Bajo la dictadura stronista, Petropar (Petróleos Paraguayos SA) se llamó REPSA (Refinería Paraguaya SA); inicialmente, la empresa fue una generosa concesión que hizo Alfredo Stroessner a la Bolivian Oil Company (BOC) para instalar y explotar el negocio petrolífero en suelo paraguayo. Empezó a funcionar en 1966 con una cláusula que estipulaba que la concesión vencería 15 años después, en 1981. Los negociados con el refinamiento y los combustibles finales fueron una mezcla de latrocinio y monopolio de carburantes que el stronismo manejó con férreos garfios y abultadas ganancias. Groseros negocios y componendas fueron denunciados a granel; nuestro diario les dedicó a los saqueos sólidas investigaciones documentadas junto con inapelables editoriales. REPSA era un negociado tan escandaloso que quedaron registros que hasta hoy día figuran en bibliotecas del mundo bajo el nombre de “Repsa, el negociado del siglo” (Luis Alberto Mauro); “Repsa, Fraude y entrega” (Domingo Laíno); “Repsa, yo y la agresión del ingeniero de los pastos” (Ezequiel González Alsina), y, “De REPSA a Petropar”, informaciones en torno al monopolio en el negocio del combustible en el Paraguay, con autoría del Banco Paraguayo de Datos (1981).
Terminada la concesión, en 1985 nació Petropar y el Estado paraguayo pasó a ser el único dueño del 100% de las acciones. El negocio iba a incluir la industrialización del petróleo y sus derivados, comercialización, transporte, distribución y hasta tenía atribuciones para prospección y explotación de yacimientos petrolíferos. Con Petropar no nos fue mejor que con REPSA: ya sea durante el stronismo como después del golpe de Estado de 1989, la corrupción fue inmisericorde.
La situación de la petrolera se ha ido agravando con el tiempo. Era un mal negocio: la rentabilidad bruta de la estatal se ha desmoronado de unos 854.691 millones de guaraníes en el 2016 a 662.636 millones en el 2020. La rentabilidad neta fiscal se ha desbarrancado de 386.639 millones de guaraníes en el 2016 a CERO en el 2019.
Lo que aparentemente no cae es el nivel de corrupción ni el volumen de plata que allí se mueve anualmente, según datos que surgen del Presupuesto General de la Nación: para el 2022 figuran unos 5,2 billones de guaraníes. La danza de dinero es multimillonaria en adquisiciones de productos y fletes y, lo que es peor, la transparencia de las operaciones de la petrolera estatal ha ido en sentido inversamente proporcional al aumento de los negocios: a mayor volumen de dinero se ha instalado una mayor oscuridad. Tanta es la opacidad que han brotado los más insólitos despilfarros –como el de Patricia Samudio y la millonaria compra de agua tónica y tapabocas de oro– y los más grandes acuerdos secretos –como el del actual titular Denis Lichi que iba a pagar casi 9 millones de dólares a unos argentinos que demandaron a la petrolera–. De hecho, será el mismo Lichi –quien aspira al cargo de gobernador de Cordillera en las próximas elecciones, por el abdismo– quien manejará la friolera de 60 millones de dólares que se entregará a la petrolera para que subsidie combustibles.
Los históricos saqueos son incontables y han sido perpetrados por insaciables. Todavía pasea en tribunales de París la demanda de la estatal venezolana PDVSA que demanda al Paraguay por casi US$ 300 millones de deudas impagas, que arrancaron bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y se agigantaron bajo el de Fernando Lugo. Según el tratado firmado en el 2008, para el año que viene deberíamos pagar el préstamo que fue de 15 años con dos de gracia y un interés del 2% anual.
Groseros negociados han surgido con autoridades y políticos, quienes, junto con algunos funcionarios infieles dentro de la petrolera, han dinamitado las finanzas. En cada Gobierno de turno, Petropar ha forjado nuevos millonarios favorecidos con millones de dólares en concepto de fletes adjudicados bajo la mesa, sobrefacturaciones, compras irregulares a proveedoras de maletín y daños patrimoniales al Estado paraguayo como el ocurrido con la planta de concentración de vinaza y patio de compost, por casi 2.500 millones de guaraníes en la alcoholera de Troche.
Bajo el gobierno de Horacio Cartes, Petropar incursionó en el negocio de competencia con sus propias estaciones de servicio. Varias de ellas fueron habilitadas en predios de seccionales y administradas por políticos de varias nucleaciones. De las 228 estaciones que figuran en el listado oficial de la petrolera, solo seis pertenecen a la estatal.
Hoy, en pleno año electoral, con precios referenciales volátiles por culpa de la cotización internacional, se alimentará al Petropar de tantos históricos robos con unos 60 millones de dólares, US$ 20 millones por mes. Ese dinero –dicen que– será para subsidiar combustibles que venderá la petrolera a sus estacioneros, para que a su vez entreguen a la ciudadanía a un precio más barato.
Dados los antecedentes de malversaciones, despilfarros y saqueos, existe el legítimo temor de que los 60 millones de dólares que se inyectarán para subsidiar el combustible de Petropar, terminen fagocitados y robusteciendo las arcas de los bandidos de siempre. En pleno año electoral, el gobierno de Mario Abdo Benítez abre nuevamente las mangueras que nunca se han cerrado a la corrupción. Desde allí se derramará abundante el dinero de un pueblo cada vez más empobrecido, con zonas geográficas que no tienen ni una sola estación de servicios de Petropar donde comprar más barato el combustible subsidiado y necesario para trabajar, producir y alimentar a las familias. Esto solo confirma nuestras sospechas: hoy como ayer, Petropar sigue con la misma histórica hediondez a costa del bolsillo del pueblo paraguayo.