Suele decirse que agradecer a las autoridades por alguna obra realizada es como decirle “gracias” a un cajero automático por expedir dinero. En efecto, es inapropiado que quienes gobiernan el país se jacten de sus obras y se presenten como benefactores de la población en sus inauguraciones, pues fueron electos o aceptaron sus designaciones por propia voluntad, recibiendo jugosos salarios y ejecutan las obras con fondos que no salen de sus bolsillos, sino aportados por los propios contribuyentes. Lo afirmado resulta cada vez más claro a los “comunes”, por lo que últimamente ya no escuchan impávidos los autoelogios que se dispensan quienes presiden los actos, y salen a refregarles en sus caras la realidad en que vive una gran parte de la población. Les exponen el país real a quienes viven en una burbuja dorada.
En efecto, es infrecuente que los ciudadanos estropeen un acto concebido para el lucimiento del Gobierno, pero circunstancias muy dolorosas obligaron al menos a dos de ellos, en los últimos tiempos, a señalar a sus protagonistas las carencias trágicas que afectan sobre todo a la salud pública. En febrero de 2021, durante la inauguración de un parque sanitario en Villarrica, el taxista Joel Oviedo pidió dinero, a gritos y con lágrimas, para que su hermano reciba fármacos durante su terapia intensiva provocada por el coronavirus: “No tengo más plata, no tengo más nada”. Respuesta del presidente de la República, Mario Abdo Benítez: “Yo no soy médico de acá. No conozco los insumos que faltan”. En Coronel Oviedo, hace unos días, el comerciante Aníbal Rojas interrumpió un discurso del director de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos –oriundo del lugar–, en ocasión de la apertura de una planta generadora de oxígeno en el hospital regional: contó que su hijo de dos años falleció allí hace dos meses, sin haber podido recibir un cuidado intensivo, y anunció que donará al nosocomio un respirador neonatal que compró por 93 millones de guaraníes, con aportes de los ovetenses. Esta vez, Marito se puso más serio, pues habló de la “deuda histórica” con el sistema de salud y agregó que miente quien prometa que en cinco años se tendrá uno “infalible”. Es cierto que no se podría esperar tanto, pero sí que se reduzca el tremendo impacto que la corrupción, la ineficiencia y el clientelismo tienen sobre la sanidad: nada de eso ocurrió en los últimos cuatro años.
El hecho de que falten medicamentos no es atribuible solo a la escasez de dinero, sino también a los sobrecostos, a la falta de planificación y al exceso de personal burocrático. Lo que sostuvimos en un reciente editorial con respecto al cáncer, bien puede extenderse a otras enfermedades; en última instancia, no son ellas las que matan, sino la burocracia y el desinterés de las autoridades sanitarias, entre las que cabe incluir también a las del Instituto de Previsión Social (IPS): desde fines de noviembre y al menos hasta febrero, sus casi 200 asegurados con esclerosis múltiple se quejaban de la falta de remedios, porque la licitación pública no fue convocada a tiempo, en tanto que su director de Logística de Suministros de la Salud, Juan José Sánchez, tenía prohibido informar acerca de los medicamentos disponibles; no obstante, se pudo saber que entre enero y febrero faltaban nada menos que 43.
Como se sabe, allí hay privilegiados, que ni siquiera aportan al IPS; no lo es Juana Mercado, que debió esperar dos años para que la entidad, en virtud de un convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, autorice en febrero que le sea extirpada parte de un tumor en la cabeza: “Yo no soy la hija de fulano (...) no tengo plata, no puedo comprar la salud”, afirmó la citada mujer.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Algo similar ocurre en los centros de salud y en los hospitales regionales del Ministerio: los “recomendados” de los politicastros tienen un trato preferencial, lo que genera una desigualdad irritante. Según se ha denunciado con anterioridad, hay incluso quienes se surten de fármacos para destinarlos a la clientela, de lo que resulta que, paradójicamente, los del partido oficialista se benefician del desastre sanitario. El año pasado, la precandidata colorada a concejal de Asunción Eva Caje, enfermera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), realizó jornadas de atención médica, como parte de su campaña electoral, entregando medicamentos del MSPBS, aunque ella alegó que eran “muestras gratis”.
Lo antedicho no supone que sea innecesario aumentar el Presupuesto de este organismo para mejorar la calidad del gasto público, aplicando estrictamente la Ley N° 6622/20, que establece medidas para su racionalización. Mientras las carencias golpean a sectores como la salud y la educación –los niños siguen dando clases bajo los árboles–, son irritantes los privilegios que gozan los funcionarios públicos, que además de ser supernumerarios y la mayoría trabaja poco, reciben frecuentes aumentos salariales, aún en tiempos de graves crisis, como la pandemia del coronavirus. Precisamente, es indignante que, un día antes de que el señor Rojas se lamentara de la muerte de su hijo en un acto oficial, la Cámara Baja haya aprobado un aumento salarial de algo más de cuatro millones de guaraníes mensuales, para cada uno de los 804 actuarios del podrido Poder Judicial, lo que supondrá un mayor gasto anual de 43.226 millones de guaraníes. Con toda certeza, le seguirán otras mejoras forzadas por el funcionariado, ese poderoso grupo de presión que juega un papel tan importante en tiempos electorales.
La población –víctima de la calamidad sanitaria– no está organizada para reivindicar su derecho a la salud ante quienes sancionan y promulgan la ley presupuestaria, ni ante quienes la ejecutan sobre el terreno. Existe una asociación de pacientes con esclerosis múltiple y otra de pacientes con cáncer, pero no muchas más, siendo menester que se multipliquen asociaciones como ellas para que la voz de los maltratados por el sistema de salud pública se haga escuchar con suficiente fuerza. Es preciso, en fin, que la sociedad se haga sentir en defensa de un derecho tan relevante, para que no siga siendo vulnerada con toda impunidad por los corruptos, los ineptos y los negligentes.