Sacar a los militares a la calle, estado de excepción en tal o cual departamento, juicio político al Presidente de la República, dotar de más presupuesto a la Policía, son algunas de las conocidas cantinelas que suelen proponer legisladores y políticos cada vez que ocurre un crimen de gran repercusión. Algunas medidas coyunturales son adoptadas ante la repercusión del delito, pero duran apenas hasta que otro acontecimiento similar saca de cartelera el anterior. Mientras tanto, las decisiones que podrían ser efectivas siguen brillando por su ausencia. Por ejemplo, adquisición de radares y escáneres para impedir el tráfico ilegal de mercaderías. Hace ya un largo tiempo, en su época de ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio mencionó la necesidad de esos elementos y anunció dichas compras. Ahora de nuevo se está hablando de lo mismo, y así será otra vez cuando se produzca un nuevo atentado resonante. Pero los radares y escáneres seguirán brillando por su ausencia, porque molestan a los narcotraficantes y contrabandistas. El crimen organizado, tranquilo y agradecido. Sabe que no se lo va a correr con la vaina.
Tras el atentado sufrido por el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo (PLRA), el ministro del Interior, Federico González, sostuvo que “no vamos a rendirnos” en la guerra declarada por la mafia. Esto no implica necesariamente vencer; más bien, trasunta que el Estado se halla en la defensiva, como surge además del hecho de que cueste encontrar directores policiales dispuestos a trabajar en el Amambay, debido a la fuerte presencia del crimen organizado, según lo reveló el comandante de la Policía Nacional (PN), Gilberto Fleitas. Al mismo tiempo, informó que la presencia policial en Pedro Juan Caballero fue duplicada, con el apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas y de la Fuerza de Tarea Conjunta, creada en 2013 para combatir a la banda criminal EPP en áreas rurales. Empero, ya intervino en dicha ciudad, sin resultados apreciables, cuando en octubre del año pasado fue asesinada, junto con tres personas, una hija del gobernador Ronald Acevedo (PLRA); ahora volvió a ser llamada “por tiempo ilimitado” para “cubrir diferentes puntos”, según su vocero, el Tte. Cnel. Luis Apesteguía.
Da la impresión de que los estrategas creen que la victoria en la lucha contra el crimen organizado dependerá del número de efectivos empleados, cualquiera sea su experiencia de combate. El comandante de la PN declaró que el desafío será mantener constante el tamaño del contingente policial en la zona, lo que seguramente conllevará descuidar otras. Conste que en este caso lamentó “una impericia en materia preventiva”, razón por la que habría sido relevado el director policial del Amambay, comisario general Éver Caballero. En tal sentido, sostuvo que, así como las fuerzas de seguridad realizan labores de inteligencia, los delincuentes a su vez analizan constantemente sus movimientos. Parece que estos son más eficaces en una cuestión de enorme importancia en la guerra provocada, pues probablemente supieron que el agente policial que custodiaba a la víctima había viajado a Asunción. Dado que Pedro Juan Caballero no es una metrópoli, la PN debería conocer el mundo del hampa tan bien como este la conoce, ya que sería una de las instituciones “permeadas”, al decir del propio presidente Mario Abdo Benítez.
Cuando en nuestro país ocurre un crimen de notable impacto en la opinión pública, lo que se estila es tomar una iniciativa impresionante, como para demostrar la supuesta “admirable capacidad de reacción del Estado”, pero, como señalamos, cuando las fuerzas de reacción se repliegan, las cosas retornan a la “normalidad” de siempre y los criminales vuelven a programar sus ataques. Y así sucesivamente.
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Por supuesto, la politiquería criolla, siempre deseosa de mostrar su “patriotismo” aporta su cuota de propuestas ya conocidas. Entre ellas figura también casi invariablemente la interpelación a alguna autoridad, como si ya no se conociera de antemano que los agentes del crimen organizado se mueven a sus anchas debido a la inutilidad o complicidad de quienes deben combatirlos, los jueces y fiscales. Por otra parte, mal puede interpelar una Cámara a algún funcionario si ella misma no es capaz de sanear sus filas de elementos que, según informes oficiales, se dedican a actividades ilícitas. Así pues, sería llamativo que el jefe de Estado fuera destituido por un Congreso que hasta marzo tuvo en sus filas a Juan Carlos Ozorio, imputado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal, y que aún cuenta con al menos tres diputados que habrían intervenido en operaciones delictivas de igual o similar índole.
El crimen organizado seguirá ensangrentando el país mientras la ineptitud y la corrupción sigan campeando en el aparato estatal. Hay propuestas que solo sirven para ganar votos de incautos. Por de pronto, resta confiar en que la campaña electoral ya en curso no distraiga la atención ciudadana del crimen organizado en auge, que ha planteado un duro reto que debe ser respondido con fuerza e inteligencia, en el marco de las leyes vigentes y con un personal idóneo y honesto. Para eso, más que propuestas vacías que provienen de los órganos legislativos y de políticos siempre en campaña, hace falta que jueces y fiscales se liberen de las ataduras de padrinos poderosos y apliquen la ley como corresponde. Solo así los miembros del crimen organizado pensarán dos veces antes de usar como guarida el Paraguay.