El senador Hernán Rivas (ANR, cartista) renunció a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pero no así a continuar integrando este órgano extrapoderes. Fundó su dimisión parcial en “una cuestión estrictamente familiar y particular”, que impediría su “dedicación plena a las actividades propias” del alto cargo, es decir, en que no tendría tiempo suficiente para ejercerlo con plenitud. Por lo visto, se percató de ello solo después de que haya asumido la presidencia –votando por sí mismo– y de que se haya aferrado a ella durante más de dos semanas, ante el repudio ciudadano que recibió por su evidente ineptitud, por la inconsistencia de sus declaraciones juradas de bienes y rentas, por las demandas judiciales derivadas de sus multimillonarias deudas y por el emplazamiento de la Subsecretaría de Estado de Tributación –prorrogado a pedido suyo– para presentar los documentos que requiere la composición de su “perfil de riesgo”.
En realidad, al parecer lo que le faltaría al devoto “adorador” de Horacio Cartes no es tiempo, sino cualidades morales e intelectuales que le permitirían representar con dignidad al Senado en la entidad que juzga a camaristas, jueces, agentes fiscales y defensores públicos. A juzgar por cuanto ha venido aconteciendo y se ha publicado en la prensa, jamás debió haber sido elegido por sus pares para desempeñar tan importante función, cuyas características ignora, como se evidenció cuando sostuvo que el JEM no se ocupa de asuntos de fondo, sino de procedimiento. Por lo visto, remover a un juez por “mostrar manifiesta parcialidad o ignorancia de las leyes” nada tendría que ver con el fondo de sus intervenciones. En virtud de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Estado paraguayo le costó muy caro que en 2004 el JEM haya destituido al agente fiscal Alejandro Nissen, lo que demuestra cómo una decisión del organismo puede causar ingentes perjuicios, no solo a los justiciables.
Resulta inadmisible que este deudor contumaz, que venía enfrentando varias demandas judiciales por cobro de guaraníes, pretenda seguir teniendo el descaro de juzgar a quienes cometan “actos u omisiones que constituyen inmoralidad en su vida pública o privada y sean lesivas a su investidura”, incurriendo en una de las causales de mal desempeño de las funciones, previstas en la Ley N° 6814/21. Ninguna autoridad moral tiene para juzgar a nadie quien, en su “vida privada”, no pagó una sola cuota por los lujosos muebles que adquirió para su vivienda en 2020, siendo miembro del JEM, razón por la que el acreedor logró el embargo de su dieta como diputado, que no pudo ser ejecutado porque el deudor soportaba otros embargos que ya afectaban la mitad de su remuneración. Es evidente que la investidura de Rivas está mancillada desde hace años y que su sola presencia en ese cuerpo colegiado agravia la conciencia cívica de los paraguayos que desean enorgullecerse de sus instituciones.
Este señor no era idóneo para presidir el JEM; tampoco lo es para seguir formando parte de él. Su renuncia a medias puede interpretarse como un intento de satisfacer de algún modo a la ciudadanía, pero no hay que engañarse: el problema aquí no radica en que sus asuntos familiares y personales le exijan dedicarles muchas horas, sino en que su deplorable figura es incompatible con la de alguien que debe sentenciar a magistrados y fiscales.
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Observando sus actuaciones, hasta sería comprensible que el presidente electo, Santiago Peña, haya dicho que los títulos académicos importan menos que el carnet de afiliación a la ANR, dado que el de Rivas no vale mucho, suponiendo que sea legítimo. Según una publicación, obtuvo su título de abogado en una universidad de Pedro Juan Caballero que cerró sus puertas antes de ser evaluada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
Como es improbable que amplíe su renuncia por propia iniciativa, el Senado hará bien en instarle a que lo haga: integrando el JEM, ya abochornó bastante a la Cámara Baja en la anterior legislatura, de modo que sus actuales colegas deberían intentar corregir su despropósito inicial; si no lo hicieran, habría que inferir que no existe entre ellos un abogado más capaz ni más honesto que este personaje que causa vergüenza ajena.
Rivas se resistió hasta a dejar la presidencia del JEM y de pronto descubrió que sus asuntos privados son agobiantes; en la sesión plenaria en la que el Senado rechazó tratar sobre tablas un pedido de que renuncie a seguir representándolo, adujo que, como presidente del JEM, él no era el único que tomaba las decisiones, pues este órgano consta de “ochos” (sic) miembros. No debe seguir siendo uno de ellos, por su notoria inhabilidad en más de un sentido. La dimisión incompleta no borra la afrenta a la opinión pública que implica su mera membresía; dado que su “perfil de riesgo” va más allá de sus alarmantes desmanejos financieros, sería útil que la Cámara Alta le ayude a dar un paso al costado, mediante una resolución formal, si no tuviera la decencia de darlo por sí solo.