La morosidad no solo es un atributo del Poder Judicial, sino también del Ministerio Público. Ello hace que los presuntos autores de hechos punibles de “guante blanco”, ligados contractualmente al aparato estatal o insertos en él, pueden confiar en que las pesquisas fiscales se dilaten tanto que las fechorías caigan en el olvido y sean reemplazadas por otras que conciten por algún tiempo la atención ciudadana. Dos ejemplos elocuentes de esa práctica intolerable, más atribuible al encubrimiento que a la mera negligencia, son el fallido metrobús y la costosa pasarela " ñandutí”, horrendos emprendimientos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por los que hasta hoy nadie ha sido tan siquiera imputado.
Con respecto al primer caso, se recuerda la denuncia penal por el delito de lesión de confianza presentada el 28 de mayo de 2018 por el Ing. Hermann Pankow contra, entre otros, el entonces ministro Ramón Jiménez Gaona, la exencargada de finanzas Marta Benítez y el exrepresentante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Eduardo Almeida. Poco más de un año después, la agente fiscal Natalia Silva declaró que el asunto era “bastante complejo”, pues su resolución dependería de varios informes y auditorías. Por lo visto, a estas alturas su complejidad aún no ha disminuido, pese a que la Contraloría General de la República publicó el 21 de agosto de 2020 los contundentes resultados de su auditoría, previo “descargo” del MOPC. En suma, los “ajustes” no previstos en el contrato implicaron un aumento de más de 108.000 millones de guaraníes en el costo del proyecto, concebido desde un principio como un gran negociado y causante de gravísimos perjuicios a los frentistas de los tramos I y II. Cabe recordar que el MOPC llegó a pagar alrededor de US$ 50 millones entre anticipo a constructora (la empresa portuguesa Mota Engil), diseño de proyecto, fiscalización y consultorías, pero hoy no tenemos ni un ápice de metrobús.
En cuanto al adefesio conocido como pasarela “ñandutí”, construido por la firma Engineering, es plausible que el Ministerio Público haya iniciado una investigación de oficio el último 22 de abril, pero no así que hasta la fecha, a ocho meses, no haya formulado ninguna imputación. Seguiría “juntando las pruebas necesarias”, pese a que la Contraloría concluyó en agosto una auditoría que reveló un aumento indebido de los costos por valor de más de 3.100 millones de guaraníes, en virtud de convenios modificatorios opuestos a la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), que incluían precios diferentes a los del mercado: el costo del transporte de materiales –más de 1.485 millones de guaraníes– triplicó el de mercado. Unos 1.253 millones de guaraníes del sobrecosto correspondieron a “costos indirectos”, es decir, a la ganancia y otros gastos de la contratista.
El MOPC, encabezado por Arnoldo Wiens, habría sido muy complaciente con la empresa de Juan Andrés Campos Cervera, amigo cercano de Jorge López Moreira, cuñado del presidente Mario Abdo Benítez, y que habría realizado el “lobby” necesario para llegar a las máximas autoridades. Todo esto habría permitido ignorar tanto la LCP como el contrato y el pliego de bases y condiciones, en el marco de un proceso licitatorio diseñado y ejecutado de acuerdo a los intereses de Engineering.
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El Ministerio Público aún se hace esperar, pero al menos la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ya se pronunció en esta nauseabunda cuestión: en octubre, al cabo de un sumario administrativo, prohibió que la “superproveedora” contrate con el Estado durante un año, porque causó daños al MOPC por causas imputables a ella y porque brindó información falsa o actuó con dolo o mala fe. Empero, la sanción no impediría que siga ganando contratos públicos, pues su dueño incorporó a su esposa, a su cuñado y a uno de sus gerentes como accionistas de Barrail Hermanos SA. Todas estas maniobras son posibles gracias a la inacción del Ministerio Público, que no llega a imputar no solo a los responsables de la firma, sino también a quienes se confabularon con ellos desde el MOPC.
Estos dos paradigmas de la corruptela reinante en la contratación y ejecución de obras públicas, así como de la muy sospechosa lentitud de la Fiscalía en cuestiones similares, tienen que ver con las componendas habituales entre empresas privadas y organismos estatales, en perjuicio del interés general. Es de lamentar, por cierto, que en ninguno de los casos referidos hayan levantado la voz los empresarios del gremio de la construcción, como si no quisieran incordiar al MOPC, ateniendo futuras contrataciones.
En cuanto al Ministerio Público: entidades organizadas de la sociedad, a la que aquel representa ante los órganos judiciales, no deben permitirle que siga jugando con el tiempo para que todo termine en la nada, exigiéndole explicaciones cada vez que dé la impresión de querer echar el manto del olvido sobre cualquiera de los grandes escándalos que sacuden al país.