Cuando la corrupción se halla muy arraigada, los modelos administrativos que se apliquen para evitarla a veces pueden tener el efecto contrario. Si el remedio habitual de reforzar supuestamente los controles internos, aumentando los trámites administrativos, alienta el soborno para acelerarlos, la idea de “tercerizar” la ejecución presupuestaria a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) o sin fines de lucro, ha generado en este país una alianza público-privada entre sinvergüenzas de ambos sectores, incluso con la intervención de simples testaferros de los instalados en el aparato estatal.
La experiencia acumulada al respecto es simplemente desoladora: están frescos en la memoria los más de 200 pozos de agua abiertos por encargo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), bajo la gestión del condenado Justo Pastor Cárdenas, y los tremendos presuntos desmanejos de Hugo Javier González (ANR) en el uso de los fondos recibidos para el departamento Central durante la emergencia sanitaria, similares a los atribuidos hasta ahora a los gobernadores colorados César Ramírez (Canindeyú), Pedro Díaz Verón (Caazapá), Juan Carlos Vera (Guairá), José Domingo Adorno (Alto Paraguay) y Juan Carlos Baruja (Paraguarí).
Y bien, tras el estallido de los primeros escándalos referidos, la Ley del Presupuesto General de la Nación dispuso que los fondos transferidos a las gobernaciones sean invertidos en obras a ser construidas en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas. De esta manera quedaban excluidas las ONG, a las que los Gobiernos departamentales recurrían precisamente para eludir esta ley, tildada de “engorrosa” por el mencionado gobernador de Central, hoy separado del cargo. La reacción de los interesados en el contubernio no se hizo esperar, pues en marzo, el Senado aprobó un proyecto de ley que incluye dichos fondos entre los “aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro”, con lo que se volverían a facilitar las escandalosas malversaciones. La reprogramación supone la friolera de 75.982.459.310 guaraníes, que serán distribuidos entre las ONG “amigas”, que a su vez podrán gastarlos discrecionalmente, debido al escaso o nulo control y la falta de transparencia. La insensata decisión, desde el punto de vista del bien común, fue confirmada por los diputados y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. Es increíble el escaso apego de los legisladores por el cuidado de los recursos públicos.
Las muy graves irregularidades perpetradas en la Gobernación del Departamento Central, al amparo de la permisividad hasta entonces vigente, fueron constatadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Se espera, por tanto, que el Presidente de la República objete esta suerte de carta blanca para la corruptela desaforada en tiempos electorales, acogiendo así el dictamen unánime de la Comisión de Cuentas, Control y Ejecución Presupuestaria, de la Cámara Baja; según su presidente, la diputada Celeste Amarilla (PLRA), el Consejo de Gobernadores, presidido por el sospechado Juan Carlos Baruja, ni siquiera ha informado sobre el número de colegios subsidiados en sus respectivos departamentos. Desde luego, también se ignora cuáles son las ONG beneficiadas, pero no así que son nada menos que 124 las escogidas directamente por el Congreso para cubrir sus gastos operativos de este año, como si cada una de ellas hubiese sido examinada en cuanto a sus fines, antecedentes y autoridades: todo depende de la influencia de sus respectivos “padrinos” legisladores.
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Además, hay órganos, como el Indert, que las eligen por sí mismas para eludir la Ley de Contrataciones Públicas y a la vez favorecer a sus asociados. Todo esto significa que el modelo en cuestión –aportes monetarios a ONG o diseño e implementación de programas por parte de ellas– se ha desvirtuado por completo, debido también a las componendas no detectadas oportunamente por la Contraloría General de la República, que puede emplazar a las entidades sin fines de lucro a que presenten informes, estando desde ya obligadas a publicar por internet el acta fundacional, así como la lista de sus dirigentes y el detalle del gasto de los fondos públicos recibidos: nada de esto estaría siendo cumplido, pese a estar previsto en la ley orgánica del mencionado órgano.
Sin duda, existen ONG que hacen bien su trabajo, pero la experiencia enseña que, en general, el dinero del contribuyente está siendo malversado sistemáticamente. Si es así, y como no hay visos de que la gestión vaya a mejorar gracias a la honestidad de quienes seleccionan a las beneficiarias del aporte estatal y al estricto control preventivo del desempeño de estas, conviene no solo que se mantenga la obligación impuesta en la actual ley presupuestaria a las gobernaciones, sino que incluso se revise todo este mecanismo de cooperación, que se ha convertido en un costoso engaño. Está visto que las buenas intenciones son totalmente distorsionadas ante la podredumbre reinante.