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El año pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) celebró dos contratos con Patria SA de Seguros y Reaseguros por un valor total de casi 22.000 millones de guaraníes. Uno de ellos fue firmado por el ministro César Diesel y el otro por su colega de entonces Antonio Fretes –en sus respectivos roles de titulares de la máxima institución judicial–, ambos con parientes cercanos ligados a la contratista: el primero es hermano de Óscar Diesel, representante de MTA SA, y el segundo es padre de Asdrúbal Fretes, dueño de Río Salado SA. Dado que ambas firmas son accionistas de la aseguradora, resulta que los citados ministros contrataron de hecho, en forma indirecta, con familiares consanguíneos del segundo y del primer grado, respectivamente, sin que a ninguno de los otros ministros le llamara la atención.
También en 2022, Patria SA de Seguros y Reaseguros fue contratada por 114 millones de guaraníes por la Sindicatura General de Quiebras, un organismo auxiliar de la CSJ, otro feudo de Antonio Fretes, donde tenía instalado hasta hace poco a su compueblano y protegido Blas Velázquez, quien le prestó importantes servicios en la adjudicación de valiosas propiedades al clan. En otros términos, la aseguradora está muy bien relacionada con la máxima autoridad judicial en más de un sentido, de modo que es plausible que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas haya decidido investigar de oficio esta maloliente cuestión, para lo cual cuenta con las herramientas legales necesarias para combatir esta clase de contubernios y conflictos de intereses. El caso ejemplifica la vigencia del llamado patrimonialismo, un sistema en el que los gobernantes tratan los asuntos estatales como si fueran privados, porque no distinguen entre el patrimonio personal y el público. No tienen conciencia del delito; al contrario, les parece bien enriquecerse en el cargo y favorecer a amigos, parientes o correligionarios, demostrando así su “gran corazón”: la ley les importa un bledo.
En tal sentido, vale recordar también que el miembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso creyó innecesario excusarse de entender en el procedimiento para conformar la terna de candidatos a integrar la CSJ, pese a ser muy amigo de uno de ellos, Marco Aurelio González, exjefe de su campaña para ser elegido como representante de los abogados. También el amiguismo juega un notable papel en las contrataciones públicas, como surge del crecimiento logrado en los últimos años por la firma Engineering, bautizada como “la superproveedora del Estado”, cuyo dueño Juan Andrés Campos Cervera goza de la estrecha amistad de Jorge López Moreira, cuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Este parentesco político habrá influido más que cualquier cosa para que el actual Gobierno haya creído oportuno contratar más de sesenta veces a dicha empresa, generándole ingresos por casi 300.000 millones de guaraníes.
Imposible olvidar al exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher, hoy fallecido, quien fue condenado por haber incurrido en tráfico de influencias para favorecer o perjudicar a ciertos litigantes, gracias a agentes fiscales y jueces obsecuentes.
Estos pocos casos bastan para ilustrar que el Estado puede estar al servicio de intereses particulares, por decisión de quienes ocupan altos cargos públicos: actúan como si fueran sus propietarios, sin atender el bien público. Hasta se diría que, en una cultura personalista como la nuestra, está muy difundida la creencia de que sería tonto instalarse en el Presupuesto sin aprovechar la ocasión para favorecerse a sí mismo y a los allegados: al fin y al cabo, el dinero público no pertenecería a nadie, de modo que sería irreprochable quedarse con él.
La falta de sentido de Estado y de apego a la ley en el ejercicio de la función pública, sin privilegiar ni discriminar a nadie, tiene mucho que ver con la corrupción rampante, aparte de conllevar una violación flagrante de los principios constitucionales de igualdad ante las leyes y de igualdad para acceder a la Justicia. La del Paraguay no tiene los ojos vendados y el juramento prestado al asumir el cargo resulta una mera formalidad, sin consecuencia alguna en caso de perjurio.
El Código de Ética Judicial obliga al juez a “omitir toda conducta que pudiera implicar el uso del cargo que ejerce para beneficio propio o de sus familiares, para defender intereses particulares o para efectuar un tráfico de influencias”. Las conductas referidas de César Diesel y de Antonio Fretes pudieron implicar, precisamente, que un hermano y un hijo fueran beneficiados con dinero público, mediante sendos contratos firmados por ellos mismos; les tuvo sin cuidado, mofándose del decoro y de la imagen judiciales, ya de suyo muy menoscabados.
Y todavía se sigue hablando de “la majestad de la Justicia”, sin pensarlo dos veces. Según parece, en el Paraguay de hoy, la “ley primera” no sería tanto hacerse amigo del juez, al decir de un poema gauchesco, sino sobre todo, ser un pariente suyo.