma parte del sistema democrático. Sin embargo, la conducta de los ministros que promovieron la acción no ha estado acorde con lo que se espera de ellos. Violaron disposiciones del Código Procesal Civil y del Código de Ética Judicial.

La responsabilidad principal de los servidores públicos, en general, y de los integrantes de los Poderes del Estado, en particular, es generar confianza en su vocación democrática de respeto a la ley mediante sus actos. Este comportamiento constante e inequívoco es el que termina por dar fortaleza institucional a los distintos organismos del Estado.

La decisión adoptada recientemente por parte de los ministros de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias 671 y 672 del 25 de noviembre de este año, declarando inconstitucional el artículo 19 de la Ley 609, que Organiza la Corte Suprema de Justicia, implica que los accionantes permanecerán en el cargo hasta la edad de setenta y cinco años.

Esta cuestión, desde el punto de vista jurídico, seguirá en debate más allá de la postura actual de los integrantes de la máxima instancia judicial, partiendo de la base que la crítica a las sentencias es un derecho que forma parte del sistema democrático.

Sin embargo, la conducta de los ministros Carolina Llanes, Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez, Alberto Martínez y César Diesel no ha estado acorde con lo que se espera de ellos. Presentaron una acción de inconstitucionalidad por sentirse afectados por el artículo 19 de la citada Ley 609, lo cual no es considerado admisible normalmente por la máxima instancia en otros casos, ya que no existe un acto concreto que les afecte. Distinto hubiese sido que accionen contra la resolución del Senado que los designó por cinco años.

En varios de los casos, incluso las acciones, se interpusieron fuera del plazo previsto en la ley, lo que ni siquiera fue analizado en las sentencias.

Han pasado, asimismo, por alto disposiciones expresas del Código Procesal Civil como la relativa a las causales de excusación: Art. 20: CAUSAS DE EXCUSACIÓN. Es causa de excusación la circunstancia de hallarse comprendido el juez, o su cónyuge, con cualquiera de las partes, sus mandatarios o letrados, en alguna de las siguientes relaciones:

b) interés, incluidos los parientes en el mismo grado, en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad, salvo que la sociedad fuera anónima;

i) amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato.

Art. 21: OTROS MOTIVOS DE EXCUSACIÓN. El juez también podrá excusarse cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.

Los ministros claramente tenían interés en el caso, puesto que resolverían una cuestión que posteriormente sería objeto de una acción presentada por ellos ante sus compañeros de trabajo.

Tampoco tuvieron en cuenta que debieron inhibirse por la frecuencia de trato que tienen con los accionantes, ya que comparten todos los días en la Corte Suprema de Justicia, asisten a actos, celebran sesiones, intercambian opiniones, analizan y preparan el presupuesto, entre otras actividades.

No tuvieron decoro y delicadeza al no inhibirse de entender en las acciones de inconstitucionalidad, puesto que sabían las consecuencias y la importancia de lo planteado que les beneficiaría posteriormente.

Es absurdo pensar que los ministros accionantes no hablaron del tema con sus pares antes de presentar la acción, con lo cual también preopinaron.

Otras disposiciones que trasgredieron los accionantes y quienes integraron la sala constitucional fueron las previstas en el Código de Ética Judicial.

Art. 14. DIGNIDAD JUDICIAL. Es deber del juez desempeñar el cargo con la dignidad que exige la investidura judicial. En tal entendimiento, se abstendrá de incurrir en conductas que, directa o indirectamente, lesionen o menoscaben los valores de la función judicial y que aparezcan socialmente reprobadas, afectando su imagen judicial y comprometiendo el prestigio y la credibilidad de la Magistratura.

Art. 19. DECORO E IMAGEN JUDICIAL. Es deber del juez comportarse en todo momento y lugar conforme con las reglas sociales del decoro a fin de mantener incólume la imagen judicial. Particularmente debe: 1) Observar una conducta pública y privada, que inspire absoluta confianza.

El interés de los ministros de defender los derechos que consideran les corresponde es totalmente comprensible, pero esto no les exime de cumplir con su obligación de actuar con transparencia, de cara a la ciudadanía. Si están convencidos del argumento que defienden, debieron exponerlo públicamente antes de que se tome la decisión de declararlos inamovibles.

Haber ocultado la presentación de las acciones de inconstitucionalidad, así como el debate de la Sala Constitucional es una mala señal de parte de la renovada Corte Suprema de Justicia. Si actuaron a escondidas para temas que les incumbe directamente, ¿por qué no lo harían en otros casos similares? Por lo demás, violaron abiertamente la Ley 6299/19, que ordena la publicidad de las sesiones de la CSJ.

Los ministros de la Corte debieron inhibirse del tratamiento de las acciones interpuestas por sus compañeros y permitir que la Sala Constitucional se integre con miembros de la Cámara de Apelación, tal como dice la ley.

Por eso, más allá del debate jurídico, la conducta de los ministros Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez, César Diesel, Carolina Llanes y Alberto Martínez no ha sido ética ni decorosa. Fue un puro y simple toma y daca a escondidas.

Enlance copiado

Lo
más leído
del día

01
02
03
04
05

Comentarios

Las opiniones y puntos de vista expresados en los comentarios son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten y no deberán atribuirse a ABC, ya que no son de autoría ni responsabilidad de ABC ni de su Dirección ni de Editorial Azeta S.A.