La igualdad ante las leyes y la igualdad para el acceso a la justicia –garantizadas por la Constitución– son letra muerta en un país donde una gran parte de la judicatura ha sido bastardeada en favor de los poderes fácticos. El ciudadano de a pie se halla indefenso ante el prevaricato alentado por la corrupción, sin poder confiar en hallar reparo en un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que hasta no hace mucho estuvo presidido por Óscar González Daher (+), antes de ser condenado por tráfico de influencias y antes de que su hermano Ramón lo fuera por usura y lavado de dinero, actividades delictivas en las que contó con la descarada cooperación de jueces y fiscales.
Tras el reciente escándalo protagonizado por los hijos del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con permiso, Antonio Fretes, su colega Víctor Ríos acaba de asegurar a la ciudadanía que dicha institución no apañará “a ningún ministro, ni a ningún magistrado ni a ningún familiar: no va a cargar con ningún muerto”. Pues bien, “los muertos que vos matáis gozan de buena salud”, empezando por el ministro “responsable” de la Circunscripción Judicial de Paraguarí y Misiones y miembro de la Sala Constitucional, el mismísimo Antonio Fretes, compueblano y protector del síndico de Quiebras Blas Manuel Velázquez. El cargo le resultó muy productivo: en tres años, su patrimonio neto tuvo un crecimiento de 1.289% pasando de 63.335.200 guaraníes a 880.000.000. Es lo que surge del cotejo de sus declaraciones juradas, que ya deberían ser examinadas por la Contraloría General de la República para ver si se corresponden con sus ingresos lícitos: su salario actual asciende a 23.379.496 guaraníes.
Al igual que el presidente de la Corte con permiso, también Blas Manuel Velázquez ama su “patria chica”, pues levantó en Quiindy una amplia casa en un predio de más de media hectárea, que cuenta con una piscina y guardias permanentes, a lo que deben sumarse un bar céntrico y la venta de chipas, cuyos respectivos aportes al bienestar material del matrimonio Velázquez-Isasi sería desdeñables comparados con los provenientes de la Sindicatura General de Quiebras, organismo auxiliar de la Corte, y acaso de otras actividades colaterales. Su funciones propias serían la de administrar los bienes de las personas físicas y jurídicas declaradas en quiebra, así como la de liquidar y pagar sus deudas.
Según una reciente denuncia, Velázquez habría sido uno de los abogados que se acercaron al transportista Silvio Lovera cuando la Dirección Nacional de Transporte le canceló la matrícula: el afectado habría entregado cien millones de guaraníes a Diego Isasi, cuñado de Velázquez, sin ningún resultado favorable para él; según le dijo el síndico, el dinero no era para ellos, sino para la jueza Sady Carolina Barreto, la misma que dispuso la irregular demolición de la vivienda del humilde poblador Juan Báez en la demanda promovida por Marta González Ayala. Si la denuncia fuera cierta, el síndico y protegido del ministro Fretes habría intervenido en una operación para sobornar a una jueza, convertida de hecho en una presunta estafa. Este es el rastrero nivel del Poder Judicial, que en nada se ha elevado con la incorporación de nuevos ministros en los últimos años, lo que ha defraudado a una población esperanzada en ellos.
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Velázquez hace de las suyas, sin detenerse ante ninguna pandemia: entre 2020 y 2021, en el marco de la quiebra de una firma inmobiliaria, permitió que Eduardo Heisecke y su esposa Carolina Schauman se queden al exiguo precio de 480 millones de guaraníes con 140 lotes ubicados en una de las zonas más cotizadas de San Bernardino, muchos de los cuales ya habían sido pagados años atrás. Como escribana, Schauman tramitó documentos del exsenador Óscar González Daher, en tanto que la esposa de este, la escribana Nélida Chaves, firmaba a su vez las escrituras de Carwa, propiedad del otro matrimonio. Por otra parte, las firmas Río Salado SA y Tebicuary Campos & Hacienda SA, manejadas por Asdrúbal Fretes, hijo del impresentable ministro, poseerían más de veinte inmuebles con no menos de 3.200 ha en total, gran parte de los cuales provendría también de quiebras administradas por la Sindicatura General: su valor fiscal supera los 28.730 millones de guaraníes.
El ministro Fretes –”lastimosamente de tendencia cartista”, en opinión del Jefe de Estado– se niega a renunciar como miembro de la máxima instancia judicial, confiando quizá en que el olvido le permita abandonar el cargo el próximo año “por la puerta grande” y por razones de edad. Como era previsible, no prosperó el juicio político. Ahora es deseable que el Ministerio Público investigue a su adinerado hijo Amílcar Fretes no solo por su papel en el caso Hijazi, sino también por evasión fiscal, en este caso con sus hermanos. Y que no se olvide del próspero síndico Velázquez.
El ministro Ríos no sabe cómo ni cuándo la Corte superaría la crisis que, según dijo, ataca su propias bases por involucrar a uno de sus colegas: se limitó a afirmar que “debe tener cintura constitucional”. De hecho, siempre la ha tenido, para someterse a los poderes político y económico. Para superar la crisis, por lo demás permanente, dado que no empezó con el último gran escándalo, hace falta tener autoridad moral e intelectual. La pregunta es si al menos la mayoría de los señores ministros la tiene, porque pese a los cambios ocurridos en los últimos años, la CSJ sigue exhibiendo el feo rostro con tufo a ineptitud, cobardía o corrupción. Mientras tanto, Juan Pueblo está indefenso.