Desde 2020 hasta 2022, el intendente de Areguá, Humberto Denis Torres (ANR), recibió 2.609 millones de guaraníes del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) para que en los centros educativos se construyan o reparen 176 aulas y 94 baños: solo se repararon 17 aulas, sin que hasta hoy se sepa adónde fue a parar el dinero no invertido, siendo de esperar que el Ministerio Público tome cartas en el asunto. En 2022, el intendente Pedro Rolando Ortiz (ANR) dejó sin el almuerzo escolar a los alumnos de Benjamín Aceval. Se trata solo de dos ejemplos flagrantes de la ineptitud, la desidia o la corrupción que suelen mostrar tanto las Municipalidades como las Gobernaciones a la hora de emplear unos recursos indispensables para mejorar la ruinosa infraestructura educativa y atender la nutrición de los alumnos, muchas veces insuficiente.
Parece claro que sería imposible optimizar la enseñanza y el aprendizaje cuando se llega al colmo de impartir clases bajo los árboles, para preservar la integridad física de alumnos y docentes, o cuando los estudiantes sufren de graves carencias alimentarias. Suponiendo que la educación les importe, no parecen entenderlo así quienes asumen la responsabilidad de gestionar unos fondos públicos de singular relevancia para superar la miseria educativa, condición indispensable para impulsar el desarrollo. Quien dirija una administración municipal o departamental tendría que ser una persona honesta, capaz y diligente, para atender como se debe las necesidades de la población, dentro del marco de sus atribuciones legales.
Está visto que dichas cualidades suelen brillar por su ausencia, dado que hay quienes se postulan para el cargo solo para malversar, otros lo hacen sin tener la menor idoneidad y no faltan los que son simplemente haraganes. Lamentablemente, suelen ser electos y hasta reelectos, como si los votantes no los conocieran al candidatarse o nada les importara su desempeño posterior: el mencionado intendente aregüeño volvió a gozar de la confianza de sus compueblanos en 2021, pese a todo. En San Pedro del Ycuamandyyú, Valenzuela, San Juan Nepomuceno, Caapucú, Quyquyhó, Nueva Asunción, Bahía Negra, General Bruguez y Boquerón, entre otras localidades, la ejecución de los recursos del Fonacide fue absolutamente nula el año pasado, siendo probable que allí la ciudadanía local ignore que la Municipalidad los recibe cada año del Ministerio de Hacienda para ser utilizados en su beneficio.
Conste que los gobiernos locales deben convocar a una audiencia pública consultiva, a más tardar en la primera mitad de febrero, para informar –con documentos respaldatorios– sobre la ejecución de las transferencias recibidas en el ejercicio anterior; en caso contrario, no recibirá la suma que le corresponda al año en curso. No son pocos los gobiernos locales que eluden la audiencia pública, con lo que la población queda sumida en la ignorancia, la infraestructura educativa continúa en pésimas condiciones y los alumnos se privan del almuerzo. Si la falta de transparencia está ligada a la corrupción, la escasa ejecución de los fondos tiene que ver –también– con la pura y dura ineptitud, tanto del intendente o gobernador como del plantel administrativo, incluso en las grandes ciudades.
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Según el Banco Mundial, el país tiene un déficit de nada menos que 1.100 millones de dólares en infraestructura educativa, pero se permite perder tiempo y dinero en una descentralización bienintencionada, pero hasta ahora fallida. El Ministerio de Educación y Ciencias, cuya “microplanificación” en materia de infraestructura debe ser implementada por las Municipalidades y las Gobernaciones, se queja y pretende que su Dirección de Infraestructura ejerza un fuerte control, complementando el que ejercen la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda. Claro que hace falta reforzar la vigilancia institucional, pero también –y sobre todo– que los padres de los alumnos se interesen mucho más en esta cuestión, dado que la deplorable administración del dinero del Fonacide atenta contra el futuro de sus hijos.
Si los gobernadores e intendentes, a los que hay que sumar a los concejales negligentes o cómplices, son insensibles ante las evidentes “irregularidades” en esta materia tan relevante, solo resta que la sociedad civil se movilice y que el Ministerio Público sea más diligente, pues hasta hoy solo han sido condenados por el desvío de los recursos los exintendentes Roberto Chávez (Laureles), Nelson Carreras (Puerto Pinasco), Gustavo Alfonzo (Arroyos y Esteros) y Roberto Cárdenas (Lambaré); según fuertes indicios, tendrían que ser muchos más los sinvergüenzas que deberían estar entre rejas. Por cierto, el exintendente Hernán Schendler (Jesús), está procesado desde 2019 porque habría lavado dinero del narcotráfico utilizando nada menos que la cuenta del Fonacide.
Esta iniciativa ha sido proyectada con loables objetivos, entre ellos, el de brindar mejor infraestructura y alimentación a los escolares. Quienes teniendo los recursos no los han usado o los han malversado, no deben estar libres y disfrutando del dinero mal habido, sino que deben pagar sus culpas con la cárcel, como hoy lo están haciendo apenas unos pocos.