Cuando el carnet partidario vale más que la meritocracia

En el marco de su prematura campaña electoral para presidir la ANR, violando la Constitución, el presidente Mario Abdo Benítez confesó tácitamente que los méritos y las aptitudes no son para él requisitos indispensables a la hora de ocupar un alto cargo público, a no ser que ellos consistan en estar afiliado al partido oficialista y apoyar a su candidato a la Presidencia de la República. En efecto, acaba de jactarse de haber hecho importantes designaciones en favor de varios correligionarios suyos, por el solo hecho de haberlo secundado en su camino al Palacio Legislativo primero y al de López después. Un buen Gobierno es incompatible con la retribución de favores a expensas del bien común.

En el marco de su prematura campaña electoral para presidir la ANR, violando la Constitución, el presidente Mario Abdo Benítez confesó tácitamente que los méritos y las aptitudes no son para él requisitos indispensables a la hora de ocupar un alto cargo público, a no ser que ellos consistan en estar afiliado al partido oficialista y apoyar a su candidato a la Presidencia de la República. En efecto, acaba de jactarse de haber hecho importantes designaciones en favor de varios correligionarios suyos, por el solo hecho de haberlo secundado en su camino al Palacio Legislativo primero y al de López después.

Dio una serie de nombres, entre ellos el del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, y el del ministro de la Juventud, Édgar Colmán. Por razones de tiempo, quizás, omitió mencionar a muchos otros que también habrían satisfecho esas aberrantes condiciones, como el excónsul general en Buenos Aires Héctor Figueredo, el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, Omar Pico, y el ministro de Justicia, Édgar Olmedo. Al asumir sus respectivos puestos, los tres admitieron con toda franqueza que ignoraban cuanto debían hacer; por lo demás, el primero tuvo que renunciar debido a una denuncia de acoso sexual. De sus propias palabras surge que el Jefe de Estado no valora la idoneidad, sino el carnet de afiliación y el respaldo electoral a su persona.

La Constitución no exige que el jefe del Poder Ejecutivo sea en verdad capaz de cumplir con su deber primordial de dirigir la administración del país, pero la ciudadanía tiene derecho a confiar en que elija a sus colaboradores atendiendo sus cualidades positivas, entre ellas la de contar con los saberes adecuados para ejercer una determinada función: ninguna norma obliga a que sus ministros los tengan, pero resulta claro que el sentido común así lo demanda. El desempeño del Presidente de la República será juzgado, en gran medida, por lo que las personas nombradas por él hagan o dejen de hacer en las áreas de su competencia, de modo que está en su propio interés desechar los criterios de selección antes referidos.

Resulta lamentable tener que insistir en estas perogrulladas, pero ocurre que nuestra cultura político-administrativa se halla tan viciada por el “sociolismo”, el nepotismo y el clientelismo, que se lanzan despropósitos como si fueran la cosa más natural del mundo, esperando incluso ganar el aplauso del auditorio; en el caso comentado, estuvo compuesto por correligionarios del orador, quien creyó necesario exhibir su fervor de colorado mentando también a un par de “seccionaleros” enchufados por él en el Presupuesto de la Presidencia de la República.

Hasta la fecha, Marito no se ha destacado –al igual que sus antecesores– por su buen tino en materia de nombramientos. Ahora se entiende por qué: le importa mucho mostrarse agradecido, a costa de la meritocracia. Este país no saldrá adelante mientras la idoneidad no sea un requisito indispensable para el acceso a las funciones públicas no electivas, tal como ordena la Ley Suprema. Ni el carnet partidario ni el apoyo dado en su momento al jefe del Poder Ejecutivo deben primar sobre ella; la gratitud no debe ser demostrada con dinero público, sin tener en cuenta las exigencias del cargo en cuestión.

Si un buen Gobierno es incompatible con la retribución de favores a expensas del bien común, el actual está muy lejos de merecer tal calificativo; la responsabilidad final recae en el Presidente de la República. Marito ha venido demostrando que le importan más los servicios que ciertos correligionarios le han prestado que los que ellos puedan ofrecer al país. Acaba de confirmarlo.

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