En vísperas de los comicios generales de 2013, el ya entonces senador Silvio Ovelar (ANR, cartista) fue filmado en un asentamiento ovetense encargando la compra del voto de colorados y el “alquiler” de cédulas de identidad de liberales, razón por la que sus pares lo suspendieron por dos meses sin goce de dieta. Ovelar ofreció en la ocasión a su interlocutor hacer un “trato apu’a”, de donde se le quedó el apodo. Y bien, ahora fue elegido presidente de la “Honorable” Cámara de Senadores, al iniciarse la nueva legislatura, tras haber incurrido en otros repugnantes “tratos apu’a”, esta vez utilizando importantes cargos como si fueran moneda de cambio, según se desprende de sus propios dichos. El hecho de que él mismo los haya revelado con el mayor descaro, como si se tratara de una operación absolutamente normal, dice mucho acerca del irrespeto que le merecen instituciones tales como el Consejo de la Magistratura (CM) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
En efecto, aunque 23 de los 45 senadores sean colorados, no estaba seguro de su apoyo unánime, de modo que para lograr el de algunos liberales, Silvio Ovelar no solo les ofreció la vicepresidencia segunda del Senado, sino también su representación en el CM, el órgano que propone a la Cámara Alta las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia y a esta las de los candidatos a camarista, a juez y a agente fiscal. Puede notarse así la vinculación en cadena que se produce a partir del apoyo de un padrino político de alto rango.
Uno de los dos senadores que integrarán el JEM, que enjuicia a los miembros de los Tribunales de Apelación, a los demás jueces, a los agentes fiscales, al defensor general y a los defensores tanto adjuntos como públicos, será Mario Varela, perteneciente a Fuerza Republicana (abdismo), según lo confirmó él mismo. Al menos hasta ahora, no se ha hablado de dinero en las tratativas en curso, tal como lo hizo el exdiputado Hugo Rubin (PEN) en 2017, cuando dijo tranquilamente que los dos sectores en pugna por la presidencia de la Cámara Baja quisieron comprar su voto. Con todo, resulta indignante que las actuales negociaciones, en las que también habría intervenido el propio Santiago Peña, supedite la calidad institucional a las ambiciones de una persona o de un grupo partidario. Gravísimo, pero se expone la situación como si fuera un trueque de mandioca, fideo o arroz.
No interesaba que a los senadores a quienes se les ofrecían los cargos tuvieran o no las dotes morales e intelectuales necesarias para integrar el CM, un cuerpo que tiene unas atribuciones tan relevantes y que alguna vez tuvo como miembro a Enzo Cardozo (PLRA), incluso estando procesado por lesión de confianza: hoy sufre una condena de diez años de cárcel. Lo decisivo sería que hayan respaldado la pretensión del colega Silvio Ovelar. Tampoco importaba que este, en junio de 2022, haya tratado a Mario Varela, entonces ministro de Desarrollo Social, de “mentiroso, ladrón y traidor”, ni que meses después haya sostenido que estaba “prostituyendo de una manera increíble los programas sociales”, en la misma sesión en que senadores colorados de ambos bandos denunciaron que se valía del programa Tekoporã para captar votos. Y bien, el flamante senador Varela votó por quien lo agravió con dureza y este se salió con la suya, aunque uno de los que sean eventualmente designados como miembros del JEM haya merecido sus contundentes epítetos y el grave reproche de sus correligionarios.
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Silvio Ovelar preside ahora el Senado y, por ende, el Congreso, ocupando así el segundo lugar en la línea de sucesión en la Presidencia de la República. Se dirá que algo así no debe resultar muy escandaloso en un país cuyo vicepresidente, Hugo Velázquez, ha sido calificado de “significativamente corrupto” por el Gobierno de una potencia mundial amiga. Empero, este pueblo castigado por sus representantes no debería resignarse a que las instituciones sean dirigidas u ocupadas por quienes carecen de la autoridad moral que debería requerirse para, entre otras cosas, encabezar el Poder Legislativo, proponer candidatos a ingresar en la judicatura o en el Ministerio Público y enjuiciar a sus miembros.
Lo que está en marcha es un repudiable bastardeo del CM y del JEM, del que serán culpables no solo el senador Silvio Ovelar y el presidente electo Santiago Peña, sino también los “opositores” que presten su concurso. Por lo demás, ¿pueden estos tener la certeza de que los mencionados y los suyos cumplirán con la palabra empeñada, dado que no se trata de un “pacto de caballeros”, sino más bien entre politicastros de la peor especie? La nueva legislatura tuvo un pésimo inicio, que nada bueno augura.
Gracias a las protestas ciudadanas, el último periodo legislativo conoció la renuncia del senador Óscar González Daher (ANR) y la expulsión de su colega Dionisio Amarilla (PLRA), lamentablemente reelecto. Esto implica que vale la pena poner bajo la lupa a los parlamentarios para que sepan que no se les dio carta blanca para hacer lo que se les antoje, como desvirtuar las instituciones con el fin de satisfacer pretensiones espurias. Por de pronto, está visto que a los involucrados en estas tratativas vergonzosas les tiene sin cuidado la administración de Justicia, incluyendo el Ministerio Público, cuyo buen funcionamiento depende en gran medida de las actuaciones del CM y del JEM: les dio igual quiénes representen allí al Senado, con tal de que el protagonista de un video asqueroso –de compra de votos– encabece la “honorable” Cámara. La ciudadanía debe mantenerse en guardia.