El Tratado de Asunción (1991) busca eliminar en el Mercosur los derechos aduaneros y las restricciones no arancelarias al tráfico de mercancías y “cualquier otra medida equivalente”, en tanto que el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (1992), suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, prohíbe “establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basados únicamente en el hecho de la navegación”, sin previo acuerdo de los países signatarios. La disposición, flagrantemente violada por Argentina, no puede ser más contundente.
Ignorando estas claras disposiciones, el Gobierno argentino comete desde el 1 de enero de este año la arbitrariedad de intentar cobrar, sin consulta previa y sin ninguna contraprestación, un peaje por el transporte de carga en el tramo comprendido entre el puerto de Santa Fe y la confluencia de los ríos citados, violando el principio de libre navegación de los ríos internacionales, sostenido por el Paraguay a lo largo de su historia. Esta medida perjudicará a los exportadores y a los importadores compatriotas, con el consiguiente aumento de precios para el consumidor final, dentro y fuera del país.
En mayo último, los delegados de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay ante la Comisión del Acuerdo expresaron su “grave preocupación” y sostuvieron que el cobro indebido del peaje, incluso a embarcaciones que no transportan mercaderías, ya había causado “perjuicios considerables al comercio, que deben cuantificarse para su eventual compensación”. En efecto, urge que los daños sean justipreciados y resarcidos, ante la evidente transgresión de instrumentos internacionales, a los que se suma el Programa de Acción de Viena en favor de los Países en Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 2014-2024, aprobado por una conferencia de las Naciones Unidas. El Gobierno de Alberto Fernández acaba de ratificar que desprecia tales acuerdos al obtener órdenes de embargo e interdicción contra remolcadores de bandera paraguaya –¡uno de ellos llevaba soja de origen brasileño para la industria argentina!– debido al impago de facturas del peaje dispuesto unilateralmente.
Estos flagrantes atropellos indujeron a la Cancillería nacional a solicitar el sábado a la del país vecino que se levanten los embargos y se garantice la libertad de tránsito, hasta tanto se resuelva la disputa sobre la interpretación y la aplicación del acuerdo sobre la hidrovía. Por su parte, ayer, el canciller Julio Arriola pidió al embajador argentino José Domingo Peppo que la respuesta no se haga esperar, lo que parece bastante atinado, dada la gravedad del caso. También urge que el asunto de fondo –la exacción que supone el cobro injustificado del peaje– sea resuelto de una vez por todas en el seno de la Comisión del Acuerdo o, en su defecto, en el de un tribunal internacional. Los pactos se celebran para ser fielmente cumplidos y no para ser vulnerados sin tapujos, haciendo uso de la llave de paso que supone controlar el acceso al mar de un país mediterráneo.
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El Gobierno argentino alega que la recaudación irregular serviría para financiar las inversiones realizadas desde 2020 para facilitar la navegación por el río Paraná, pero resulta que no lo ha demostrado y que, en todo caso, el cobro compulsivo fue impuesto sin el previo acuerdo de los otros cuatro países signatarios del acuerdo. La arbitrariedad no debe ser consentida. El libre comercio y el libre tránsito por ese río internacional deben ser restaurados y los perjuicios resultantes de la medida unilateral, compensados.
El Paraguay tiene una larga historia de lucha por la libre navegación, y fue uno de los objetivos descollantes del Gobierno de Carlos Antonio López. Aún más, esa lucha recibió un respaldo cuando, en octubre de 2019, el Parlamento del Mercosur se pronunció por la libre navegación de la hidrovía, ante las trabas burocráticas argentinas a los buques de bandera paraguaya.
Nuestro país mediterráneo es el más afectado por la medida en cuestión, de modo que debería dedicar sus mayores esfuerzos diplomáticos y jurídicos para que se ponga fin a la iniquidad perpetrada, sin el menor respeto por las relaciones de buena vecindad, por el actual Gobierno de la República Argentina. La integración regional no se forja con palabras huecas sino respetando tratados y acuerdos, en vez de imponer en forma arbitraria un peaje por sí y ante sí, como lo haría un vulgar asaltante de caminos.