Terminar con el ordeño de la vaca lechera llamada Estado

Bien se sabe que las contrataciones de obras públicas son una copiosa fuente de corruptelas, y que si son detectadas, los involucrados no cargan con las responsabilidades emergentes y el daño infligido al erario no es reparado, tal como ya está ocurriendo en el caso del fallido metrobús. Y bien, surgen ahora ciertas fechorías perpetradas en la Dinac, según un informe de la Contraloría General de la República. En efecto, obras realizadas en los aeropuertos internacionales Guaraní y Silvio Pettirossi fueron recibidas y pagadas casi en su totalidad a las empresas Avalon SA y Estructura Ingeniería SA (EISA), estando inconclusas y sin que se hayan cumplido las exigencias técnicas.

Bien se sabe que las contrataciones de obras públicas son una copiosa fuente de corruptelas, que pueden extenderse desde la elaboración del pliego de bases y condiciones hasta la ejecución del convenio. Si son detectadas, los involucrados no cargan con las responsabilidades emergentes y el daño infligido al erario no es reparado; el escándalo cae pronto en el olvido porque es reemplazado por otro de igual o mayor gravedad, tal como ya está ocurriendo en el caso del fallido metrobús: a más de tres años de la primera denuncia penal al respecto, nadie ha sido aún tan siquiera imputado y los comerciantes de la zona de obras siguen sin ser plenamente indemnizados por los severos perjuicios sufridos. Entretanto, apareció el adefesio llamado “pasarela de Ñandutí”, cometido con el sobrecosto de rigor por la omnipresente firma Engineering y el visto bueno del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sin que hasta hoy el Ministerio Público haya imputado a alguien, tras nueve meses de haber intervenido de oficio.

Y bien, es previsible que este presunto negocio ilícito sea ahora desplazado por ciertas fechorías perpetradas en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), según un informe de la Contraloría General de la República. En efecto, obras realizadas en los aeropuertos internacionales Guaraní y Silvio Pettirossi fueron recibidas y pagadas casi en su totalidad a las empresas Avalon SA –vinculada con el conocido Omar Jaén Bohorques, mencionado en un supuesto pago de coimas a funcionarios– y Estructura Ingeniería SA (EISA) –de Alberto Palumbo–, estando inconclusas y sin que se hayan cumplido las exigencias técnicas. Palumbo es mencionado con frecuencia como un cercano allegado del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, a tal punto que por las tardes haría oficina en una de las casas del empresario, con custodia de efectivos del Regimiento Escolta Presidencial. En el último caso mencionado, el contrato para la ampliación del espigón norte, que debía estar lista en siete meses, habiendo empezado los trabajos en febrero de 2019, fue adjudicado por 16.970 millones de guaraníes, pero tuvo un sobreprecio del 20%, por agregados al contrato: la Dinac ya habría desembolsado 18.000 millones de guaraníes por estos trabajos no terminados.

Tras el informe de la Contraloría, su actual presidente, Félix Kanazawa, declaró que sabía del caso desde hacía mucho tiempo y que ya había removido a los fiscalizadores de obras que habían asentado falsamente que los trabajos relativos a un nuevo pabellón ya habían concluido. Lo dijo como si fuera un gran mérito suyo, cuando que lo que debió hacer, como le ordena el Código Procesal Penal, es denunciarlos ante el Ministerio Público por haber emitido un documento público de contenido falso. Por lo demás, la Ley del régimen de obras públicas dice que los fiscalizadores deben denunciar ante el ente licitante las irregularidades percibidas, so pena de ser considerados responsables solidarios o cómplices de ellas y que los antecedentes deben pasar a la Fiscalía General del Estado cuando hagan presumir la existencia de delitos. De las palabras de Kanazawa se desprende que nada de esto se cumplió, y que los responsables están en sus casas, posiblemente disfrutando de algún “extra” percibido, pues es difícil de creer que la omisión en los controles detectada haya sido gratis.

El jefe de la Dinac anunció que rescindirá el contrato con EISA y que lo más probable es que se llame a una nueva adjudicación para finiquitar las obras, aunque la ley citada dispone que si existen irregularidades que deriven en la rescisión del contrato respectivo, la continuación de la obra podrá adjudicarse a la segunda mejor oferta. También dijo que se ejecutará la póliza que garantiza el fiel cumplimiento del acuerdo, pero ignora cuánto dinero se podrá recuperar: esa garantía debe oscilar entre el 5 y el 10% del monto íntegro del contrato, de acuerdo a la Ley de Contrataciones Públicas. Como siempre ocurre, lo que se recupera con las pólizas siempre es inferior al perjuicio detectado, y el resto se carga sobre la baqueteada espalda de Juan Pueblo. De hecho, EISA no ha de estar muy preocupada, pues tiene otro importante contrato con una empresa del Estado, Petropar, ya que fue adjudicada para instalar un tren de molienda en la fábrica de Mauricio José Troche por 28,7 millones de dólares.

Habrá que ver el descargo que efectúe la Dinac ante la Contraloría. Por de pronto, vale subrayar que su presidente ha admitido que se delinquió y que él se ha limitado a sustituir a los fiscalizadores de obras, quedando abierta la cuestión de cuánto dinero podrá volver al erario. Es imperioso que, de una vez por todas, los delitos cometidos en ese ámbito sean castigados de acuerdo a la ley y que, por tanto, los culpables carguen en verdad con las responsabilidades penal y civil derivadas de sus fechorías, incluyendo a quienes pertenecen al sector privado: en esta materia, la colusión es la regla. También convendría, por cierto, que la Procuraduría General de la República, encargada de defender los intereses patrimoniales del Estado, preste atención a la sangría que suponen las sobrefacturaciones y hasta los desembolsos por obras no construidas, servicios no prestados o bienes no proveídos. Es hora de que se empiece a poner fin al ordeño de esa vaca lechera llamada Estado.

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