Por el momento, pareciera que los buitres no se saldrán con la suya y no consumarán al menos uno de los saqueos en la petrolera estatal Petropar. El presidente Mario Abdo Benítez vetó ayer, parcialmente, la ley que hubiera habilitado al ente a hacer sus procesos de contrataciones totalmente al margen de la ley de Contrataciones Públicas. El proyecto fue inicialmente presentado con la intención de excluir solamente la obligatoriedad de declaraciones juradas a los proveedores; sin embargo, uno muy distinto fue el que terminaron presentando y aprobando a tambor batiente en el Congreso.
El proyecto de ley que hubiera permitido pegarles unas buenas dentelladas a los fondos de la petrolera burlando todas las exigencias de la ley de Contrataciones Públicas fue presentado por colorados y opositores –una iniciativa de consenso–, según dijo en su momento el senador liberal José “Pakova” Ledesma. Hasta hoy día nadie ha podido explicar por qué los legisladores cambiaron la versión inicial de liberar solamente la obligación de presentar declaraciones juradas; nadie se hace cargo ni explica a santo de qué terminaron transformando el proyecto en una “licencia para robar” y burlar la ley en pleno año electoral.
Como en casi todas las decisiones de autoridades y políticos, gracias a publicaciones de nuestro diario, por esta vez, se actuó a tiempo y se logró parar el negociado sin que hubiera mayores consecuencias para quienes estuvieron a punto de perpetrar una salvajada. Comprar sin ninguna regla, control ni obligación de transparencia es una modalidad de contrataciones que Petropar ya tuvo en décadas anteriores; las arbitrariedades y la voracidad en adquisiciones, fletes y oscuros negocios consumaron una gigantesca sangría al pueblo paraguayo. Al amparo del dinero robado, se crearon gruesas fortunas dentro del sector privado con beneficios y regalías para algunos altos funcionarios públicos.
Es de esperar que los legisladores sean conscientes de que el pueblo paraguayo ya no está en condiciones de generar negociados para nada ni nadie. Todas las miradas estarán atentas para registrar quiénes son los que pretenden prepararse un festín a costa de los negociados en la petrolera; pudieron engañar una vez presentando un proyecto y aprobando otro muy distinto. La segunda vez, todos aquellos cómplices y encubridores de estos intentos de fagocitarse el dinero público serán acusados de traición a la patria, y es de esperarse que el peso de la ley caiga con fuerza sobre la cabeza de todos quienes estén actuando, solapadamente, como verdaderos ladrones y oportunistas del ya escuálido dinero público.
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Mientras aún resuena este intento del golpe a las arcas de la petrolera estatal, puenteando la ley, ya viene avanzando otro golpe a tambor batiente y nuevamente sobre la misma Petropar. Paraguay ha sido demandado por la Venezuela de Nicolás Maduro para el cobro de unos 300 millones de dólares, deuda iniciada con la petrolera PDVSA bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y engrosada bajo el de Fernando Lugo. Nadie aún sabe por iniciativa de quién o quiénes están varios parlamentarios venezolanos en nuestro país, dicen que, con la intención de restablecer relaciones y bajar los precios.
En junio del 2016, la Venezuela de Nicolás Maduro a través de la estatal venezolana PDVSA demandó a la República del Paraguay para que pagara la deuda por provisión de combustible iniciada en el 2004. Según el Gobierno de Horacio Cartes, en siete oportunidades viajaron autoridades de Petropar y del Gobierno a Venezuela para avanzar en una solución a la deuda… sin éxito. La demanda terminó en un Tribunal Arbitral de París sin visos de soluciones… hasta hoy en que aparecieron parlamentarios venezolanos para decir que buscaban restablecer relaciones diplomáticas con Paraguay… para luego renegociar la deuda con la petrolera estatal venezolana, e incluso, que Paraguay volviera a comprar combustibles a precios más bajos.
Sobrados motivos tenemos para sospechar que esta deuda contraída por Petropar con PDVSA pueda ser usada como un guiño de campaña electoral para diversos sectores políticos. También tenemos fundadas y comprobadas razones históricas que confirman que varios pactos oscuros se han cobijado precisamente a la sombra de un año electoral. Venezuela se ha negado a toda posibilidad de acuerdo, y de repente, no solo se muestra favorable sino además aparecen legisladores para negociar: cuando la limosna es grande, y con reuniones que se han mantenido tan poco transparentes sobre las causas y finalidades, hay motivos para la desconfianza. Sean quienes sean los que están detrás de posibilidades de componendas y acuerdos poco claros, mejor que vayan sabiendo que el pueblo está atento a cualquier jugada de espaldas a la legalidad y a la democracia.