16 de mayo de 2026
El presidente de la República advirtió con énfasis a los ministros que, en la segunda mitad de su mandato, las evaluaciones de sus respectivos desempeños serán continuas y “cada vez más rigurosas”, debido a la “directa” presión ciudadana. Según les dijo, la llamada de atención no debe asustarles, pero tampoco hacer que se sientan cómodos, es decir, que sigan siendo inoperantes. Los ministros se aferran al puesto con uñas y dientes; habrá que ver si esta vez alguno tiene el decoro de “ceder la posta”. Si nada de eso ocurre, habría que hacer entender a algunos que sus servicios no son imprescindibles, en absoluto. Los nombres y apellidos se desprenden de las propias palabras de Santiago Peña, por lo demás no carente de una autocrítica implícita. Al fin y al cabo, a él le corresponde la responsabilidad final por la pobre gestión gubernativa exhibida hasta hoy.
El presidente de la CSJ, César Diesel; la vicepresidenta primera, Carolina Llanes; el vicepresidente segundo y titular del JEM, César Garay Zuccolillo; los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, junto al presidente Santiago Peña, habrían fracturado seriamente el artículo 3 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, que establece la separación de los poderes del Estado, y el artículo 248 de la Independencia del Poder Judicial, el límite infranqueable de todo Estado de derecho. Con una sesión clandestina en Mburuvicha Róga, en las sombras, oculta y a escondidas como todo aquello indebido que se esconde de la transparencia, dieron una estocada a la administración de la justicia en el Paraguay. En la mañana de ayer todos los invitados aceptaron que estuvo Santiago Peña, pero nadie hizo un desmentido categórico sobre la eventual presencia del titular partidario y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes.
El presidente Santiago Peña, su asesor político y vicepresidente tercero de la ANR, José Alberto Alderete, y el titular de ese partido, Horacio Cartes, se habrían reunido en horas de la noche en Mburuvicha Róga con seis ministros de la Corte Suprema de Justicia. El llamativo hecho vuelve a poner en tela de juicio la residencia presidencial como escenario de sospechosos conciliábulos. ¿Sabían los ministros que también asistiría Cartes y que no se revelaría a los ciudadanos el temario de la reunión? En caso afirmativo, los más altos magistrados no habrían hecho respetar su investidura ni demostrado favorecer la transparencia en la gestión pública, concurriendo poco menos que como simples afiliados a la ANR para recibir instrucciones del presidente partidario. De lo contrario, habrían sido sorprendidos en su buena fe, por el propio jefe del Poder Ejecutivo. En uno u otro caso, su papel ha sido bochornoso: no han estado a la altura de la dignidad del cargo que ostentan.
Algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia, designados por el Senado y el Poder Ejecutivo, siguen ocupando el cargo en contravención al artículo 252 de la Constitución, amparados en el artículo 19 de la Ley Nº 609/1995. En la Ley Fundamental, el Título II, Capítulo III, trata “De las disposiciones generales”; es decir, de las normas que regulan la composición y las funciones del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, la autarquía presupuestaria, la inamovilidad de los magistrados, el enjuiciamiento y la remoción de los magistrados, las incompatibilidades, las inmunidades, la forma de los juicios y la obligación de colaborar con la justicia. En la doctrina, la inamovilidad es el derecho que se les concede a ciertos funcionarios públicos, para no ser destituidos, trasladados, suspendidos ni jubilados, sino por alguna de las causas prevenidas en la legislación; ampara de modo preferente a los magistrados del Poder Judicial.

En una reunión cerrada con todos sus ministros en Mburuvicha Róga, el presidente Santiago Peña les solicitó a todos que respondan a los medios de comunicación a toda hora y que sean los que den la cara. Además, los ministros pusieron sus cargos a disposición, aunque todavía cuentan con el respaldo del mandatario.