El día 18 de marzo, unas tres semanas atrás, el Senado desconvocó la sesión extraordinaria que tenía prevista para el viernes 19, por la mayoritaria oposición que en su seno existía a crear un fondo de estabilización de precios de combustibles endeudando a nuestro país por cien millones de dólares para capitalizar dicho fondo.
La mayoritaria oposición se basó en el más elemental sentido común y en la más pura lógica para rechazar el despropósito de un fondo de estabilización de precios de combustibles: nuestro país es un tomador neto de precios en materia de hidrocarburos, carece de cualquier posibilidad de influir en sus costos, ni siquiera en los de los fletes que los traen hasta aquí, ni en los elementos de riesgo que lo informan ni en cualquier otro componente que se pueda imaginar de los mismos.
Luego, el sentido común, la lógica y la ciencia económica señalan de manera coincidente que lo saludable en casos como este es dejar, simplemente, que el precio local refleje el costo real con la menor distorsión posible.
Y a eso se atuvo, el 18 de marzo, una buena mayoría del Senado, en una posición consistente en todo con lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución Nacional, que rechaza cualquier falsificación de los precios.
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El Gobierno, en cambio, por un interés que no cabe más remedio que atribuir a sus urgencias electorales, impuso mediante su pusilánime acompañamiento de cierres de rutas y su laxitud ante la violencia principalmente de sus cómplices en los gremios de camioneros, un subsidio a la empresa Petropar, para sus combustibles nafta de 93 octanos y diésel tipo III, un subsidio discriminatorio, violando los artículos 46 y 107 de la Constitución, que costaría a los contribuyentes unos sesenta millones de dólares según las estimaciones más cautas.
Mediante la coacción al Congreso de parte de patotas violentas toleradas por el Ejecutivo, el Gobierno arrancó al Legislativo ese lamentable subsidio.
Tan escandaloso fue esto que hasta la Comisión Nacional de Competencia (Conacom) se pronunció contra la legislación oficial, que nunca tuvo otro apoyo que la fuerza bruta ejercida al abrigo de un gobierno que alegó su propia conveniencia para permitir que se pisoteen bárbaramente los derechos de la ciudadanía al libre tránsito.
Así pasaron las últimas tres semanas, cada día de las cuales fue una demostración creciente de la injusticia de la política gubernamental, favoreciendo a un solo emblema sobre otros –discriminación–; con un precio artificial –ruptura de la competencia–; y privilegiando a apenas doscientos veintitrés propietarios de estaciones de servicio del mismo, en su mayoría entenados políticos, a costa de los demás dos mil trescientos que hay en el país.
Sorpresivamente, entre gallos y medianoche, se gestó esta semana la convocatoria a otra sesión extraordinaria del Senado, para tratar el mismísimo proyecto que se había rechazado tres semanas atrás, con la ridícula excusa de que ello permitiría poner fin al injusto subsidio a Petropar.
Ridícula excusa porque no es cierto que una injusticia pueda solucionarse con otra, y porque es una mentira flagrante que el fondo de estabilización sea distinto al subsidio. Es también un subsidio, extendido es cierto, pero tan distorsionador como el que pretende reemplazar y que será pagado, del mismo modo, con dinero de los contribuyentes.
Un proyecto cocinado en otro lugar fue groseramente entregado a los senadores que debían tratarlo apenas unas cinco horas antes de la sesión en la que los apalabrados lo impusieron, según relato que realizó el senador Blas Llano.
Aunque hay senadores cobardes que cambiaron el sentido de su voto en el corto lapso de tres semanas sin dar mayores explicaciones, la responsabilidad principal recae sobre el gobierno, que se esfuerza denodadamente por pisotear a los que trabajan y pagan impuestos para favorecer seguramente a quienes le van a financiar sus huecas campañas electorales.
La responsabilidad está ahora en la Cámara de Diputados, cuyos miembros deben elegir entre servir al país y al pueblo o servir a los oscurísimos intereses que están moviendo este proyecto a tambor batiente para apoderarse de dinero que nuestro Estado no tiene para un asunto que no puede solucionar y que, obvia y evidentemente, se destinará bajo la mesa a una repugnante repartija.
Con todo esto quedan despejadas las pocas dudas que abrigaban aún, contra toda evidencia, los pocos que seguían creyendo en él, que el gobierno de Mario Abdo Benítez no tiene interés alguno en ponerse al lado del pueblo y que su único plan ha sido siempre favorecer a sus amigos.