El concejal Álvaro Grau (PPQ), que funge de intendente interino de Asunción en ausencia de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), prestó un buen servicio a la ciudadanía al revelar algo que era guardado por este último como poco menos que un alto secreto de Estado. Al hacerlo, traicionó a los politicastros interesados en ocultar datos de la grosera práctica prebendaria. Ahora se sabe que el plantel de la Municipalidad asciende a 8.844 personas –7.544 cobran de la Intendencia y 1.300 de la Junta Municipal– y cuánto ganan en los más diversos conceptos. La capital del Paraguay tiene así un “trabajador” municipal por cada 60 habitantes, en tanto que en la del Ecuador la relación es de uno por cada 287, sin que ello implique necesariamente que Asunción sea más acogedora y reciba mejor servicio que Quito, sino más bien todo lo contrario.
Los desmedidos “servicios personales” –este año costarán 674.550 millones de guaraníes– y la corrupción rampante afectan las inversiones y hacen que la Municipalidad se endeude cada año, tornando insostenible su situación financiera. Empero, al intendente solo se le ocurre emitir bonos por un total de 555.000 millones de guaraníes y proponer la subasta de 50 ha de valiosas tierras municipales, esto es, agravar el endeudamiento sin proponer soluciones de fondo. Con esta última iniciativa, también atenta contra el Plan Maestro de la Franja Costera, que prevé el relleno de los tres inmuebles para venderlos a mejor precio y destinar lo ingresado a proyectos tales como la recuperación de cauces hídricos y la preservación del banco San Miguel. Pero de lo que se trata aquí, sin duda alguna, es tapar los “agujeros” –los económicos, no los de las calles y avenidas, que están intransitables–, en mayor medida para continuar pagando los salarios y las remuneraciones adicionales de la vasta clientela, aunque ello suponga un mayor endeudamiento y una agresión a la calidad de vida de los asuncenos.
Es probable que la pretensión de “Nenecho” sea satisfecha por los ediles (integrados por una mayoría de 15 colorados, cinco liberales, tres de Patria Querida y uno de Encuentro Ciudadano), tal como lo han venido haciendo en casos similares, en favor de los intereses de la multitud de parientes, amigos y correligionarios ubicados en el aparato municipal. La Junta cuenta con 54 funcionarios por cada uno de sus miembros, lo que induce a preguntarse qué hacen durante la jornada y si tienen espacio suficiente para holgar con cierta comodidad, en vez de vagar por los pasillos como sus colegas excedentarios de la Intendencia. Una empresa privada que tenga esa cantidad de funcionarios por cada jefe, iría a la quiebra en poco tiempo. Vale la pena –en el literal sentido de la expresión– considerar estos rotundos datos, porque ilustran que el clientelismo feroz no es atribuible solo a los intendentes que han sufrido los asuncenos a lo largo de los años, sino también a quienes aprueban unos presupuestos diseñados para atender, en primer lugar, las necesidades del personal innecesario.
Nada avergüenza a la gran mayoría de quienes tienen el deber de velar por el correcto empleo del dinero público: lo dilapidan ellos mismos. Concejales de uno u otro color han llegado al colmo de repartirse de hecho las direcciones. El veterano Augusto Wagner (PLRA), con los muchos años que lleva en la institución, tal vez conozca los chanchullos que se gestan en sus dependencias, de los que con frecuencia se habla, como en las de tránsito y los mercados. Puede pensarse que en la Municipalidad hay una confabulación multipartidaria contra el interés general, que se refleja tanto en las contrataciones públicas amañadas como en los recursos humanos superfluos. Allí se sirven de la gente, en vez de servirle; no temen a la Contraloría General de la República ni al Ministerio Público, como si les faltara la conciencia del delito o del despilfarro.
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La transparencia derivada del interinazgo –una sorpresa seguramente desagradable para muchos ocupantes del Palacio Municipal– sirvió también para tomar nota de los emolumentos del personal, incluidos los complementarios; aquí descuella la directora de Recaudaciones María Agustina Román, a cuyo salario de 6.412.790 guaraníes suma los ingresos por gastos de representación, responsabilidad en el cargo, gestión presupuestaria, título universitario y –créase o no– un “subsidio para la salud”; sus remuneraciones complementarias hacen un total de 10.539.391 guaraníes, con lo que se llega al absurdo de que casi duplican el monto del salario. Otros cobran por productividad, nocturnidad, insalubridad, “servicios especiales” (?) o un “extra” (?), así como la bonificación familiar, todo lo cual demuestra una gran imaginación para alimentar a la vasta clientela instalada no precisamente por sus méritos y aptitudes. Aunque el plantel es mucho mayor que el indispensable, llegan comisionados de otras entidades, que cobran su salario en la de origen, pero las remuneraciones adicionales pesan sobre los contribuyentes asuncenos. Es el caso de Fernando Machuca, un abogado de quien se comenta es amigo de “Nenecho–, que figura en la nómina de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con un salario de 16.300.000 guaraníes, y que está comisionado en la Municipalidad, donde ejerce como director de Tránsito, con un “extra” de casi 5.000.000 de guaraníes. ¡Como si ninguno de los miles de “servidores” municipales tuviera su experiencia y sus dotes profesionales en la materia!
Estos desmanejos constituyen un verdadero atentado contra los bolsillos de los asuncenos, y contra la propia institución municipal, que debe ir desprendiéndose hasta de sus bienes para financiar el carnaval presupuestario. Pese a su monstruosamente inflado funcionariado, Asunción es presa de la dejadez, que se trasunta en plazas invadidas por ocupaciones, vías públicas maltrechas y basuras por doquier, pero la Municipalidad sigue arrojando un dineral al barril sin fondo de la clientela inútil y angurrienta. De esta manera, el cobro de tributos municipales implica poco menos que una exacción, en la medida en que los ingresos no se reflejan en obras ni en servicios de calidad.
Los asuncenos ya no deben tolerar tanta desvergüenza, y deben demostrar su repudio mediante manifestaciones públicas y sostenidas, dentro de la ley, para impedir que autoridades inútiles y sinvergüenzas sigan atentando contra sus bolsillos.