En sus declaraciones ante la Comisión Permanente del Congreso, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se limitó a reiterar lo ya expuesto en la grave denuncia contra el expresidente Horacio Cartes, que entregó a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Empero, hizo un agregado de suma importancia, que requeriría mayores precisiones: afirmó, nada menos, que el exmandatario tiene la gran habilidad de extorsionar al actual presidente, Mario Abdo Benítez, para mantener a sus seguidores en puestos clave del Estado. Salta a la vista la extrema gravedad de lo antedicho, esto es, que el jefe del Poder Ejecutivo es una suerte de rehén de su antecesor, que está siendo presionado mediante amenazas para obligarlo a actuar o a no actuar conforme a la voluntad de quien lo estaría manejando como una marioneta. El hecho de que no responda a los dictados de la ley y de su conciencia, sino a la voluntad de Horacio Cartes, lo convertiría en un vulgar monigote, carente de toda autoridad moral para seguir gobernando.
Lo sostenido por el ministro es de extrema gravedad para la salud de la República, y da lugar a un par de preguntas que tendrían que ser respondidas por el propio aludido. Antes que nada, sería bueno saber si le autorizó a revelar la penosa circunstancia en que se hallaría, tal como antes le permitió presentar la denuncia mencionada. Si lo que dijo se ajusta o no a la verdad, solo puede saberlo la supuesta víctima, de modo que bien cabe interpelarla al respecto. Si Cartes debe dar explicaciones sobre las inculpaciones que se le han hecho ante dos órganos estatales, su reemplazante en la primera magistratura tiene que darlas con mayor razón: estando encargado de la administración general del país, es inadmisible que su libertad esté siendo coartada con fines políticos.
Para que la extorsión sea eficaz, debe estar fundada en hechos ciertos, que el afectado no desearía que salgan a la luz. ¿Tiene algo que ocultar el Presidente de la República? Tal como están las cosas y dada la correlación de fuerzas en el Congreso, es improbable que el supuesto chantajista amenace con promover un juicio político, a no ser que tenga claras pruebas de que Marito ha cometido o sigue cometiendo hechos punibles tan serios o inconductas tan vergonzosas, que hagan imposible su permanencia en el cargo. ¿A qué le teme? Si la extorsión hace que muy importantes puestos estatales sigan ocupados por “cartistas”, como parece aseverar Giuzzio, sería porque el líder de Honor Colorado dispone de un arma a la que podría recurrir en todo momento para asestar un golpe letal, política o penalmente.
Salvo que sea de lo más timorato o de lo más necio, costaría explicar por qué el Jefe de Estado se ata las manos, si las amenazas carecen de bases ciertas. Es probable que el ministro del Interior no haya advertido la gravedad de su afirmación: o es un charlatán o su enemigo íntimo está en posesión de datos que pueden hacer temblar al país. Urge, pues, que se den a conocer a la ciudadanía los entretelones de este asunto que pone en tela de juicio la capacidad del Jefe de Estado para ejercer el cargo con independencia, sin tener encima la espada de Damocles.
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Por de pronto, Marito quedó muy mal parado: si nada tuviera que temer, mal podría ser chantajeado. El problema es que estaría sufriendo esa ignominia y que ella lo inhabilita moralmente para continuar en el Palacio de López: es intolerable que el pueblo paraguayo sea regido por una persona sometida a los mandatos de otra, que es lo que debe suponerse mientras el ministro del Interior no se retracte o su jefe no lo desmienta. Lo afirmado por Giuzzio está muy lejos de ser trivial: no es presumible que allí se juegue alegremente con las palabras, de modo que las aquí comentadas deben tomarse con la seriedad debida: el Presidente de la República está siendo extorsionado y él se somete con toda mansedumbre, según el ministro del Interior.
Si el afectado carece del valor de hacer respetar la dignidad de su cargo, la ciudadanía, en defensa de la suya, tiene derecho a exigir que se den cuanto antes las explicaciones correspondientes. Es intolerable que lugares clave del Estado permanezcan ocupados por ciertas personas solo gracias a un presunto extorsionador, que se sale con la suya debido a la cobardía o a la conciencia sucia de quien las ha nombrado y puede destituirlas conforme a la ley, en el entendido de que entre ellas no figuran los “cartistas” de la Corte Suprema de Justicia, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, o el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana. La libertad también es necesaria para gobernar, sin infringir las leyes: quien carece de ella, por algún motivo confesable o no, debería tener la decencia de dimitir.
Por todo ello, es imperioso que el propio Marito siente una postura sobre lo expresado por el señor Giuzzio, si este no se desdice. El elegido en 2018 fue él y no Horacio Cartes, de modo que está obligado a responder a la confianza del electorado, demostrando que no está siendo teledirigido por su predecesor. De lo contrario, bien podría suponerse que, en lo que resta de su mandato, el chantaje podría servir no solo para que ciertas personas mantengan sus respectivos cargos, sino también para resolver otras cuestiones de mayor entidad, como las relativas al crimen organizado, de ser ciertas las reiteradas denuncias del ministro del Interior.