Firmes, como un ejército bien disciplinado, las dos bancadas coloradas de la Cámara de Diputados –Honor Colorado y Añetete– se confabularon ayer para que dicho cuerpo adopte una de sus más aberrantes decisiones: salvar a la Gobernación del Departamento Central, a cargo del conocido Hugo Javier González (ANR, cartista), de la necesaria intervención para desentrañar sucios manejos del dinero público, según se desprende de informes de diversos organismos del Gobierno nacional. Por algo, a esta institución legislativa se la conoce como “Cámara de la Vergüenza”, sin que a sus miembros del partido oficialista les preocupa en absoluto cambiar esa imagen.
La escandalosa decisión de proteger al exanimador de fiestas fue adoptada por 42 votos de los 43 diputados colorados (uno ausente por enfermedad), contra 31 que apoyaban la intervención y siete ausentes. Los delitos que el Ministerio Público imputa a Hugo Javier son los de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, que habría cometido en la administración de 6.382 millones de guaraníes del fondo de emergencia sanitaria, recibidos en diciembre de 2020.
Es muy curioso que la medida haya sido tomada con el voto unánime de los legisladores colorados, pues la intervención fiscal respondió a sendas denuncias penales presentadas por el viceministro de Tributación Óscar Orué y por el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, que depende directamente del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Es más, la propia Auditoría General del Poder Ejecutivo confirmó las serias irregularidades denunciadas, en su informe entregado al Ministerio Público: “Para nosotros –dijo el ministro Luis Cardozo–, lo más llamativo es que la Gobernación entregó dinero a una ONG que no tenía capacidad técnica y financiera para hacer obras”. Pero aquí no terminaron las censuras de miembros del Poder Ejecutivo, ya que el día en que la solicitud de intervención llegó a la Cámara Baja, el viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Daniel Centurión, sostuvo con respecto al caso que “es deleznable que el dinero público se maneje de manera corrupta”. La Contraloría General de la República también aportó lo suyo al señalar que la Gobernación ni siquiera tenía un manual de funciones para el control interno de la ejecución de los fondos estatales recibidos, una carencia que, desde luego, facilitaba el grosero desmanejo. Aunque no existan mandatos imperativos, es de suponer que al menos haya una línea de pensamiento entre Marito y los diputados de Añetete –no decimos ya Honor Colorado–, para apoyar una solicitud tan importante presentada por el propio Poder Ejecutivo, en una gravísima cuestión relacionada con la corruptela. Pero está visto que Marito no pincha ni corta en ningún lugar, debiendo enfrentar un nuevo bochorno en su desgastado Gobierno.
Y bien, al desestimar las pruebas incriminatorias ofrecidas en este asunto por los propios organismos gubernamentales, los diputados de la ANR obraron a sabiendas de que eran convincentes. Así se explica que hace unos días el viceministro de Tributación haya revelado que numerosos políticos colorados le llamaron pidiendo una “ayuda” para el gobernador imputado, recibiendo la respuesta de que eso era imposible, pues “allí hay muchas irregularidades”. Es presumible que el mismo pedido haya sido hecho a los ministros Fernández y Cardozo. De esta manera, el argumento esgrimido por el impresentable diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez y otros de que “las obras están”, suena vacío, y solo busca salvar contra viento y marea al imputado correligionario gobernador. Proyectan la sensación de que conforman una asociación para delinquir.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Puede pensarse que los legisladores que hayan telefoneado hicieron un “uso indebido de influencias”, el mismo que también estarán perpetrando ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, en la causa que afecta a su protegido. Por lo demás, el “traidor” Óscar Orué podría tener los días contados.
Lo resuelto contra la moral y el Derecho supuso un gran triunfo para Horacio Cartes y una gran derrota para Marito, infligídale por sus propios seguidores, en el supuesto de que él quiera realmente que se investigue lo que aparenta ser una tragada de cuantiosos fondos públicos, y no que haya enviado el pedido solo para guardar las apariencias. Lo cierto es que Marito queda muy mal parado, evidenciándose que otro u otros manejan la lapicera en el Gobierno.
Este nuevo episodio demuestra que el Paraguay no ha evolucionado en absoluto hacia estadios de honestidad y de transparencia, y que, con representantes como los diputados colorados que ayer se confabularon para salvar a un gobernador sobre quien pesan fuertes indicios de haber delinquido en el ejercicio del cargo, el nombre de nuestro país continuará en los primeros lugares de los informes internacionales sobre corrupción, madre prolífica de otros delitos.