De cara a los comicios internos y generales venideros, varios organismos han pedido ampliaciones presupuestarias por un total de 2,1 billones de guaraníes (303 millones de dólares), ignorando las sensatas advertencias del Ministerio de Hacienda con respecto a las fuentes de financiamiento. La suma referida no incluye la de 64.707 millones de guaraníes, ya aprobada por el Congreso en beneficio del desacreditado Ministerio Público: la ampliación incluye 577 nuevos cargos, que el próximo año costarán 36.000 millones de guaraníes. Dado que carece de fondos para cubrir una mayor erogación, el Poder Ejecutivo objetaría la sanción parlamentaria, siendo presumible, empero, que su veto sea superado por los legisladores, más interesados en el electoralismo que en el equilibrio fiscal.
Insatisfecha, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, acaba de pedir quedarse con una mayor tajada del Presupuesto de 2023: pretende contar con 539 puestos adicionales y lograr un aumento salarial del 15% para los funcionarios que ganan menos de 10 millones de guaraníes mensuales, pues el plantel necesitaría “un estímulo, está con baja estima y desmoralizado”. De salirse con la suya, administraría el próximo año un Presupuesto de 850.231 millones de guaraníes, lo que equivale a un aumento del 33% con respecto al vigente. El Ministerio Público pretende, pues, nada menos que 1.116 nuevos cargos, argumentando que necesita fortalecerse para luchar no solo contra el crimen organizado, que habría crecido notablemente, sino también contra la corrupción, el lavado de dinero, la trata de personas, la violencia doméstica y el abuso sexual, entre otros hechos punibles.
Lejos de toda autocrítica, quien lo encabeza afirmó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto que está “haciendo maravillas” para responder a la ciudadanía, de modo que solo pediría lo necesario para hacer un buen trabajo. La desvergüenza de Sandra Quiñónez es impresionante: si se observa como ha venido actuando la institución a su cargo, transmite la sensación de que cometió la ruindad de poner al Ministerio Público al servicio del sector de la ANR liderado por el “significativamente corrupto” Horacio Cartes. Pero, increíblemente, se jacta de su deplorable gestión, durante la cual, en efecto, la mafia ha venido prosperando. Si hubo agentes fiscales que fueron cómplices del usurero Ramón González Daher, sin que hasta hoy ninguno haya sido imputado, a diferencia de los más de tres mil ciudadanos que lo fueron por violar la cuarentena, ella se ha puesto a los pies de quien la nombró y, por extensión, a los de quienes aparentan ser sus acólitos, como el diputado Erico Galeano (ANR), el presunto lavador de dinero que está siendo objeto de una investigación desde el último 9 de marzo, sin resultado alguno hasta hoy.
Los diputados cartistas que, en bloque, libraron del merecido juicio político a la fiscala general del Estado sabían muy bien lo que hacían: en realidad, lo que hicieron fue defender a su patrocinador, investigado “por distintos hechos que podrían tener relevancia penal”, según sostuvo el propio Ministerio Público el 22 de julio; una de ellas –sin novedades hasta la fecha, al igual que la iniciada el 23 de agosto con relación al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez– habría sido abierta el 7 de febrero, tras la muy grave denuncia formulada por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes. Es obvio que sus diputados querían asegurar la impunidad del jefe, manteniendo en el cargo a su leal vasalla, a capa y espada. Resulta comprensible que se sienta agradecida por su designación, habiendo sido la que menor puntaje obtuvo entre los ternados para dirigir el órgano que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, pero no debería haber llegado al extremo de representar más bien a su benefactor, a cuyo “hermano del alma” Darío Messer, hoy recluido en su país, supo amparar con su inoperancia, pese a las reveladoras actuaciones de una Comisión Bicameral de Investigación.
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La fiscala general del Estado quiere más dinero público, como si gracias al mayor gasto podría mejorar su lamentable desempeño. Pero lo que necesita más bien es tener más pundonor, para que impere la igualdad ante la ley y los grandes sinvergüenzas sean punidos. No todo es cuestión de plata: la dignidad en el ejercicio de la función pública resulta indispensable para proteger a la comunidad, también de los delincuentes de guante blanco ligados al contrabando o al lavado de dinero. Sandra Quiñónez no la tiene, así que su nueva aspiración presupuestaria debe ser desestimada, tanto por razones morales como financieras, sin atender el calendario electoral, condicionante de decisiones populistas que acaban dañando a todo el país. Apoyar la pretensión de la fiscala general del Estado implica consentir la subordinación de un órgano a los deseos de una persona que intentó violar la Constitución para satisfacer una ambición espuria, que costó sangre y perjuicios al país. Es totalmente justo fortalecer las instituciones, toda vez que sea para servir a todo el país, y no a un patrón o a un sector que solo atiende sus intereses.