Cuando la salud y la vida de un ser querido están en juego, uno es capaz de cualquier cosa. Es bien sabido que una enfermedad complicada puede dejar en bancarrota de la noche a la mañana a cualquier familia y que ningún colchón de ahorros basta cuando los tratamientos son caros o se requiere internación en una unidad de terapia intensiva. No hay en el país quien no haya colaborado con una rifa, una pollada o directamente haya aportado a una colecta para cubrir los gastos que requiere el tratamiento de salud de un familiar, vecino o hasta un desconocido.
Esto ocurre porque el golpeado sistema de salud pública no funciona. Paquidérmico y lleno de parches, su burocracia y la falta de empatía de sus responsables hacia las personas que sufren pueden dañar o llegar a matar incluso más que la enfermedad. Hoy la gente se muere porque no consigue camas en terapia intensiva, porque no hay ambulancias, porque no le son proveídos los medicamentos que necesita o porque se agendan turnos para consultas o estudios para fechas lejanas, cuando la condición del paciente se habrá agravado o incluso habrá derivado en un desenlace indeseado. Exactamente el mismo sistema se replica en el Instituto de Previsión Social (IPS), un ente que pertenece y debería estar al servicio de sus aportantes.
Por eso, cuando se conoció la noticia de que el pastor evangélico del Centro Familiar de Adoración Emilio Abreu recibiría en el hospital del IPS un trasplante de médula, sin ser asegurado, se generó una ola de indignación. Aunque en principio puede leerse como un ataque personal, en realidad, la crítica es hacia un sistema que excluye y deja desprotegidas a las personas más carenciadas, sin influencias ni contactos, y privilegia a un hombre influyente, con recursos económicos, y, sobre todo, con vínculos con el primer anillo del poder.
El mecanismo que permitirá al pastor Abreu acceder a un procedimiento y tratamiento médico se basa en un acuerdo entre el IPS, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT). Básicamente, este acuerdo dice que si una persona requiere un procedimiento que no se realiza en un hospital público, el INAT solventará los gastos que conlleve en otro hospital, en este caso el IPS. En otras palabras, el Estado se hará cargo de lo que cueste.
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Fue el Ministerio de Salud el que realizó la solicitud al IPS en el caso de Abreu, y ayer su titular, Julio Borba, defendió y justificó el pedido. Dijo que Abreu, como todo paraguayo, tiene derecho a acceder a este procedimiento y al tratamiento médico que requiere. Sin embargo, el convenio respectivo habla de “pacientes pediátricos y adultos de escasos recursos económicos”.
No lo dudamos. En sus palabras está la clave: TODOS LOS PARAGUAYOS TIENEN DERECHO A RECIBIR UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD, DIGNA Y OPORTUNA (esto último es fundamental repetirlo, porque a destiempo no sirve de nada). El pastor Abreu, a quien le deseamos salud y recuperación, tiene derecho y también lo tienen y tenían los miles de personas que murieron esperando un medicamento, una ambulancia, una operación, un estudio.
La indignación ciudadana se funda no en el odio hacia un personaje en particular, sino en la diferencia de trato; en el privilegio hacia una sola persona, que además cuenta con poder económico y político.
Cientos de miles de familias tienen historias para contar de cuando un familiar se enfermó y debieron hipotecar casas, empeñar bienes, hacer rifas o colectas, porque este derecho que menciona Borba y que raudamente se le reconoció a una persona, a ellos les fue negado. Es inevitable sentir un sabor amargo al reconocer que no todos somos vistos y tratados de la misma manera, y que ni siquiera la enfermedad y la desgracia nos igualan.
Podemos recordar que vimos a hijos y padres encadenarse en los portones del Ministerio de Salud para pedir que sus seres queridos recibieran quimioterapia en hospitales públicos. En otro caso, la semana pasada leímos que Alfredo Silvino Riveros Irala, un asegurado y aportante del IPS, de 55 años, tuvo que accionar judicialmente para que la previsional le proveyera un medicamento contra la neumonía que padecía. La muerte tocó a su puerta antes de que recibiera una respuesta.
El IPS en un comunicado alegó que Abreu no será la primera persona no asegurada en ser beneficiada mediante este tipo de acuerdo. Y también mencionan que el Hospital Central de IPS asiste a asegurados como a no asegurados por “vocación de servir”.
Suena a humor negro. La caridad bien entendida empieza por casa, y si el IPS tuviera vocación de servir podrían empezar sus empleados por el mínimo gesto de atender el teléfono cuando un asegurado llama a pedir turno. La verdad es que todo lo que se vincule con esta institución representa un calvario. Es un martirio hasta el simple hecho de subir a un piso superior del Hospital Central, ya que ni los ascensores funcionan bien.
Esto lo ha vivido en carne propia cualquier asegurado, aquellos a quienes mes a mes les descuentan del salario una porción para pagar al IPS. Así que, por favor, no mientan.
En resumidas cuentas, el acceso a un tratamiento médico digno y de calidad debe estar garantizado para toda la población. Resulta decepcionante que cuando a las autoridades se les ocurre reconocerlo, el sujeto del derecho pertenece a una claque privilegiada. Probablemente, ningún asegurado tenga algo personal contra el pastor Abreu. Tal vez solo quiera tener su mismo privilegio, para lo cual paga rigurosamente cada mes.