Una de las diferencias más importantes entre un país con aspiraciones de encaminarse hacia el desarrollo y uno fallido radica en la capacidad institucional de imponer un básico ordenamiento jurídico. El trágico suceso que enluta a una familia paraguaya y que entristece y conmociona a toda la comunidad, en el que absurdamente una joven murió electrocutada al tocar una columna en plena Costanera de Asunción, en un lugar sumamente concurrido por multitudes de ciudadanos, no fue un simple y aislado accidente. Es el resultado de algo mucho más grave, con consecuencias nefastas en los más diversos ámbitos de la sociedad, y es que en el Paraguay, en un alto grado, nadie cumple ni hace cumplir la ley.
En este tristísimo caso en particular, el origen de la tragedia hay que buscarlo en la manipulación de instalaciones eléctricas públicas por parte de personas no autorizadas, algo que se da permanentemente para cualquier fin, desde iluminar puestos gastronómicos hasta para la realización de eventos, o directamente para el robo sistemático de componentes. Es una práctica común realizada a la vista de todos y tolerada por las autoridades “competentes”.
Y dista de ser la única. Basta caminar unas cuadras de donde ocurrió el luctuoso hecho para encontrar gente viviendo en campamentos en las plazas del casco histórico de la Capital, precariamente, pero con todos los servicios, sin que nadie se lo impida y con muchos que lo justifican. O, un poco más allá, centenares de vehículos estacionados en doble y triple fila, ocupando la mitad de la calzada, frente mismo al Cuartel Central de Policía y a metros del corralón municipal.
Este descontrol se observa en todos los niveles, de forma vertical y horizontal. Alguien pone un puesto de venta de artículos piratas o de contrabando en la vereda o en cualquier espacio público y a la semana no solamente ya tiene luz y agua sin que nadie lo moleste, sino a varios “vecinos” que hacen lo mismo, porque si se le deja a uno, por qué no a los otros. Negocios que usan las aceras como estacionamientos “exclusivos” para sus clientes, empresas que no cumplen normas laborales, ni ambientales, ni fiscales, gente que invade propiedades ajenas, o los que maniobran y chicanean en nuestra maleable Justicia para no pagar sus deudas ni sus delitos y crímenes. Son solo ejemplos aleatorios de lo que, sabemos, es una situación generalizada. Por un lado hay una fuerte tendencia a no cumplir y, por el otro, una notoria incapacidad o falta de voluntad para obligar a hacerlo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Poner cierto orden en la sociedad es la función más esencial del Estado, es su primera razón de ser, por encima de todas las demás, incluso de la salud y de la educación. Los Estados se organizaron en primer término para asegurar la vigencia de un conjunto de normas de convivencia que reemplacen a la ley de la selva, donde cada quien hace lo que quiere y gana el más fuerte o más violento, y en última instancia todos salen perjudicados. Si el Estado pierde esta capacidad, también pierde su justificación y la sociedad va entrando en un funesto círculo vicioso, porque la gente cada vez cumple menos, la coerción es cada vez menor, la impunidad es mayor, lo que alienta a cumplir menos aún. De esta manera tienden a primar la informalidad y la ilegalidad, lo que, a su vez, es campo fértil para la inseguridad y la criminalidad.
Por lo tanto, hacer cumplir la ley es también la primera función de aquellos que de alguna manera detentan el poder, ya sea nacional o municipal. Todos quieren ocupar los altos cargos, pero no puede existir autoridad sin responsabilidad. No puede ser que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad de Asunción, la Policía Nacional se declaren incapaces de controlar la rapiña en la Costanera y, por ello, simplemente hagan la vista gorda, ¿Para qué están entonces? No puede ser que una joven sana de 18 años, con todo por delante, pierda la vida en estas circunstancias y no pase absolutamente nada. En cualquier país civilizado hubiera provocado, cuando menos, una cadena de renuncias, mientras aquí solo se pasan la pelota unos a otros y ninguno se hace cargo.
El Estado democrático no tiene que ser débil. Todo lo contrario, justamente porque es democrático tiene la legitimidad necesaria para imponer la ley con toda firmeza. Para ello se requieren reformas que no están en la agenda política de ningún partido o corriente. La alternativa es el caos, y en medio del caos, las víctimas como Helen Recalde. Ningún país puede ser viable en esas condiciones.