12 de septiembre de 2026
Estado paraguayo
Bomberos exigen que el Estado invierta en los cuarteles y dejar de depender de donaciones
Desde la Asociación de Bomberos respaldan el proyecto de financiamiento estatal, impulsado por el senador Eduardo Nakayama, señalando que cubren un rol constitucional que el gobierno adeuda desde hace años mientras se priorizan otros sectores públicos.
Falta de control en instituciones del Estado le cuesta caro a la gente
La falta de control interno es una de las principales causas del fracaso en las instituciones públicas. Esta falta de control propicia el avance voraz de la corrupción y, en consecuencia, el decadente servicio público que repercute en la salud, la educación, la seguridad y, en general, en los derechos básicos de la población. Según el informe publicado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre los medicamentos vencidos del Hospital de Clínicas, se “revela una gestión deficiente (…) caracterizada por el uso inadecuado de recursos públicos (medicamentos vencidos por valor millonario) y una falla en los controles administrativos (falta de sistemas informáticos y manuales) que pone en riesgo tanto la finanza del Estado como la salud de los pacientes”. El uso inadecuado de recursos públicos es la definición de lo que se entiende por “corrupción”.
Más de US$ 100 millones en alquileres pese a inversión en oficinas de Gobierno
Entre 2021 y 2024, el gasto del Estado paraguayo en alquiler de edificios y locales se mantuvo en niveles elevados con un aparente crecimiento leve dado que varias dependencias no registran ejecución en algunos años, tal como se puede observar en la infografía. De acuerdo con datos disponibles del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto total destinado a este rubro pasó de G. 187.759 millones en 2021 a G. 200.409 millones en 2024, y más de G. 789.134 millones con todas las fuentes de financiamiento en el mencionado periodo (US$ 110.337.581 al tipo de cambio promedio).
La intención de silenciar voces sigue vigente en Paraguay
Esta semana, Paraguay será sede de audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 180º periodo de sesiones de este tribunal, que ya ha dictado 15 sentencias contra el Estado paraguayo por su responsabilidad internacional de violación de derechos humanos, de las cuales, hasta ahora dos de ellas son por violación a la libertad de expresión. Estas sentencias, en los casos “Ricardo Canese” y “Santiago Leguizamón” dejaron para el país estándares de protección a la libertad de expresión y la obligación reforzada de prevenir hechos de violencia contra periodistas y trabajadores de la prensa. Sin embargo, lejos de seguir estas obligaciones vinculantes para el Estado, nuestras autoridades se han destacado en los últimos meses por dictar leyes “mordaza” o leyes “garrote”, poniendo trabas al derecho de participación activa de las organizaciones sin fines de lucro, persiguiendo a activistas de derechos humanos o amenazando a medios críticos de comunicación y periodistas en el ejercicio de su labor comunicadora.
Demanda contra a Cosipar y Cootrapar retoma su curso y el Estado espera recuperar acciones de Acepar
El arbitraje internacional, solicitado por el Estado en contra de los que administraron Acepar, vuelve a tomar su curso después de varios años. Los mismos no cumplieron con las obligaciones que tenían y ante este incumplimiento, se exige que las acciones vuelvan al Estado paraguayo.
Procurador sostiene que la no continuación del metrobús fue el mayor daño a las arcas del Estado
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, responsabilizó al exministro del MOPC Arnoldo Wiens y al expresidente Mario Abdo de los daños causados al Estado por la demolición de las obras del metrobús. González dejó en claro que si no se rescindía el contrato, los trabajos iban a llegar a su fin.