La lección que deja la ciudadanía sampedrana

Para alborozo de la ciudadanía local, Gustavo Rodríguez renunció a la Intendencia de San Pedro del Ycuamandyyú, ante su inminente destitución por obra de la Cámara Baja, tras haber sido imputado el 9 de marzo por un delito de lesión de confianza, que entre 2021 y 2022 habría causado a la Municipalidad un daño patrimonial de casi 18.000 millones de guaraníes, según el interventor designado por el Poder Ejecutivo. La dimisión se hizo esperar, tanto como la remoción que los diputados colorados tendrían que haber permitido mucho antes, en vez de sostener al impresentable correligionario con medidas dilatorias hasta que la demanda de la gente de bien se hizo irresistible; recién entonces creyeron conveniente pedirle su renuncia, como si no hubieran bastado el informe del interventor ni la imputación del Ministerio Público.

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Resulta elogiable el gran papel jugado en esta “patriada” por la Contraloría Ciudadana, desde que en 2021 el aficionado a las carreras de caballos inició su segundo mandato; integrada por personas humildes, coordinadas por el comunicador social Cristino Peralta, denunció una y otra vez las graves ilicitudes del hoy exintendente, que no se privaba de tildar a sus miembros de “gatos locos”.

Resulta elogiable el gran papel jugado en esta “patriada” por la Contraloría Ciudadana, desde que en 2021 el aficionado a las carreras de caballos inició su segundo mandato; integrada por personas humildes, coordinadas por el comunicador social Cristino Peralta, denunció una y otra vez las graves ilicitudes del hoy exintendente, que no se privaba de tildar a sus miembros de “gatos locos”. Alguna vez, la Contraloría General de la República (CGR) llegó a promover la creación de organizaciones locales de igual índole, siendo de lamentar que la feliz iniciativa haya terminado en agua de borrajas. Es necesario volver a impulsarlas, dada la imposibilidad de que la CGR fiscalice exhaustivamente a cada una de las 261 administraciones municipales; tampoco se puede confiar a ciegas en que los concejales ejerzan su función de control, ya que suelen estar confabulados con el intendente, más allá de los colores; en efecto, son variopintos los comensales del festín permanente con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo.

Los vecinos deberían movilizarse pacíficamente, tal como lo hicieron los de Caapucú en octubre del año pasado, reclamando “transparencia ya” frente a la sede municipal; en diciembre, el Poder Ejecutivo pidió a la Comisión Permanente del Congreso el acuerdo para intervenir la Municipalidad a pedido de la Junta: sería estudiado tras los próximos comicios generales. Hay que protestar contra los desmanejos, pero es mejor prevenirlos siguiendo de cerca las deliberaciones de la Junta Municipal, pidiendo que se convoquen audiencias públicas para opinar sobre asuntos de interés comunal o hasta presentando proyectos de ordenanza mediante la iniciativa popular. Si la participación ciudadana favorece la transparencia, opuesta a la corrupción, la apatía implica una carta blanca para perpetrar malversaciones; desentenderse de la gestión municipal supone alentar el saqueo, o sea, permitir que los corruptos operen con toda libertad para quedarse con el dinero de los contribuyentes. Aparte de afectar las obras y los servicios municipales, el latrocinio tolerado en silencio afecta la propia dignidad de las víctimas; también la autoestima colectiva importa bastante para enfrentar con eficacia a los sinvergüenzas de siempre.

El control ciudadano puede ser muy efectivo, sobre todo en las pequeñas y medianas localidades, donde los emprendimientos inconclusos o los bienes malhabidos están a la vista de todos, dado que los delincuentes apenas se esfuerzan por disimular sus fechorías: no tienen conciencia del delito o son unos cínicos que cuentan con la pasividad de los vecinos. El hecho de que varios intendentes que se habrían enriquecido en forma ilícita hayan sido reelectos en 2021, entre ellos Gustavo Rodríguez, revela cuán necesario es que la población se informe de la gestión municipal; sería muy triste admitir que no son pocos los que votan por cierto candidato a sabiendas de que se trata de un ladrón ni los que creen que son unos tontos quienes no se valen del cargo para llenarse los bolsillos con toda impunidad.

Aparte de enterarse de cuanto acontece en la Municipalidad, es preciso denunciar responsablemente los hechos punibles ante la prensa y el Ministerio Público, confiando en que en este se torne ahora mucho más diligente y se libere de influencias político-partidarias. Cerrar los ojos o callarse es una necedad que los avivados saben aprovechar de lo mejor. Lo ocurrido en los dos últimos años en San Pedro del Ycuamandyyú, a impulsos de la Contraloría Ciudadana, debe servir de aliento a quienes creen que no hay por qué soportar la corrupción con tanta mansedumbre: se la puede combatir desde abajo y dentro de la ley, interesándose por la cosa pública, protestando en las calles, recurriendo a la prensa y solicitando la persecución penal. La cuestión es no quedarse entre cuatro paredes, mientras los malhechores municipales se apropian tranquilamente de lo que pertenece a la comunidad.

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