Con este nuevo empréstito, el saldo de la deuda pública supera los 14.300 millones de dólares, alrededor del 35% del PIB, que es el valor anual de todos los bienes y servicios que se producen en el país, frente a los 2.839 millones de dólares, o 10,5% del PIB, del año 2010. En poco más de una década el Estado quintuplicó su endeudamiento sin una contraprestación mínimamente equiparable para la ciudadanía, ya que Paraguay sigue estando entre los de peor infraestructura de América Latina, junto con Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua, según el Índice de Competitividad Global.
Es como una familia que saca crédito tras crédito, pero no para invertir en una mejor vivienda, o en un bien de capital o negocio que le produzca ingresos, o en una educación de alta calidad para los hijos, o en algo que incremente su patrimonio, sino para gastar mucho más de lo que puede generar, darse todos los gustos por una sensación de falsa abundancia, despilfarrar muy por encima de sus posibilidades. En algún momento, cuando haya que empezar a pagar la cuenta, la familia se encontrará con que ya no alcanzará el dinero, habrá que sacar nuevos préstamos para cubrir los anteriores, faltará hasta para las necesidades más básicas, hasta quedarse sin nada y con la soga al cuello. Es lo que les ha pasado a muchos países, con varios tristes ejemplos en nuestra región, y es el camino que está tomando Paraguay.
La tendencia comenzó a hacerse exponencial en el gobierno de Horacio Cartes y se acentuó todavía más durante la actual administración de Mario Abdo Benítez, que hicieron uso y abuso del reingreso paraguayo al mercado internacional de deuda soberana a partir del año 2013. Cartes recibió el país con una deuda de 4.174 millones de dólares y lo entregó con una de 8.041 millones, prácticamente el doble. En lo que va del período de Marito ya se sumaron otros 6.300 millones de dólares. A este ritmo se llegará al 40% del PIB antes del término de este mandato presidencial, un valor considerado “crítico” por los evaluadores internacionales de riesgo, con la sombra implícita del default.
Durante este Gobierno y el anterior los bonos del Tesoro han sido una “tarjeta de crédito” en manos de los “responsables” de la administración del Estado, con la anuencia del Poder Legislativo. Se ha estado emitiendo más y más deuda con bonos sin necesidad de presentar proyectos previos ni apropiada rendición de cuentas, simplemente para inflar el gasto público, con amplias discrecionalidades para decidir cómo distribuir los fondos, y para un constante y sistemático “bicicleteo”.
Anteriormente la deuda externa nacional era mayormente con organismos multilaterales de crédito, lo que requería un proceso de justificación y asignación específica para proyectos concretos, con estudios previos de factibilidad. Pero este nuevo préstamo del BID demuestra que ya ni siquiera existe esa garantía, dado que el mismo es otorgado, de manera general, para “cubrir las necesidades de financiamiento” de acuerdo con lo establecido en el artículo 265 de la ley de Presupuesto 2022, que es el que eleva el tope del déficit fiscal del 1,5% al 3% del PIB. Léase: para tapar agujeros.
De hecho, el principal motivo por el que se recurre al BID es el deterioro de la situación macroeconómica y monetaria, causado precisamente por el déficit fiscal, lo que se refleja en una inflación que ya supera los dos dígitos y que eleva las tasas de interés de los propios bonos con los que se financia el Estado. Todo un círculo vicioso.
La ciudadanía es la que paga las deudas, pero en su mayoría no es la que recibe los beneficios. En vez de más y más préstamos, los gobernantes y políticos de una vez por todas deben aprobar y llevar adelante la reforma del Estado que vienen prometiendo hace más de treinta años.