El paraguayismo “regulada” alude a una práctica extorsiva de los “empresarios” del transporte público de pasajeros de la Gran Asunción, que consiste en reducir la frecuencia de la prestación del servicio para obtener del Estado un aumento de la tarifa o del subsidio, convirtiendo así la necesidad insatisfecha de los usuarios en una simple moneda de cambio. La miseria moral que implica someterlos a prolongadas esperas, afectando el ejercicio de su derecho al trabajo, entre otras cosas, dice mucho acerca de la calaña de quienes no temen los rigores de la Ley N° 6789/21, que cancela la licencia y el itinerario de la empresa de transporte público que unilateralmente dejen de prestar sus servicios en forma regular y no los regularice en un plazo de 24 horas, tras ser intimada por el Viceministerio de Transporte.
Tampoco les disuade que la misma ley califique de “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos” que los directivos, accionistas o representantes legales amenacen o extorsionen, “por cualquier medio”, a órganos estatales relacionados con sus servicios. A la condescendencia culposa del Viceministerio de Transporte y de la Fiscalía se suma el ominoso silencio de la Defensoría del Pueblo, encargada de precautelar los derechos humanos, canalizar los reclamos populares y proteger los intereses comunitarios. Debe recordarse que, en octubre de 2021, la Secretaría de Defensa del Consumidor sí se tomó la molestia de multar con 44 millones de guaraníes a 17 empresas, reaccionando ante el clamor difundido a través de la prensa y las redes sociales.
Si en estos días han recrudecido las “reguladas” de siempre es porque las sanciones no son aplicadas o porque no son lo bastante severas para poner coto a una canallada que, finalmente, obliga a los pasajeros, si lo consiguen, a trasladarse, apretados como sardinas, en buses atestados debido a la disminución de las frecuencias. Parece increíble que el drama se reitere una y otra vez, sin que las autoridades competentes crean necesario intervenir con la mayor energía, aplicando la ley como es debido: si las medidas previstas en ella fueran insuficientes, habría que modificarlas, pero, por de pronto, es preciso hacer sentir a estos “empresarios” desalmados que sus “reguladas” no quedarán impunes.
Con toda evidencia, creen poder contar con el valioso apoyo de los politicastros que se valen de sus servicios en tiempos electorales, para luego retribuirlos mediante la influencia ejercida sobre quienes deben velar por el interés general de que la gente se desplace cómodamente, abonando un pasaje fijado por la autoridad estatal. El transporte público de pasajeros es un servicio estrictamente reglamentado, en el que de hecho falta la libre competencia, de modo que los usuarios no pueden optar por una línea más puntual si los “empresarios” se confabulan, como es la regla. El usuario se convierte así en rehén de un grupo de presión que no repara en medios para imponer sus exigencias. Para peor, los causantes de sus desdichas son premiados con subsidios, que los convierten en millonarios.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Siempre que el sistema sea confiable y los vehículos se hallen en buen estado, el mayor uso del transporte público contribuiría a aligerar el tráfico y a reducir la polución ambiental. Pero en vista de que no es así, que dicho transporte es escaso y pésimo, los habitantes de Asunción y localidades vecinas se ven obligados a recurrir a sus vehículos particulares, con los que abarrotan las calles de la ciudad, gastando gran parte de sus salarios en el costoso combustible para llegar a sus lugares de trabajo. A ello debe sumarse que deben abonar el estacionamiento tarifado que entrará a regir dentro de poco, pero todo eso a los transportistas no les calienta, como se dice vulgarmente. El fatal contubernio entre “empresarios” y “políticos”, a expensas sobre todo de las personas de menores ingresos, impide que los buses sean una verdadera opción para el traslado de un lugar a otro.
Es hora de acabar con la práctica infame de las reguladas, para lo cual será útil que el Ministerio Público –que próximamente tendrá un nuevo titular– cumpla con su deber de perseguir un reiterado y flagrante hecho punible de acción pública, que supone despreciar vilmente a los sufridos usuarios. Para ello también hace falta que la ciudadanía alce la voz con energía, una y otra vez, para inducir a los organismos estatales respectivos a cumplir y hacer cumplir las normativas vigentes, en defensa de la generalidad, agredida por unos verdaderos delincuentes, según se desprende de la citada Ley N° 6789/21.