El nuevo atentado cometido por el EPP y el notable aumento del número de asesinatos por encargo vuelven a demostrar que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con su función básica de preservar la vida de las personas, ejerciendo el monopolio de la fuerza legítima. Al hecho de que al cabo de cincuenta años esa banda criminal no haya podido ser derrotada, se le ha sumado en los últimos meses la actuación cada vez más vigorosa de sicarios de la mafia. Urge, pues, que la Fuerza de Tarea Conjunta, dependiente del Comando de Operaciones de Defensa Interna, y la Policía Nacional (PN), entre otros organismos de seguridad, pongan a punto sus recursos humanos y materiales para preservar el orden público y reprimir las reiteradas actividades criminales de una y otra índole.
Con los dos alambradores ultimados a inicios de abril, el EPP sumó 74 asesinatos en los últimos 25 años, sin que haya el menor indicio de que su sangriento historial vaya a terminar pronto. Al contrario, el ataque de ayer a una camioneta militar, con el empleo de una “carga explosiva improvisada”, muestra que sigue tan campante, mientras mantiene cautivos al expresidente de la República Óscar Denis, al suboficial de policía Edelio Morínigo y al ganadero Félix Urbieta. No se puede quejar el Gobierno de que la ciudadanía sea impaciente: pasan los años y sigue siendo incapaz de poner fin a la zozobra en el norte de la Región Oriental, pese a los cambios organizacionales y de conducción, así como a los considerables gastos, incrementados en 2021 con 31.500 millones de guaraníes adicionales para la compra de equipos.
Ni la envergadura del EPP ni la topografía del área de operaciones sugieren que la tarea tendría que ser muy difícil, salvo que se quiera hacer creer que la banda criminal cuenta con el silencioso apoyo de numerosos pobladores. De vez en cuando da un golpe de efecto, que pronto pasa al olvido, junto con el calvario de los secuestrados, porque los dramas nacionales no son pocos y los actores políticos se distraen con incesantes querellas internas, prematuras campañas electorales y costosas concesiones populistas: creen cumplir con su deber destinando fondos a la fuerza militar-policial, para luego desentenderse del asunto. En una palabra, el EPP no es un tema de constante actualidad, lo que podría implicar –lamentablemente– que la sociedad llegue a acostumbrarse a lo intolerable. Algo similar podría ocurrir con el llamado sicariato, si los organismos de seguridad no reaccionan a tiempo, como corresponde: solo en la última semana, una banda armada liderada por un narcotraficante asesinó en el Amambay a tres agentes del Departamento Antinarcóticos de la PN e hirió a otro, tres brasileños balearon en Juan León Mallorquín al subcomisario Fernando Ruiz Díaz, por encargo del jefe del grupo criminal Os Manos y un exconvicto fue asesinado en Asunción, presuntamente por desacuerdos con miembros recluidos del famoso clan Rotela.
Por cierto, el comandante de la PN, Gilberto Fleitas, atribuye el aumento de los casos de asesinato por encargo a la “impunidad” reinante en las cárceles, desde donde se impartirían órdenes en el marco de disputas entre “patroncitos” en torno al mercado de drogas ilícitas: hasta hoy, solo se sabía de llamadas telefónicas extorsivas realizadas por internos a personas ajenas al submundo. La situación ha empeorado, ya que la mafia ha extendido su campo de operaciones, en la medida en que sus sicarios ya no se limitan a matar en Pedro Juan Caballero o en Capitán Bado. Si sus tentáculos de guante blanco están instalados en todas las instituciones, al decir del Presidente de la República, los de guante ensangrentado están llegando a las calles de todo el país, con el evidente riesgo de que las “vendettas” a balazos alcancen a personas inocentes.
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Las guerras contra el EPP y la mafia deben empezar a ganarse en el campo de la inteligencia, es decir, en el acopio de informaciones, para lo cual se tiene no solo la Secretaría Nacional de Inteligencia, a cargo de Esteban Aquino Bernal, sino también todo un pomposo Sistema Nacional de Inteligencia, del que también forman parte los ministerios del Interior y de Defensa, así como las Fuerzas Armadas. A poco de asumir el cargo, el ministro del Interior, Federico González, dijo que iba a ocuparse de esta cuestión, lo que sería muy deseable para que, entre otras cosas, no se repita el escándalo de que su antecesor haya recibido en su despacho a un narcotraficante brasileño.
Urge que desde las oficinas competentes y en el terreno de operaciones se combata con mucha mayor eficiencia a los delincuentes, para lo cual habrá que tener una auténtica voluntad política y una fuerza pública confiable, esto es, libre de corruptos e infiltrados. La PN y las Fuerzas Armadas deben justificar con hechos sus respectivos presupuestos, sometiendo a quienes recurren a la violencia para destruir el régimen democrático o dirimir sus conflictos “comerciales”, ensangrentando al país.