Estado paraguayo

Entre 2021 y 2024, el gasto del Estado paraguayo en alquiler de edificios y locales se mantuvo en niveles elevados con un aparente crecimiento leve dado que varias dependencias no registran ejecución en algunos años, tal como se puede observar en la infografía. De acuerdo con datos disponibles del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto total destinado a este rubro pasó de G. 187.759 millones en 2021 a G. 200.409 millones en 2024, y más de G. 789.134 millones con todas las fuentes de financiamiento en el mencionado periodo (US$ 110.337.581 al tipo de cambio promedio).

Esta semana, Paraguay será sede de audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 180º periodo de sesiones de este tribunal, que ya ha dictado 15 sentencias contra el Estado paraguayo por su responsabilidad internacional de violación de derechos humanos, de las cuales, hasta ahora dos de ellas son por violación a la libertad de expresión. Estas sentencias, en los casos “Ricardo Canese” y “Santiago Leguizamón” dejaron para el país estándares de protección a la libertad de expresión y la obligación reforzada de prevenir hechos de violencia contra periodistas y trabajadores de la prensa. Sin embargo, lejos de seguir estas obligaciones vinculantes para el Estado, nuestras autoridades se han destacado en los últimos meses por dictar leyes “mordaza” o leyes “garrote”, poniendo trabas al derecho de participación activa de las organizaciones sin fines de lucro, persiguiendo a activistas de derechos humanos o amenazando a medios críticos de comunicación y periodistas en el ejercicio de su labor comunicadora.

El arbitraje internacional, solicitado por el Estado en contra de los que administraron Acepar, vuelve a tomar su curso después de varios años. Los mismos no cumplieron con las obligaciones que tenían y ante este incumplimiento, se exige que las acciones vuelvan al Estado paraguayo.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, responsabilizó al exministro del MOPC Arnoldo Wiens y al expresidente Mario Abdo de los daños causados al Estado por la demolición de las obras del metrobús. González dejó en claro que si no se rescindía el contrato, los trabajos iban a llegar a su fin.

El Estado paraguayo debe indemnizar a los hermanos Herminio y Celso Melgarejo Méndez, por los daños y perjuicios sufridos a causa de delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas durante la dictadura stronista. Así lo resolvió un juez en lo Civil y Comercial, que estableció la suma de 800 millones de guaraníes para ambos, más intereses desde el inicio del juicio (2020).