La jueza de Paz de Caapucú, Luz Mabel Galeano, convocó a una audiencia a 29 pobladores que ejercieron su derecho constitucional “a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso”, para protestar contra la concejala Julia Virginia Armas (PLRA), por no haber apoyado el pedido de intervención de la Municipalidad, resuelto por la mayoría de sus pares debido a presuntas irregularidades administrativas y financieras que dañan el patrimonio municipal. Esos manifestantes fueron denunciados por la afectada, ignorante de que quien ejerce una función pública está expuesta al escrutinio de la gente que la mantiene con sus impuestos y tasas, y que, por tanto, la protección judicial que reciba contra eventuales críticas no puede ser similar a la que es otorgada a un particular. Como bien dijo el manifestante Abel González, los ediles son “figuras públicas y si no quieren exponerse a críticas, deben renunciar”.
Quienes exigieron “transparencia ya” frente a la sede municipal merecen el aplauso de los ciudadanos de todo el país, castigados por administraciones locales corruptas e ineficientes que, como es comprensible, no están dispuestas a rendir cuenta de sus nefastas actuaciones, muchas en complicidad con los concejales. Por regla general, los vecinos no pueden confiar en que los concejales controlen al intendente, ya que suelen tener unas manos tan sucias como las de él. Ante esta realidad tan penosa, es justo y necesario que las víctimas de las continuas fechorías administrativo-financieras se organicen y salgan a las calles para dar rienda suelta a su indignación, sin perpetrar actos de violencia contra personas o bienes. Los autores del saqueo deben saber que su rapiña no pasa desapercibida, aunque traten de ocultarla.
También conviene recurrir a la prensa, en la medida de lo posible, para que los habitantes de los diversos municipios vayan conociendo las múltiples formas del enriquecimiento ilícito, para luego denunciarlas responsablemente ante el Ministerio Público o la Policía Nacional. Deben utilizar todos los medios a su alcance para impedir que quienes deberían defender los intereses de todos se dediquen a robarlos.
Es necesario, pues, que los vecinos se movilicen para suplir a los organismos de control, uno de los cuales –la Junta Municipal– también debe ser controlada. Para ello, harían bien en asociarse para participar en la gestión municipal, derecho reconocido por la misma ley que ordena a la Municipalidad brindar toda información que necesitan los ciudadanos, y que las sesiones de los concejales sean públicas, al igual que el orden del día. La participación ciudadana está ligada a la transparencia, siendo previsible que una mayor gestión en tal sentido genere una reducción de las corruptelas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Vale la pena dedicar algún tiempo a los asuntos municipales, para que los intendentes y los ediles no crean que recibieron una carta blanca que les permitiría hacer con el dinero público cuanto se les antoje. Antes que en los diversos órganos de control o de persecución penal, la ciudadanía tendría que creer en sus propias fuerzas, hacerles sentir a los que mandan que están siendo observados de cerca por quienes no están dispuestos a tolerar que su dinero sea malversado. Y, desde luego, que se manifestarán públicamente cuando haya indicios vehementes de que están siendo defraudados, pese a las precauciones tomadas por los vecinos mediante su participación.
Excelente, pues, es el despertar de los vecinos de Caapucú. No callarse ante el hurto de fondos públicos tiene mucho que ver con la dignidad ciudadana, ofendida a diario por autoridades y funcionarios que tomaron por asalto las municipalidades, que ya no deben contar con el silencio de las víctimas, sino con su denuncia a cara descubierta.