El presidente electo Santiago Peña pidió en su momento al diputado Erico Galeano (ANR, cartista) que se ponga a disposición de la Justicia tras haber sido imputado por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. Luego de que el vicepresidente electo Pedro Alliana (ANR, cartista), a la sazón diputado, haya dicho que la bancada de su movimiento apoyaría su desafuero, el imputado pidió el 24 de mayo, motu proprio, que sea aceptada tal medida. Ese mismo día, la Cámara Baja lo suspendió en sus fueros por unanimidad, previo dictamen en mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero el 7 de julio la Cámara Alta resolvió mantener los del senador Erico Galeano, por 23 votos contra 19, pues se limitó a remitir la comunicación del juez a su Comisión de Asuntos Constitucionales, aún no integrada.
Se alegó que era el procedimiento habitual en la materia, pero ocurre que el reglamento interno del Senado le permite constituirse en Comisión, a pedido de un miembro, “para considerar en calidad de tal los asuntos que estime conveniente, dictaminados o no”. Fueron 18 los senadores colorados y 5 los “opositores” que decidieron ignorar la contradicción mañosa en la que incurrió el imputado al aceptar su desafuero como diputado y rechazarlo como senador, alegando –sin exponer los elementos– ser víctima de una persecución política despiadada y carecer de garantías procesales. Es probable que, como la recomendación de Santiago Peña fue hecha solo antes de que los diputados se ocuparan del espinoso asunto, la maniobra del presidente electo haya buscado más que nada evitar quedar mal parado y pegado a un hediondo caso, en las puertas del inicio de su mandato, para más tarde lavarse las manos y atribuir a los demás el propósito real de asegurar la impunidad del senador Galeano, como al parecer apunta a ocurrir.
El legislador indiciado que se aferra a sus fueros despierta la fuerte impresión de que se sabe culpable, al igual que el procesado que promueve chicanas sistemáticas, algo que probablemente hará este supuesto perseguido político si llegara a sentarse en el banquillo de los acusados. Es tanta su desfachatez que solicitó la “autopsia” del Operativo A Ultranza Py, en el que apareció mencionado junto con el hoy recluido Miguel Ángel Insfrán (Tío Rico) y otros presuntos mafiosos. En cuanto a que carecería de garantías procesales, lo cierto es que tendría muchas más que las que protegen al ciudadano común y corriente, como ocurre generalmente con políticos y otras personas influyentes.
No le queda bien al exdirigente deportivo victimizarse ni a la vez temer a la judicatura si en verdad se cree inocente. Si como senador no quiere perder su inmunidad por tal motivo, ¿por qué pidió que se dé lugar a su desafuero como diputado? ¿O es que en tal carácter hubiera gozado de todas las garantías procesales habidas y por haber, pero no así como senador? Su absurdo comportamiento en sede legislativa, del que no estaría ajena su propia facción partidaria, solo sería explicable si formara parte de un montaje para engañabobos: se trataría de nadar y guardar la ropa, es decir, de preservar en primera instancia la imagen de Santiago Peña, que es lo mismo que decir la del jefe de su movimiento, Horacio Cartes, pero a la hora de la verdad asegurar la impunidad del amigote, al menos por algún tiempo.
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Es de temer, pues, que la Cámara Alta termine rechazando el desafuero y que el Paraguay vuelva a ser vinculado con la mafia del narcotráfico que, como admitieron en más de una ocasión el presidente Mario Abdo Benítez, el vicepresidente Hugo Velázquez, y más recientemente el ministro del Interior, Federico González, entre otros, ha penetrado en todas las instituciones. El Congreso podría seguir siendo una de ellas, si se consumara lo que parece una cobertura urdida en la calle 25 de Mayo.
Lo que parece cierto, por de pronto, es que el oficialismo partidario y sus aliados de dentro y fuera de la ANR no están muy predispuestos a que Erico Galeano sea juzgado como cualquier hijo de vecino, conservando entretanto su escaño: preferirían protegerlo de una “terrible persecución política” y librarlo de las garras de una Justicia que supuestamente no le garantiza sus derechos procesales. Si fuera inocente, debería tener suficientes elementos para desbaratar, en un juicio oral y público las graves alegaciones de los agentes fiscales en su contra. Así ocurre con el “común” de los paraguayos.