Nada más habitual en la politiquería criolla que intercambiar fortísimas acusaciones personales, sin que el hecho tenga consecuencia alguna ni para el ofensor ni para el ofendido. Más aún, al poco tiempo se abrazan cordialmente, como si nada hubiera ocurrido, y muy pronto olvidan los agravios proferidos. “El aquí no ha pasado nada” implica menos la falta de rencor de los contendientes que su certidumbre de que las gruesas palabras están muy devaluadas por su empleo excesivo como engañabobos. El 8 de octubre de 2016, el entonces senador Mario Abdo Benítez (ANR) afirmó en San Lorenzo que el presidente de la República Horacio Cartes era “el mayor contrabandista que tiene el Paraguay”; el 6 de noviembre, en San Estanislao, lo convirtió solo en “el mayor contrabandista de cigarrillos”. El 28 de diciembre de 2017, el denunciado y el denunciante se reencontraron en la residencia presidencial. Cartes, entonces al frente del Gobierno, tuiteó: “Ahora somos todos lista 1, 100% de entendimiento”, en tanto que Marito se mostró “satisfecho” y agradecido: “El presidente no me ha puesto ningún condicionamiento (...) está dispuesto a trabajar con el partido y contribuir desde su experiencia a favor de todos los paraguayos”, agregó.
En los dos mitines antes referidos, realizados en el marco de una campaña electoral interna, Marito no había apoyado con pruebas sus graves afirmaciones. En busca ahora de la presidencia de su partido, el hoy jefe de Estado ha vuelto a la carga contra su adversario electoral Horacio Cartes, esta vez aludiendo a un presunto documento que demostraría que también cometió el hecho punible de soborno agravado, punido con hasta tres años de cárcel. “Estas no son calumnias, ni injurias ni difamaciones; son realidades comprobadas en papel”, dijo, en el sentido de que existiría una planilla de pagos de Tabacalera del Este SA, empresa del Grupo Cartes, revelada por funcionarios del Poder Ejecutivo. Allí constaría que, en 2019, el exjefe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, cobraba 16.500.000 guaraníes mensuales. Ahora está siendo investigado por el Ministerio Público por presunta frustración a la persecución penal, pues recién en abril de este año entregó un informe, concluido en 2017, sobre las actividades ilícitas de Darío Messer, hoy condenado en el Brasil.
El Presidente de la República expuso su gravísima imputación en un discurso pronunciado en Mauricio José Troche, siendo de esperar que la formalice ante el Ministerio Público, pues el Código Procesal Penal obliga a los funcionarios a denunciar los hechos punibles que conozcan en ejercicio del cargo. Así las cosas, si Cartes no cometió el delito que se le atribuye y Boidanich el de cohecho pasivo agravado, Marito perpetraría el de calumnia o hasta el de producción o uso de un documento no auténtico, penado con hasta cinco años de prisión o con multa.
Más allá de las disquisiciones jurídicas, la ciudadanía debe exigir que una acusación tan severa como esta no caiga en la nada, como siempre ocurre: el Presidente de la República o su antecesor habrían delinquido, de modo que aquí no cabe aquello de hacer borrón y cuenta nueva antes de unos comicios generales. Como no hay “100% de entendimiento” posterior que pueda valer frente al Código Penal, es necesario que el Ministerio Público actúe de oficio en el caso del presunto soborno agravado, si el Presidente de la República no cumple cuanto antes con su deber de entregarle la denuncia. La calumnia es un delito de acción penal privada, de modo que es de suponer que Horacio Cartes hará cuanto crea oportuno para despegarse de tan serias acusaciones, porque lidera un importante sector del partido oficialista y, sobre todo, porque presidió el país cuando su “hermano del alma” habría sido protegido por la Seprelad, a instancias suyas.
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Es hora de que los delitos imputados al calor de una contienda electoral tengan consecuencias penales para el acusado o para el acusador: no todo está permitido, más aún para quienes ocuparon u ocupan la jefatura del Estado. El respeto a la dignidad del cargo y a la del pueblo que los ha elegido exige que esta cuestión se dirima en la Justicia antes que en las urnas. Sería deleznable que, tras abandonar el cargo y según el reemplazante, un presidente de la República haya retribuido con un sueldo mensual a quien habría encubierto el lavado de dinero que realizó un amigo suyo. Como también lo sería que haya sido acusado falsamente, urge que aquí se pongan todas las cartas sobre la mesa. Si Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez creen gozar de alguna credibilidad, deberían ser los más interesados en preservarla. Si confiaran en que este escandaloso asunto quede enterrado con un nuevo abrazo, el uno carecería de amor propio y el otro resultaría un charlatán. La ciudadanía tiene derecho a saber quién es quién y, sobre todo, que el peso de la ley caiga sobre quien haya cometido un hecho punible.