La libertad de prensa, amenazada por quienes tienen algo que esconder

Las libertades de expresión e información son esenciales para que la sociedad pueda ejercer un control democrático sobre quienes tienen a su cargo asuntos de interés público; restringirlas supone atacar el control ciudadano sobre los funcionarios y dar pábulo a la dictadura, como la que azotó a este país. Entre sus tantas víctimas se contaron periodistas de este diario, y el propio diario, que fue clausurado en 1984. Es de lamentar que la prensa libre también resulte acosada en democracia, buscándose para ello utilizar a la Justicia para aplicar sanciones a los medios o a los periodistas.

Las libertades de expresión e información son esenciales para que la sociedad pueda ejercer un control democrático sobre quienes tienen a su cargo asuntos de interés público; restringirlas supone atacar el control ciudadano sobre los funcionarios y dar pábulo a la dictadura, como la que azotó a este país durante casi treinta y cinco años. Entre sus tantas víctimas se contaron periodistas de este diario, y el propio diario, que fue clausurado en 1984. Desde su fundación, su misión principal fue –y es– la lucha incansable por la vigencia de las libertades y el combate frontal contra la corrupción. Es de lamentar que la prensa libre también resulte acosada en democracia, no ya con la clausura de medios, el apresamiento y hasta el asesinato de periodistas o restricciones para la adquisición de insumos, como ocurría antaño, sino con medios más sutiles, como el de utilizar –o pretender hacerlo– a la Justicia para aplicar sanciones a los medios de comunicación o a los periodistas.

En otras palabras, las libertades de expresión y de información pueden ser coartadas no solo por órganos estatales, sino también por quienes ejercen o ejercieron un cargo público, recurriendo a título personal a las vías de hecho o a los tribunales. Aunque sea más “civilizado” acudir al Poder Judicial, resulta aberrante pretender convertirlo en un instrumento para castigar la difusión de noticias o de opiniones sobre asuntos que conciernen a los asuntos públicos, es decir a la sociedad; en todo caso, tratándose de una “información falsa, distorsionada o ambigua”, el afectado tiene derecho a exigir su rectificación o aclaración.

Sobre el punto, la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende el de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, en tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha declarado, en 1985, que “una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre” y que para el ciudadano común es tan importante conocer la opinión o la información ajena como el derecho a difundir la propia. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo, en 1999, que el “umbral” para la intervención del Estado aumenta aún más cuando él impone el poder coactivo de la Justicia penal para restringir la libertad de expresión; en tal sentido, su Relatoría para la Libertad de Expresión señaló que, muchas veces, las leyes sobre calumnias e injurias son empleadas para acallar el discurso que critica la administración pública, en lugar de proteger el honor de las personas. Por ende, recomendó que sean derogadas “cuando se presenten las circunstancias mencionadas”: las acciones civiles deberían bastar para proteger el honor y la reputación de las personas públicas.

Por lo demás, en su fallo del 31 de agosto de 2004, dictado en el “caso Ricardo Canese vs. Paraguay”, la CIDH recogió el criterio expuesto allí por la Comisión citada, en estos términos: “La no punibilidad debería establecerse en el caso de manifestaciones realizadas en el ámbito de cuestiones de interés público, como puede ser la contienda electoral. En estos casos se pueden aplicar acciones civiles siempre que se cumpla con el estándar de la real malicia, es decir, se debe probar que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de dañar o tuvo pleno conocimiento de que estaba difundiendo noticias falsas. La sanción penal como consecuencia de expresiones de interés público resulta incompatible con lo dispuesto en el art. 13.3 de la Convención” (las negritas son nuestras). En la misma sentencia, favorable al ingeniero Canese, que había sido condenado en nuestro país por difamación y calumnia, la CIDH reiteró que “tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada”.

Valgan estas consideraciones para subrayar que, en un sistema democrático, quien ejerce una función pública está expuesto a la crítica, mal que le pese: la ciudadanía tiene derecho a estar informada de su gestión y a conocer las opiniones respectivas. Como dijo un magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el fallo dictado en el “caso New York Times vs. Sullivan”, que consagró la doctrina de la real malicia: “Esta Nación puede vivir en paz sin juicios por difamación basados en discusiones públicas acerca de asuntos y funcionarios públicos. Pero dudo de que un país pueda vivir en libertad cuando pueda hacerse sufrir física o económicamente al pueblo por criticar a su Gobierno, sus actos o sus funcionarios. Porque una democracia representativa deja de existir en el momento en que se absuelve, por cualquier medio, a los funcionarios públicos de la responsabilidad frente a sus mandantes, y esto sucede cada vez que puede impedirse a dichos mandantes pronunciar, escribir o publicar sus opiniones sobre cualquier medida pública o sobre la conducta de quienes la aconsejan o ejecutan”.

Nunca hay que bajar la guardia, porque la libertad de prensa siempre está amenazada por los intolerantes y por quienes tienen algo que ocultar en cuanto al manejo del dinero público.

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