Los diputados Édgar Acosta (PLRA) y Kattya González (PEN), así como el abogado Emilio Camacho (FG), plantearon una acción de amparo constitucional con el fin de acceder a las contrataciones de asesores jurídicos externos efectuadas por Itaipú Binacional (lado paraguayo), entre agosto de 2018 y diciembre de 2021. La información pedida por los dos primeros fue parcialmente denegada por el defensor general de dicha entidad, Francisco Coronel Castillo, con el falaz argumento de que ella es una persona jurídica de Derecho Internacional, que “no puede ser considerada como un organismo de fuente público y estar sujeta a las obligaciones que impone la Ley Nº 5282/14″ (De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental). Conste que su art. 2º, inc. i), obliga explícitamente a los directores y consejeros paraguayos de estas reparticiones públicas a “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las personas a solicitar y recibir información pública de las mismas”. Resulta increíble que el señor Coronel Castillo ignore esta disposición.
No obstante, el citado funcionario tuvo a bien brindar algunos datos, sin incluir los respectivos antecedentes solicitados, pues los documentos internos de las contrataciones integrarían el patrimonio documental en condominio, cuyo uso exigiría la conformidad de ambos socios. Los peticionantes no pudieron enterarse, por ejemplo, de si las contrataciones se realizaron en el marco de la norma general de licitaciones, pero sí de que en el periodo antes referido fueron contratados 36 asesores jurídicos externos y que Itaipú Binacional está afrontando 300 juicios, en diversos fueros. También se sabe ahora que la Dirección Jurídica Ejecutiva, encabezada por Iris Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio Ovelar (ANR, cartista), tiene 46 empleados, distribuidos en siete dependencias. La diputada González cree que Itaipú Binacional cuenta con entre 200 y 300 abogados, lo que resulta imposible determinar a partir de la nómina de funcionarios publicada en la página web de la entidad. Iris Magnolia cobra mensualmente en Itaipú 97.667.582 guaraníes, desglosados en 39.416.000 en concepto de salario, más honorarios por valor de 58.251.582 guaraníes. De esta manera, el senador, su esposa y una extendida parentela de esta última enchufada en organismos del Estado le cuestan al contribuyente 2.600 millones de guaraníes al año. Esta clase de aventajados personajes son los que, a toda costa, van a tratar de impedir cualquier medida que pretenda evitar que se siga metiendo la mano en la lata.
Aquí se plantea la cuestión de la necesidad de que una institución pública contrate a asesores jurídicos externos, teniendo en su plantilla a numerosos profesionales del Derecho. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) son unos 130, en tanto que los ingenieros civiles rozan solo los 90; no obstante, contrató por 3,6 millones de dólares a un abogado español y a otro colombiano para que lo asesoren y representen en dos pleitos, uno de ellos relativo al fiasco del metrobús. Si en cada organismo estatal hay una Asesoría Jurídica, cuyo director ocupa un cargo de confianza, “sujeto a libre disposición”, también existe una Procuraduría General de la República, cuya ley orgánica fue promulgada en octubre último, que está encargada de defender judicial o extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República. Pese a todo, el festín de la contratación de profesionales ajenos a la institución es una práctica muy apetecida en varios organismos.
En otras palabras, el Estado tiene abogados con un sueldo permanente que deberían representarlo dentro y fuera de los tribunales, sin que sea preciso que se contraten asesores jurídicos externos. Cabe preguntarse qué hacen durante la jornada laboral aquellos que figuran, por ejemplo, en la nómina del MOPC: debe suponerse que, si ingresaron mediante un concurso público de oposición, son lo bastante idóneos como para actuar en un juicio con la suficiencia necesaria. Empero, la experiencia enseña que la gran mayoría de los pleitos dirimidos ante el Tribunal de Cuentas concluye con la derrota del sector público, con la consecuencia adicional de que los gastos del juicio recaen sobre los contribuyentes. Solo en algún caso excepcional, ese tribunal llegó a imponer las costas al abogado del Estado por su notoria negligencia profesional, la que pudo haber sido deliberada. En efecto, hay toda una “industria de juicios” para defraudar al Estado con la complicidad de sus abogados infieles, pudiendo mencionarse como ejemplo que hace un par de años el abogado Mario Paz Castaing –hoy funcionario de Itaipú Binacional– entregó a la Entidad Binacional Yacyretá una “Guía normativa (...) sobre el pago de indemnizaciones a funcionarios de confianza”, una “industria” que daría ganancias multimillonarias y en la que intervendrían jueces, abogados y fiscales, entre otros.
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Quienes representan a una entidad pública en un juicio, no suelen esmerarse mucho, ya que, al fin y al cabo, tienen un sueldo asegurado, razón por la cual no pueden reclamar honorarios profesionales al Estado, según un fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el 29 de octubre de 2013. Pero no debe descartarse que de por medio aparezca un “arreglo” que suponga una retribución para quienes intervinieron en nombre de las instituciones públicas, pero que no pusieron todo el empeño para ganar y así favorecer a la contraparte. Además, quien pagará el daño no será otro que “el Estado nomás”, que, sin embargo, maneja el dinero de todos.
El mal desempeño de los abogados del sector público, que puede implicar corrupción pura y dura, no justifica que se contrate a tantos asesores jurídicos externos: lo que corresponde es que su rendimiento sea evaluado de continuo y, dado el caso, se apliquen las sanciones pertinentes. Debe terminar esta sangría que aumenta el gasto público, ya desfasado también por otras corruptelas.